Elecciones generales: mejor pronto que tarde

  • Los juicios a los líderes del procés en el Tribunal Supremo empezarán en enero y no parece fácil la situación que se va a crear
  • Las crisis económicas no suelen avisar, y el riesgo de que surja otra sobrevuela desde hace un tiempo

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 no tiene los apoyos necesarios para ser aprobado. Las peticiones de penas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para los presos por el procés, ha dinamitado la posibilidad de que los partidos catalanes independentistas votaran a favor. Ante ello, el Gobierno ha decidido que no los presentará en el parlamento mientras no consiga unos apoyos que, hoy por hoy, parecen imposibles. Como alternativa a esa situación habla de seguir gobernando a través de decretos leyes.

Así las cosas, el debate necesario a hacer es sobre cuándo es el momento más oportuno para convocar elecciones generales. Hay cuatro elementos a tener en cuenta:

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  1. Es difícil de sostener -y cuando menos no es nada estético- la prórroga de los presupuestos de Rajoy que son claramente antisociales. A no ser que, en el fondo, el Gobierno se sienta más cómodo con la retirada del proyecto de PGE para 2019 para no tener que tomar decisiones sobre Cataluña por razones electorales. Lo de intentar gobernar con estos presupuestos y a golpe de decretos leyes es dudoso que funcione, dada la mayoría en contra que tiene en la mesa del Congreso, la precariedad de apoyos parlamentarios y su falta determinación hasta ahora para hacerlo. Un ejemplo de esto último, es que en un tema clave como la educación, el Gobierno ha sido incapaz de derogar con un decreto el RDL 14/2012 sobre recortes educativos, algo que ha creado malestar en las aulas porque nada ha cambiado y porque el proyecto de ley para hacerlo seguramente no verá la luz por los avatares políticos. Probablemente Sánchez quiere seguir con la campaña electoral de los anuncios, pero si no hay suficientes resultados concretos, se le puede volver en contra.
  2. Los juicios a los líderes del procés en el Tribunal Supremo empezarán en enero y no parece fácil la situación que se va a crear. Por un lado, por las desorbitadas peticiones de penas para actuaciones políticas que muchos ciudadanos no consideran en absoluto delito. Las peticiones de la Abogacía del Estado que incluye la sedición (12 años de cárcel) no han calmado nada las cosas. Y el whatsapp de Cosidó hablando de que “controlaremos la sala Segunda desde detrás” aumenta la desconfianza hasta el infinito en la justicia y su independencia. Por otro, porque existe un gran malestar en sectores de los presos políticos, no solo por lo que consideran un injusto encarcelamiento, sino porque los gestos que en su día hicieron ante los jueces no han servido para nada y seguramente algunos no estarán dispuestos a repetirlos. Y esto tiene evidentes consecuencias. Estos juicios condicionarán el calendario y el debate político. Al Gobierno y al bloque progresista le interesa que el debate esté centrado en el carácter social de un proyecto de PGE y no en la cuestión de indulto para los presos condenados. Si el Gobierno piensa que puede esperar hasta después del 26 de mayo sin tener que pronunciarse sobre la cuestión catalana, se está equivocando.
  3. La derecha está fragmentada en estos momentos entre PP, Ciudadanos y Vox. Puede inquietar que las posiciones más extremas obtengan representación parlamentaria, pero antes este electorado estaba representado en las formaciones de la derecha clásica. Lo que apuntan las encuestas en Andalucía es quizá la aparición de Vox, la subida de la nueva derecha (Cs) y un fuerte retroceso de la derecha clásica. Atendiendo a la aplicación de la ley electoral, esta división puede ayudar más al bloque progresista en el reparto de escaños.
  4. Las crisis económicas no suelen avisar, y el riesgo de que surja otra sobrevuela desde hace un tiempo. La economía estadounidense se está recalentando por los estímulos fiscales y generará tensiones inflacionistas; Trump amaga con una guerra comercial con la Unión Europea, China, México y Canadá; países emergentes como Turquía y Argentina atraviesan graves dificultades; Italia confronta con la Comisión Europea y se puede disparar su deuda; hay burbujas inmobiliarias, bolsas en efervescencia, tensiones con Irán… Demasiados nubarrones en el horizonte. La crisis es un riesgo que podría condicionar mucho el marco político y electoral y que obliga a tener en cuenta que no se puede esperar demasiado.

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Estos cuatro factores se pueden dar juntos o por separado, pero hay que tenerlos presentes en el análisis político. No se trata solo de ganar las elecciones por los pelos para hacer la misma o parecida política y continuar con una situación de ingobernabilidad. Hay que poner en pie un proyecto político unitario y progresista para la modernización del país y resolver democráticamente los problemas de convivencia. Y para ello, el bloque de progreso debe poder esgrimir un listado básico de realizaciones concretas, desde la moción de censura, en favor de la mayoría social y la regeneración democrática. Debe tener claro que cuanto más clama la derecha pidiendo elecciones, más las teme por sus propios problemas internos.

Las fuerzas de progreso deberían de hacer una reflexión sobre cuándo convocar elecciones generales y elaborar una estrategia común y un acuerdo programático. El momento para hacerlo es inmediatamente después de las elecciones andaluzas. No se puede esperar a las elecciones europeas, municipales y autonómicas del 26 de mayo para afrontar esta cuestión. Cuando hay tanto equilibrio político-electoral entre el bloque conservador y el progresista, acertar o no con la fecha de las elecciones generales puede determinar la victoria o la derrota. Y esta decisión tiene que debatirla el Gobierno con su apoyo principal: Unidos Podemos; no puede tomarla Pedro Sánchez en solitario si tiene voluntad de unidad, de mantener apoyos y de construir acuerdos de gobierno futuros. Lo único que parece claro es que intentar gobernar mientras se agoniza, no parece una buena estrategia para el Gobierno de Pedro Sánchez y para el bloque progresista.