Israel y Trump, por la aniquilación de los palestinos

De entre los numerosos acontecimientos hostiles a los palestinos, habidos durante el aciago año 2018 e imputables tanto al Estado de Israel como a la Administración norteamericana de Donald Trump, hay que destacar, por su intensa y trascendente repercusión, la declaración de julio pasado del Estado de Israel como un Estado judío (en realidad, judío-sionista), es decir, de y para los judíos, que plantea el serio problema del estatus jurídico de los habitantes que no lo son.

Imposible dejar de pensar que esta es una decisión política –con un único precedente de envergadura, como fue el Tercer Reich alemán, de patológica identificación con lo ario-nazi– que pretende en primer lugar dejar sin ciudadanía precisa a los millones de palestinos que viven en el interior del Estado de Israel y, por supuesto, también a los otros millones que viven en los territorios ocupados.

Los palestinos suponen un 20 por ciento de los habitantes del actual Estado de Israel, pero esta decisión afecta también a minorías étnicas o religiosas que, como los drusos, los circasianos y los cristianos, dejarán de ser considerados ciudadanos jurídicamente reconocidos en la tierra donde viven desde hace siglos, instalándose en un limbo civil y político.

Esta decisión a la que aludo persigue principalmente la desaparición jurídico-política de los palestinos, complementaria a su expulsión y sujeción física, del territorio del antiguo Mandato británico, un territorio que su Graciosa Majestad prometió al movimiento sionista en 1917 sin que le perteneciera, violentando el derecho y la moral internacionales (véase “El Estado de Israel en su 70 aniversario: ni legítimo ni democrático”); y pretende conjurar la amenaza demográfica de una población a la que no se la puede eliminar físicamente del todo.

Las grandes operaciones de expulsión y erradicación llevadas a cabo por el Estado de Israel con motivo de la primera guerra de 1948-49 (la terrible Nakba, que supuso la huida de unos 800.000 palestinos desde sus pueblos y tierras hacia los estados árabes vecinos) y cuando la famosa Guerra de los Seis Días de 1967 (enteramente programada y provocada por el Gobierno y el Ejército israelíes), que forzó a más de 300.000 palestinos a huir a Jordania desde los territorios ocupados de Cisjordania, Gaza y Jerusalén-Este, ya son calificadas, en términos técnicos, materiales, demográficos y políticos, como de limpieza étnica, sin paliativos.

La revelación y constatación de esta política de minimización étnica –que aparece inscrita en los fundamentos del sionismo y sus padres fundadores desde finales del siglo XIX– como un plan premeditado desde hace 70 años, y que sigue su curso, es una de las tareas acometidas por intelectuales del grupo de los llamados “nuevos historiadores israelíes”, que militan por un Estado secular y condenan la creación del Estado de Israel, mostrándose decididamente dispuestos a no contemporizar con las mentiras y los mitos israelíes, así como a desvelar la historia con sus trazos más crudos.

Uno de estos autores, Ilan Pappé, exprofesor de la Universidad de Haifa y actualmente docente en la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, culpa directamente a Israel de la ausencia de paz en Oriente Próximo y relata con minuciosidad la historia planificada de la eliminación de los palestinos de Palestina, utilizando como referencia el material desclasificado israelí y documentación norteamericana y de la ONU; son sobre todo las actas de las reuniones de los grupos de trabajo y equipos especialistas del gobierno y ejército israelí las que señalan con precisión este proceso, cuyos orígenes se remontan a antes incluso de la decisión final de la ONU de 1947, de dividir en dos territorios, árabe y judío, el territorio entonces bajo administración británica.

Así, en su obra La cárcel más grande de la tierra (2018), Pappé relata la sistemática operación de exacción, robo y ocupación de territorio palestino por el gobierno, el ejército y otras instituciones israelíes, particularmente las colonias, cuyas poblaciones incrustadas en territorio palestino de Cisjordania y Jerusalén-Este, casi por mitades, se van acercando al millón en 2018. Las colonias, que en Cisjordania ya controlan el 50 por 100 del territorio, son el instrumento más eficaz de despojo y, al tiempo, anexión de hecho (pero con la legalización sistemática por el Gobierno israelí), del territorio palestino, ya que imponen un sistema complejo, y exclusivo, de carreteras y accesos, servicios e infraestructuras de tipo agrario y económico en general que erosiona y fagocita el espacio; todo ello en abierta y flagrante violación de la ley internacional y las resoluciones de la ONU.

Y aunque reconoce la importancia que en esta colonización (típica y consustancial de los procesos colonialistas bien conocidos en la acción expansiva de las potencias occidentales) representa el grupo Gush Emunim, mesiánico y fundamentalista, materializando con eficacia la política oficial de invasión con ocupación, Pappé no cree, contra otras opiniones, que haya que responsabilizar a estos colonos fanáticos del impulso de ese proceso de despojo sino que es éste el que ha de inscribirse en una estrategia perfecta y sistemáticamente mantenida por el Estado de Israel desde 1967, y que ha podido así beneficiarse del impulso rapaz y racista de estos colonos.

A este respecto, no duda en señalar a los líderes del partido laborista en el poder en el periodo 1967-77 (Yigal Alon, Golda Meir, Simon Peres…) como responsables de esta colosal injusticia, apuntando muy especialmente a Peres (galardonado después con el Premio Nobel de la Paz) como principal responsable, si bien todo se aceleró tras la llegada al poder del Likud en 1977, el impulso personal de Ariel Sharon y, más todavía, en la etapa del ultra Netanyahu y sus gobiernos de líderes xenófobos y fundamentalistas.

Nuestro autor estima que es esta política de integración del territorio, pero no de sus habitantes originarios, la que Israel mantendrá, definitivamente, para despojar a los palestinos de su identidad y capacidad de organización propias, después de haber tratado a Cisjordania y la Franja de Gaza como un inmenso espacio de reclusión cuyo estatuto ha oscilado entre el régimen de prisión abierta y el de cárcel de máxima seguridad (como durante los dos periodos de revueltas desesperadas de 1987 y 2000, las Intifadas), donde controla los factores de supervivencia de sus reclusos sometiéndolos, además, a periódicas operaciones de castigo personal y económico. Y no duda de calificar de genocidio paulatino a los bombardeos y ensañamientos periódicos de Gaza por el ejército israelí, subrayando el efecto que tienen en la muerte de civiles, especialmente niños, un “detalle” que, como científico riguroso, no puede soslayar.

Es necesario aludir, en este proceso infame de aniquilación civil, política y –en un grado inocultable– física de los palestinos, a la contribución del gobierno norteamericano de Trump, sobre todo porque supera la tradicional sumisión de Washington a los designios israelíes. Al gesto típicamente trumpiano, necio y provocador, de trasladar la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén, riéndose del mundo y las leyes internacionales, muy claras respecto del estatus de Jerusalén, hay que añadir su cruel decisión de suspender la ayuda económica a los cientos de miles de refugiados que, maltratados por la historia y la política, sobreviven amparados en la Agencia onusiana UNRWA; y esto, en represalia por la negativa de los palestinos a someterse, de buen grado, a esta cadena de adversidades.