28A: Elecciones materialmente constituyentes

Héctor Illueca Ballester, candidato de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados

Las elecciones del próximo 28 de abril son muy particulares. Formalmente se trata de unas elecciones generales en las que los ciudadanos eligen a los miembros del Congreso y del Senado. Sin embargo, materialmente estamos ante unas elecciones constituyentes en las que la población debe refrendar o no las decisiones políticas fundamentales que, a lo largo de los últimos años, han alterado la base de nuestro sistema constitucional. Hablamos de decisiones importantes que afectan al núcleo del vigente contrato social y determinan la concreta forma de existencia de nuestra comunidad política. Hablamos, por tanto, de decisiones trascendentes. Lo que se juega en las elecciones del 28A no es sólo la periódica renovación de las principales instituciones representativas; lo que se dirime ese día es lo que Carl Schmitt llamaba la “esencia de la Constitución”. Formalmente, en España se celebrarán las decimocuartas elecciones legislativas desde la transición democrática; materialmente, serán mucho más que unas elecciones legislativas. Veamos rápidamente por qué.

Desde que empezó la crisis económica, nuestro país ha experimentado una profunda transformación en los dos grandes pilares que vertebran y sostienen cualquier constitución democrática: la constitución económica y la constitución territorial. En lo que respecta a la primera, la reforma del artículo 135 CE acometida en 2011 por el PP y el PSOE supuso la derogación de facto de la cláusula del Estado social prevista en el artículo 1.1 de la Ley fundamental. En su formulación clásica, esta cláusula implicaba el reconocimiento a nivel fundamental de los principales derechos sociales y la consagración de un nuevo tipo de Estado intervencionista y planificador, orientado a garantizar las principales condiciones de existencia a la ciudadanía. Pues bien, la tipificación del principio de estabilidad presupuestaria y el otorgamiento de absoluta prioridad al pago de la deuda pública desvirtúan cualquier compromiso social por parte de los poderes públicos, sometiendo nuestra Carta Magna al imperio de la economía. Desde el mes de agosto de 2011, España ya no es un Estado social. España es un Estado neoliberal.

Pero no sólo eso. La Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, que anuló el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y la posterior intervención de la autonomía catalana mediante la aplicación del artículo 155 CE, han vaciado de contenido el modelo territorial plasmado en la Constitución de 1978. Con demasiada frecuencia se olvida que ese modelo reposa sobre un proceso de diálogo y acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas para facilitar la integración de las llamadas “nacionalidades históricas”, y especialmente de Cataluña, en la estructura estatal surgida de la transición política. La clave era un Estatuto de Autonomía acordado por el Congreso de los Diputados y el parlamento autonómico correspondiente, y ulteriormente ratificado en referéndum por la población de la comunidad autónoma. Es decir, el mismo procedimiento que desembocó en la aprobación del Estatuto catalán en el año 2006 y culminó con la aplicación del artículo 155 CE acordada en el Senado por el PP, el PSOE y Cs. Como insistentemente afirma Pérez Royo, desde entonces España carece de constitución territorial, y sólo puede volver a tenerla mediante un proceso de negociación y pacto que alumbre un nuevo marco constitucional.

En definitiva, la reforma del artículo 135 CE y la aplicación del artículo 155 CE han supuesto la quiebra del consenso social y político fraguado en 1978 sobre la base de una articulación territorial novedosa y el reconocimiento de amplios derechos sociales. Ambas decisiones políticas son fundamentales porque afectan, si se me permite la metáfora, a “la Constitución de la Constitución”. Sin embargo, la sociedad española ha demostrado estar muy consciente del proceso al que nos referimos, otorgando en sucesivos comicios un merecido protagonismo a Unidos Podemos (UP), la única fuerza política que ha denunciado esta involución democrática y social. La verdad es que la formación morada no pudo frenar las reformas, pero ha conseguido impedir que se asienten en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que se decide el próximo 28A es si la ciudadanía las refrenda con su voto o si rechaza la deriva neoliberal y autoritaria del actual sistema político. Desde este punto de vista, puede afirmarse que las próximas elecciones generales son materialmente unas elecciones constituyentes.

La consolidación definitiva de los cambios no será posible sin el predominio electoral de los partidos que han sustentado esta mutación constitucional. A estas alturas, hay dos grandes posibilidades: la primera es una victoria del bloque conservador formado por PP, Cs y Vox; la segunda es el ascenso del bloque neoliberal formado por PSOE y Cs con miras a reeditar el acuerdo que ambas formaciones alcanzaron durante la pasada legislatura. En el primer caso, es muy probable que la transformación del sistema político adquiera un sesgo particularmente reaccionario y autoritario. En el segundo, el proceso será un poco menos dramático, pero seguirá avanzando inexorablemente. Ambas posibilidades requieren, como condición sine qua non, una disminución sustancial del apoyo electoral y de la representación parlamentaria de UP, lo que evidentemente explica la presión a que se ha visto sometido este partido durante las últimas semanas. El único obstáculo a la consolidación del neoliberalismo es la fuerza que UP representa en el Congreso. Si consiguen doblegarla, habrán cambiado la sociedad para siempre.

Parafraseando a Gil de Biedma, cabe decir que la historia constitucional de España es sin duda la más triste, porque termina mal. Cada ciclo democrático fue invariablemente clausurado por una reacción de signo contrario y mucho más duradera. Pero esta vez no tiene porque ser así. Las fuerzas sociales y políticas que han emergido estos años pueden impedirlo. España necesita un proceso constituyente que aborde la crisis social y la fractura territorial con una perspectiva progresista. La primera sólo puede superarse en un nuevo marco constitucional que garantice los derechos más fundamentales de las clases populares: sanidad, educación, vivienda, empleo y pensiones dignas. La segunda exigirá transitar hacia un modelo federal basado en el autogobierno y la solidaridad colectiva. Un proceso constituyente que, además, afronte sin ambages los grandes temas olvidados en la transición: las reivindicaciones del feminismo y del ecologismo. En definitiva, un nuevo pacto constituyente que desarrolle los avances democráticos logrados en 1978, haciendo de España un país a la altura de los tiempos. Ese proceso no es sólo un deseo o una aspiración política. Es, ante todo, una necesidad histórica.