Fuera los buitres de nuestras residencias de mayores

Raúl Camargo es candidato de UP-IU-Madrid En Pie a la Asamblea de Madrid, Esther Fernández es técnica en Cuidados de Enfermería de la Residencia de Alcorcón y Rosa García es técnica en Cuidados de Enfermería de la Residencia Vista Alegre

Ayer entregamos, junto con familiares y trabajadoras de las residencias de mayores, una carta a la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios, que es adjudicataria de cuatro centros públicos de gestión indirecta en la región, para advertirle de que el trato a nuestros mayores no es un negocio. Con este gesto, hemos insistido de nuevo en la necesidad de transformar el actual modelo de privatizaciones y devolver las residencias a la gestión pública. Pedimos, además, una Ley de Residencias en la Comunidad de Madrid que mejore el trato de los mayores y también el de las trabajadoras.

La población en España está envejeciendo. Para el año 2050 se prevé que más del 30% del total de la población esté compuesta por personas mayores de 65 años y que las mayores de ochenta superen la cifra de cuatro millones. Este dato, que podría ser halagüeño en tanto que indica un aumento de la esperanza de vida, se convierte en algo desolador si tenemos en cuenta que hoy en día la asistencia social se ha languidecido debido a los recortes y la privatización y que las redes comunitarias y familiares son cada vez más escasas.

En este contexto, las residencias de mayores son un servicio indispensable que supone un desahogo para muchas familias. Desde 2006, cuando se aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, las residencias de mayores han proliferado, pero más que un respiro lo que se está abriendo es un nicho de mercado. En la Comunidad de Madrid existen cerca de 480 residencias de mayores, pero solo 25 son de titularidad pública. El resto son privadas o de gestión indirecta.

El cuidado de los mayores se ha convertido en un caramelo goloso para empresas y fondos de inversión cuyo único objetivo es obtener grandes beneficios económicos. La empresa que ha recibido la carta esta mañana, Aralia Servicios Sociosanitarios, fue fundada por José Luis Ulibarri, imputado por el caso Gürtel y en la trama Enredadera. Los fondos buitre han aterrizado también en el negocio de las Residencias, como comrobamos en el gigante sociosanitario fruto de varias alianzas de este tipo de fondos, Domus- Vi. Además de estas, hay otras empresas de inversión extranjera que han tomado su parte del pastel: la francesa Orpea tiene 22 residencias, la británica Sanitas, 19 y la francesa Amavir cuenta con 17 centros.

Si algo ha demostrado la experiencia es que dejar en manos de compañías privadas servicios tan necesarios como el de las residencias de mayores nunca da buenos resultados, ni para los residentes, ni para las trabajadoras, en femenino, sí, porque como ocurre en todo el sector servicios, el de las residencias es un ámbito muy feminizado y muy precarizado. Las trabajadoras cumplen su jornada bajo condiciones muy precarias, con sueldos que no llegan a veces al salario mínimo y sin el plus de transporte. Además, realizan su trabajo con ratios mínimas que hacen que tengan que atender a muchas personas a la vez, la mayoría con un elevado grado de dependencia, lo que repercute negativamente en la salud física y psíquica de las trabajadoras.

Mejorar las condiciones de las residencias es una medida feminista. No solo porque sus plantillas están compuestas en gran parte por mujeres, también porque son las mujeres las que atienden en mayor parte los cuidados de los familiares (4,7 horas de media diarias frente a 1,54 horas de los hombres, según la encuesta de empleo del tiempo) y las que, por tanto, pagan más caro la mercantilización de los cuidados y la ausencia de servicios fundamentales para el mantenimiento de la vida como los centros infantiles, los centros de día, la ayuda a domicilio y, como no, las residencias de mayores.

Frente a esto, hay una salida, que diríamos incluso que es de sentido común. Es urgente recuperar las residencias que atienden a nuestros mayores para la gestión pública y, más aún, es un requisito transformar la manera en que funcionan los centros en el sistema público, porque a veces adoptan las mismas lógicas que los centros privados. No puede ser que la lógica del beneficio opere en el cuidado de nuestros seres queridos. Necesitamos centros públicos, asequibles para todas las personas independientemente de sus ingresos y que estos estén descentralizados, extendidos por toda la Comunidad. Exigimos recursos suficientes para optimizar la atención de nuestros mayores, que las residencias sean espacios cómodos donde llevar una vida digna y no hospitales. Exigimos mejores condiciones para las trabajadoras que realizan esta importante labor y queremos también que los familiares y las trabajadoras participen en la toma de decisiones de los centros. Esto es precisamente lo que estamos reivindicando con la Ley de Residencias para la Comunidad.

En la anterior legislatura hicimos explícito nuestro compromiso con la problemática de las residencias y, junto a las trabajadoras y familiares, llevamos a la Asamblea de Madrid una proposición de Ley para regular este sector. En la próxima legislatura nos mantendremos firmes en este empeño, pero es necesario apuntar algo, que ningún avance será posible sin la movilización de las trabajadoras, de los propios residentes y de sus familiares.

Durante los últimos años ya se han dado algunos pasos en la organización colectiva y se ha constituido la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias nivel de la Comunidad y otras en diferentes localidades. Sin duda, el objetivo del próximo curso es afianzar estos colectivos y crear alianzas con otros que luchan por la revalorización de los cuidados en nuestras sociedades: por la creación de servicios públicos de calidad (o la remunicipalización de los existentes) que atiendan a mayores y pequeños, por una reducción de la jornada laboral que nos permita atender a nuestros familiares, por la garantía de una vivienda digna donde poder desarrollar las actividades que mantienen la vida de las personas. Poder contar con una portavocía dentro de las instituciones es importante, pero hay que apostar por organizar un bloque de lucha social amplio que tenga como eje vertebrador los cuidados.