Una alternativa real llamada economía de impacto

Alberto Alonso de la Fuente y Mikel Oleaga Gascue, miembros de la red Impact Hub y de Economistas sin Fronteras.

Resulta innegable que la empresa como institución constituye hoy en día uno de los principales agentes a través del que se articulan nuestras sociedades: es el principal generador de empleo, dinamiza las economías y crea riqueza.

Sin embargo, la hegemonía del sector privado empresarial, muy especialmente a partir de la segunda revolución industrial y precisamente por su protagonismo a la hora estructurar nuestras sociedades, también ha favorecido una serie de dinámicas y externalidades negativas que han contribuido a generar precarización, desigualdad o la destrucción del planeta tal y como lo conocemos.

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Y precisamente por esta razón, los análisis sobre los riesgos que acompañan el desarrollo de la economía de mercado son tan antiguos como su propio nacimiento. Esto ha dado pie a muchas corrientes alternativas o complementarias al capitalismo imperante como corriente hegemónica. Así, en los años 60 del siglo pasado toma fuerza la idea de que las empresas, al igual que cualquier otro agente social, tanto público como privado, tiene la obligación de contribuir al bienestar de la sociedad. Esta nueva visión, basada en la auto-responsabilidad, tomará forma principalmente a partir de los años 90 en lo que se bautizó como Responsabilidad Social Corporativa (RSC) gracias a la presión de consumidores, organizaciones activistas, inversores y demás grupos de interés.

Así, vimos nacer departamentos de RSC en principalmente grandes empresas que comenzaron a desarrollar programas sociales o medioambientales de manera voluntaria. Un banco apoyando la cultura con la financiación de un museo, una aseguradora fomentando actividades de voluntariado para sus empleados, o canales de televisión desarrollando campañas sobre seguridad vial son algunos ejemplos de esos años.

Sin embargo, aunque no podemos negar que este hecho haya supuesto un avance positivo, también encierra asimismo la siguiente paradoja: una empresa puede desarrollar su responsabilidad social impactando positivamente, al mismo tiempo que su actividad económica genera un impacto negativo. Pensemos, por ejemplo, en la RSC de un banco que, mientras financia la apertura de un nuevo centro cultural, desahucia familias sin alternativa habitacional en ese mismo barrio.

Sin embargo, en las últimas décadas y muy especialmente tras la crisis financiera de 2008 como gran trauma social catalizador, nos encontramos ante el auge de una nueva figura, un agente de cambio fundamental para explicar las nuevas dinámicas empresariales: la empresa social, que es aquella que persigue generar un impacto positivo, pero, a diferencia de la RSC tradicional, el impacto se construye directamente desde su actividad económica. Este cambio de paradigma pone en relieve la diferencia fundamental entre ser una empresa con responsabilidad social o ser socialmente responsable como empresa. La divergencia entre lo primero y lo segundo no es la auto-responsabilidad -de la RSC-, sino la coherencia como concepto central, integrada a través del mismo modelo de negocio.

La empresa social se enmarca dentro de lo que empieza a conocerse como economía de impacto, que engloba a aquellas organizaciones con unos objetivos de impacto social claramente establecidos y que buscan alcanzarlos a través su actividad económica. Dentro de esta corriente encontramos a multitud de organizaciones que llevan muchos años trabajando por el progreso social, como son las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, una parte del mundo cooperativo y/o aquellas asociaciones y fundaciones que han generado iniciativas económicas para asegurar su sustentabilidad. Pero sin duda las novedades más significativas son las ya mencionadas empresas sociales -como desde Europa se les viene denominando-, sociedades mercantiles que, además de ser capaces de generar una sostenibilidad financiera, e incluso un retorno para sus inversores, contribuyen a generar un impacto social positivo y medible a través de un modelo de impacto. Imagínese una empresa que reduce la despoblación ofreciendo productos y servicios que cubran las necesidades básicas de sus habitantes, o una app que al final del día permita dar una salida más económica a alimentos que de otro modo terminarían en la basura, evitando así el despilfarro alimentario. La primera se llama La Exclusiva y opera en las provincias de Soria y Burgos, la segunda se llama Too Good to Go y se ha expandido ya a once países.

En este sentido, existe hoy en día un racimo bastante extenso de términos que vinculan nuevos modelos de negocio y plataformas tecnológicas. El principal, y en actual y candente debate, es el de la “economía colaborativa”, que básicamente permite reorganizar a través de la tecnología un determinado recurso de una manera más eficiente, permitiendo obtener un bien o servicio a un precio más asequible que el tradicional. Recordemos por ejemplo Airbnb cuando nació. Por aquel entonces todos pensamos que resultaba una estupenda idea el poder reorganizar los recursos habitacionales existentes y aprovechar los que no estaban siendo utilizados, permitiendo así una alternativa económica a viajeros con menos recursos. ¡Y funcionaba de maravilla! Una década después de su nacimiento podemos afirmar que Airbnb ha alterado el modelo urbanístico de cientos de ciudades en todo el mundo, generado en muchos casos subidas abruptas de los precios de alquiler con nefastas consecuencias sociales, entre otros efectos negativos.

Sin embargo, si Airbnb hubiese nacido como una empresa de la economía de impacto y no una compañía cuyo objetivo único es la máxima obtención de beneficio para sus accionistas, probablemente quizá hoy todavía podríamos disfrutar de una solución innovadora que realmente pusiese en valor los beneficios de la verdadera economía colaborativa. Siendo más claros aún mediante otro ejemplo de actualidad: desde la perspectiva de la economía de impacto, interesa no tanto el enfoque que están dando los medios en el conflicto entre los VTC -”lo nuevo”- y el taxi -”lo viejo”-, sino el de dónde colocamos esta fantástica herramienta que son las plataformas de movilidad compartida para que aumente su impacto positivo. Si hubieran germinado bajo el paraguas de la economía de impacto, probablemente no se hubiesen enfocado en la explotación de las grandes ciudades a costa de competir a la baja contra el sector del taxi y quizá se hubiesen centrado en brindar una alternativa de movilidad eficaz en la España despoblada, que no tiene opciones de transporte para sus habitantes.

Quizá no sea ni eficiente ni viable conectar miles de nuevos pueblos mediante ferrocarril, pero sí lo es apoyar soluciones innovadoras que sean capaces de mitigar los problemas de no poder hacerlo. Resulta evidente, pues, el interés de las administraciones en fomentar la economía de impacto, contribuyendo no solo a generar empleo de calidad, sino también usándolas como un fantástico motor de bienestar social y acción por el clima. Y es que la innovación tecnológica y social puede dar pie a modelos empresariales viables y escalables que aborden, de manera eficaz y centrada en el usuario, algunos de los retos sociales que hoy en día las administraciones públicas no son capaces de resolver con las herramientas y recursos de que disponen.

Es por esto por lo que, en un inicio, resultaría fundamental apoyar esta oportunidad a través de, principalmente, dos medidas políticas: En primer lugar una ley que regule el sector y que aclare los términos para evitar la ambigüedad, aportando confianza a consumidores e inversores y alejando al mismo tiempo los riesgos de desvirtuar el concepto. Determinados países como Italia, Bélgica o Reino Unido han desarrollado ya una legislación adaptada a este tipo de empresas. En segundo lugar, y teniendo en cuenta que uno de los motores de la innovación es la inversión, es estratégico que la administración tanto invierta como contribuya a catalizar la inversión privada de impacto, que además ha experimentado un claro incremento en los últimos años -aunque todavía minúsculo comparado con la inversión tradicional-. Ya algunas administraciones como la Diputación Foral de Bizkaia o el Ayuntamiento de Madrid cuentan con sus propios mecanismos de inversión de impacto o han invertido en fondos de este tipo. Promovamos que estas iniciativas se multipliquen y, además, incrementen progresivamente su capital. Estos dos son son los primeros frentes que hay que abrir a fin de impulsar de manera determinante la economía de impacto, aunque algunos países como Portugal están siendo incluso más ambiciosos y han ido más allá, lanzando programas como Portugal Innovaçáo Social en el caso luso que combina estos elementos junto a otros complementarios, como la formación o la propia medición de impacto.

La economía de impacto supone un verdadero cambio de paradigma en el que los beneficios económicos dejan de colocarse siempre en el centro, primando otras variables que aseguren una contribución a la hora de crear sociedades más resilientes, verdes, sostenibles y justas, contribuyendo así a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Hace ya once años desde que escucháramos el famoso discurso de Nicolás Sarkozy en el que ambicionaba “refundar el capitalismo”. Le encantará saber que la economía de impacto bien podría ser la herramienta que lo haga posible.