Una cuestión de (no) Estado

  • "Los catalanohablantes representan alrededor de un 22% de la población española"
  • "A pesar de esta realidad en cuanto al uso social de la lengua, el catalán sigue siendo tratado por el Estado español como algo relativamente ajeno a él"
  • "¿Se puede aspirar a que una comunidad lingüística se sienta vinculada a un Estado que no percibe como propia la lengua de esa comunidad?"

Aunque el tema nunca ha abandonado la palestra, en los últimos meses y años ha rebrotado el debate sobre las lenguas cooficiales y los espacios de uso que se les reservan en aquellas CCAA con lenguas propias. Ahora bien, dado que se trata de un debate que en las zonas monolingües del Estado suele ser abordado con ciertas carestías en cuanto a información y pluralidad de puntos de vista, el director de cuartopoder.es me animó a escribir un artículo sobre la situación de la lengua catalana, algo que intentaré hacer en las líneas que siguen. La intención no es otra que la de intentar acercar a todos los españoles que se pueda una realidad (la de la lengua catalana) que muchas veces es percibida como ajena, y reflexionar sobre por qué, después de más de cuatro décadas de democracia, esto sigue siendo así.

"Que se consiga el efecto, sin que se note el cuidado"

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Esta frase está extraída de unas instrucciones secretas dictadas a los corregidores (funcionarios de la corona española) presentes en el territorio de Catalunya el 20 de febrero de 1712, en plena Guerra de Sucesión. La instrucción completa versa de la siguiente manera: “Pondrá el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas y disimuladas para que se consiga el efecto, sin que se note el cuidado”. Quizás esta frase sea uno de los mejores reflejos de la voluntad histórica del Estado español, especialmente a partir del siglo XVIII, con el advenimiento de la monarquía absolutista de los Borbones, de construir sus cimientos modernos sobre la minorización activa o pasiva de la lengua catalana (entre otras), con el objetivo de recluirla en el ámbito doméstico, reservando para el castellano el papel de lengua de expresión pública, tanto para los ciudadanos como para la administración.

Hoy en día hay personas, algunas muy influyentes, que siguen poniendo en duda esa voluntad histórica de las élites que controlan el poder en nuestro Estado. Sin ir más lejos, el rey Juan Carlos I manifestó en 2001 que “nunca fue la nuestra, lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano: fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suya, por voluntad libérrima, la lengua de Cervantes”. La historia, sin embargo, es tozuda, y desmiente esa visión romántica de la expansión del castellano por las tierras del actual Estado español (y por las de otros continentes).

La retahíla de prohibiciones que ha tenido que soportar el catalán durante estos últimos siglos es una muestra palpable e indiscutible de dicha voluntad. Sólo por poner algunos ejemplos, en 1768 Carlos III prohibió la presencia del catalán en la escuela, el mismo monarca que en 1773 prohibía emplear esta lengua (y otras que no fueran el castellano) en los libros de contabilidad. Su sucesor, Carlos IV, prohibiría en 1799 "representar, cantar y bailar piezas que no fuesen en idioma castellano". Ya en el siglo XIX, el Estado decretaba en 1820 el uso exclusivo del castellano en las causas criminales, y en 1821, 1825 o 1857 los planes y leyes de educación reforzaban el castellano como lengua de educación en todo el territorio español. Seguimos, por ejemplo, en 1924 con una Real Orden que sancionaba a los maestros que enseñaran en catalán, y así llegamos a 1939, año en el que los golpistas ganan la Guerra Civil y el general Francisco Franco manifiesta que “la unidad nacional la queremos absoluta, con una sola lengua, el castellano, y con una sola personalidad, la española”. Imagínense lo que vino después durante cuatro décadas.

Sin duda alguna, hoy la situación de la lengua catalana ha mejorado sensiblemente en términos de espacios de uso, así como de reconocimiento y promoción institucional, y sus hablantes ya no tenemos que aguantar prohibiciones extravagantes como por ejemplo la que en 1896 emitió la Dirección General de Correos y Telégrafos que prohibía hablar en catalán por teléfono (la astracanada duró sólo una semana). Sin embargo, el camino que se ha recorrido es manifiestamente insuficiente, y el Estado español sigue ofreciendo muestras palpables de desinterés (por no decir otra cosa) en la materia.

El catalán, lengua de la calle…

Según los datos más actuales de los que disponemos, el catalán tiene alrededor de 8,6 millones de hablantes entre la población mayor de 14 años, repartidos entre Catalunya (aprox. 5,2 millones), el País Valencià (aprox. 2,53 millones), las Illes Balears (aprox. 770.000), la Catalunya Nord –territorio catalanohablante de Francia– (aprox. 130.000), Andorra (aprox. 35.000), la Franja de Ponent –territorio catalanohablante de Aragón– (aprox. 34.000) y el Alguer –ciudad de la isla de Cerdeña (Italia)– (aprox. 22.000). Por lo tanto, los catalanohablantes representan alrededor de un 22% de la población española (sin contar con los hablantes de fuera de las fronteras españolas). A su vez, estas cifras sitúan al catalán entre las treinta lenguas con más hablantes de Europa, colocándose por delante de idiomas como el croata, el danés o el finés.

De todos estos hablantes, algunos lo utilizan más habitualmente que otros. En el caso de Catalunya, por ejemplo, el 43,5% de la población declara tener el catalán (ya sea sólo, o conjuntamente con el castellano) como lengua habitual, un porcentaje que asciende al 50,3% en el caso de las Baleares o al 55,9% en el caso de la Franja de Ponent. Finalmente, en el País Valencià, aunque la última encuesta del Gobierno no ofrece este dato, sí que podemos afirmar que un 31% de la población de los territorios de habla catalana de esta comunidad utilizan esta lengua en casa.

… pero no del Estado

A pesar de esta realidad en cuanto al uso social de la lengua, el catalán sigue siendo tratado por el Estado español como algo relativamente ajeno a él. Pongamos algunos ejemplos.

En primer lugar, y quizás lo más representativo, la Constitución Española (CE) de 1978 no reconoce el catalán (y las otras lenguas que no son el castellano) como lenguas oficiales del Estado. Concretamente, en su artículo 3.1 establece que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Así pues, la lengua hablada por el 22% de la población española no es considerada lengua del Estado, algo que podría ser considerado sorprendente si tenemos en cuenta que en otras realidades plurilingües parecidas a la española sucede lo contrario. Como ejemplos podemos poner Canadá, donde el francés, junto con el inglés, es lengua oficial del Estado, a pesar de que los francófonos representan solamente el 20% de la población canadiense. Algo similar sucede en Suiza, país con tres idiomas oficiales (alemán, francés e italiano), de los cuales el francés representa el 20% de la población y el italiano menos del 7%, o en Bélgica, donde el alemán es una de las lenguas oficiales del Estado a pesar de que sus hablantes representan menos de un 1% de la población belga.

En segundo lugar, del mismo artículo de la CE destaca la frase que establece que “todos los españoles tienen el deber de conocerla [la lengua castellana] y el derecho a usarla”. Recordemos, por un momento, al rey Juan Carlos I indicando que “nunca fue la nuestra, lengua de imposición, sino de encuentro”. ¿Qué sucede en otros países plurilingües? En Canadá, por ejemplo, hay más de 4 millones de habitantes (un 12% de la población) que no hablan inglés, que es la lengua materna del 60% de los canadienses. En efecto, la constitución canadiense no establece el “deber” de conocer la lengua de la mayoría, sino que, por el contrario, la Canadian Charter of Rights and Freedoms (artículos 16 a 22) establece solamente derechos de uso para los anglófonos y los francófonos. Que la CE fije como obligatorio el conocimiento de uno de los idiomas presentes en el Estado español deja entrever, por un lado, la importancia de esta lengua en la construcción de una homogeneidad social a lo largo de todo el territorio, así como el carácter secundario que este mismo Estado confiere a las lenguas (y por lo tanto a sus hablantes) que no sean el castellano.

En tercer lugar, y como consecuencia de los puntos anteriores, el catalán (y las otras lenguas españolas que no son el castellano) está completamente ausente del Congreso de los Diputados (no así en el Senado, donde sí tienen espacios de uso). Debería ser llamativo que en la cámara más importante de las Cortes, que representa al conjunto de la ciudadanía española, los diputados y diputadas no puedan emplear sus lenguas maternas (y naturales del territorio español) como lenguas de trabajo y estén obligados a emplear solamente la lengua de una parte de la ciudadanía. Si bien es cierto que existen las discriminaciones positivas (véase la ley de igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo), éstas suelen aplicarse en defensa de las minorías o sectores sociales más desfavorecidos, pero nunca en defensa de las mayorías, que por el hecho de serlo ya están más que protegidas sencillamente por su peso demográfico y social. En lugares como el parlamento catalán, el valenciano, el balear, el vasco o el gallego es habitual ver a los diputados emplear cualquiera de las lenguas oficiales en esos territorios; ¿por qué no en el Congreso de los Diputados?

Finalmente, y como último ejemplo, cabe resaltar la resistencia del Poder Judicial a garantizar debidamente los derechos de los catalanohablantes en sus relaciones con este poder del Estado, ya sea a la hora de declarar (como se ha visto en el juicio a los presos políticos independentistas), realizar trámites o recibir comunicaciones. A modo ilustrativo, los jueces y fiscales que ejercen en Catalunya no tienen obligación de conocer el catalán (el Congreso ha rechazado establecerlo como requisito), sin importar el impacto que ello pueda tener sobre las personas que, libremente, decidan llevar a cabo un proceso judicial o una declaración en este idioma y no en castellano. Por contraste, en Bélgica, en la región de Bruselas, donde son lenguas oficiales el francés y el neerlandés, los ciudadanos deciden en cuál de los dos idiomas quieren comparecer ante la justicia, por lo que las partes afectadas escogen la lengua que hará servir el juez y todo el procedimiento. Algo inimaginable en nuestras latitudes.

Más allá de estos ejemplos, de cariz más general e institucional, podríamos poner otros ejemplos más cotidianos en los que la legislación estatal no protege los derechos lingüísticos de los catalanohablantes. Si no se lo creen, vayan a Barcelona, Valencia o Palma e intenten: ir al cine a ver una película doblada al catalán (probablemente tengan más suerte si quieren ir a ver una película en inglés); comprar un medicamento y leer el prospecto en algún idioma que no sea el castellano; adquirir un videojuego con interfaz en catalán; ir a un supermercado y encontrar la información nutricional de los productos en un idioma que no sean el castellano o el portugués (hay supermercados que lo ofrecen en sus marcas blancas, o marcas concretas que también lo hacen, pero no son la mayoría ni por asomo); llamar a una compañía de comunicaciones (las habituales) y que te atiendan en lengua catalana; y así un largo etcétera.

No es personal, son negocios

Algunos dicen que son cosas de la demografía y el mercado, que si el castellano es la única lengua en la que los ciudadanos del Estado podemos recibir determinados servicios es porque todo el mundo la conoce y a las empresas o al mismo Estado no les sale rentable invertir en otros idiomas; total, les van a entender igual. Y así se cierra el círculo argumentativo para condenar al catalán, al euskera o al gallego al ostracismo. Se impone el conocimiento de una lengua, y luego se utiliza la excusa de que todo el mundo la conoce para negar un trato igualitario a los hablantes de otras lenguas en un territorio. A eso alguien podría llamarlo “mentalidad imperialista”.

Pero dejemos a un lado esa agradable ficción del mercado, que sólo sirve para limpiar conciencias (y ocultar verdaderas motivaciones), y vayamos a un tema más prosaico. Probablemente no lo sepan, pero hay como mínimo 141 normas propositivas dictadas por el Estado español que obligan a la utilización de la lengua castellana. Ciertamente no se trata de un hecho noticiable, ya que todos los Estados elaboran legislación lingüística para regular las administraciones y el mercado en sus respectivos territorios. El problema, en términos de igualdad de la ciudadanía, viene cuando esa legislación solamente vela por los derechos de los hablantes de uno de los idiomas presentes en el territorio de un Estado. En el caso del catalán hay legislación elaborada por los gobiernos de Catalunya, País Valencià e Illes Balears que intenta proteger los derechos de los hablantes de esta lengua, pero la pregunta es por qué el Estado español no ha asumido esa defensa y protección como algo propio, del mismo modo que hace con el castellano.

Al fin y al cabo, ¿se puede aspirar a que una comunidad lingüística se sienta vinculada a un Estado que no percibe como propia la lengua de esa comunidad? No hace falta ser politólogo o sociólogo para responder a esa pregunta. Aplíquese el sentido común. ¿Se sentiría alguien de Valladolid vinculado a un Estado que no le garantiza un juez que hable castellano? ¿Se sentiría alguien de Madrid vinculado a un Estado que no vela para que pueda leer el prospecto de los medicamentos en castellano? ¿Se sentiría alguien de Toledo vinculado a un Estado que no se preocupa de garantizar que pueda leer las instrucciones de un electrodoméstico en castellano? ¿Se sentiría alguien de Sevilla vinculado a un Estado que pone en duda constantemente que el andaluz sea un dialecto del castellano y que se empeña en defender que habla un idioma distinto al que se habla en Ciudad Real?

Como se puede ver, el camino por recorrer es todavía muy largo, si a lo que se aspira es a alcanzar una igualdad efectiva entre el castellano, el catalán y las otras lenguas propias del Estado español. La cuestión a plantear es: ¿existe esa voluntad? ¿Es posible revertir más de tres siglos de proyecto uniformizador para transitar hacia un Estado en el que la pluralidad lingüística sea protegida y fomentada, y no combatida? Quizás el sueño fascista de una unidad nacional absoluta, con una sola lengua (el castellano) y una sola personalidad (la española), esté demasiado arraigado en las estructuras de poder, demasiado normalizado en el ámbito social y político, como para estar a tiempo de dar marcha atrás. Si tras cuarenta años de democracia casi nadie ha combatido esa idea, ¿por qué iban a hacerlo ahora?