¿Están en riesgo nuestras pensiones?

Manuel Rodríguez, Secretario de Política Institucional de CCOO Madrid

"Le voy a meter la tijera a todo, salvo a pensiones, sanidad y educación". Con estas declaraciones realizadas por Mariano Rajoy en una entrevista al inicio de la campaña para las elecciones generales de noviembre de 2011, el Partido Popular fijaba las líneas de trabajo y las materias sobre las que posteriormente metería la tijera, la podadora y la hasta la sierra de talar.
En España, según datos del propio INE, uno de cada tres hogares depende del cobro de una pensión para atender sus gastos. Debemos recordar permanentemente que durante la crisis las personas jubiladas fueron la red de seguridad que amortiguó los terribles efectos que para las familias supuso la destrucción de cuatro millones de puestos de trabajo.

Y no debemos olvidar que el sistema público de pensiones, junto a la sanidad, la educación, los servicios sociales y la protección a las personas desempleadas son las columnas sobre las que se asienta el Estado del bienestar en nuestro país, ese que la derecha cuestiona permanentemente.

La supuesta “insostenibilidad” del sistema público de pensiones es el mantra interesado de los bancos y aseguradoras que pretenden hacer caja con los ahorros de las personas trabajadoras, a través de la suscripción de planes privados. Pero pinchan en hueso. Los y las españolas tienen que dedicar entre el 50% y el 70% de sus ingresos a sufragar los gatos de su vivienda habitual, lo que implica que la tasa de ahorro de los hogares españoles se cerrara en 2018 con un escaso 4,9%, mínimo histórico.

No hay alternativa, las pensiones públicas seguirán siendo la única referencia para la inmensa mayoría de las trabajadoras y trabajadores. Por eso es imprescindible acometer los principales retos que el sistema tiene por delante; el déficit, la próxima jubilación del denominado baby boom y garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones actuales.

Hay propuestas, CCOO las ha puesto encima de la mesa. Fundamentalmente la creación de empleo de calidad para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, incidiendo tanto en los gastos como en los ingresos, sobre las que no voy a insistir. Pero si aun así los gastos fueran mayores que los ingresos, ¿estarían en riesgo las pensiones públicas? Rotundamente, NO.

La presión fiscal en España en relación al PIB se sitúa en el 35,2%, relativamente baja si la comparamos con países como Francia (48,2%), Dinamarca (46,4%) o incluso si la comparamos con la media de la Unión Europea (40,30%), lo que significa que nuestro país tiene margen para mejorar sus ingresos.

Pero la ciudadanía no debe caer en la trampa del relato neoconservador de que “el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos”, como argumento para la rebaja de impuestos y los regalos fiscales a las rentas más altas. No nos confundamos, si queremos servicios y prestaciones públicas de calidad, a la altura de los países más desarrollados de nuestro entorno, tenemos que pagarlos, y para eso es imprescindible acometer una reforma del sistema fiscal basada en la equidad y la justicia redistributiva, a través de impuestos que tengan en cuenta el nivel de renta y riqueza de las personas, repartiendo de manera justa las cargas. Y hay que combatir el fraude y la evasión fiscal.

Se trata, por tanto, de ir exactamente en dirección contraria a la marcada por el Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma unilateral de las pensiones de 2013, basada en la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones actuales y en un notable recorte de las futuras.

Los partidos políticos deben sacar las pensiones del debate electoral y comprometerse, en el ámbito del Pacto de Toledo, a garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones actuales y acometer medidas para mejorar la brecha en pensiones que sufren las mujeres, cuya pensión media en septiembre se situó en 790,56 euros, frente a los 1.210,29 euros de los hombres.

Debemos recordarles a los partidos políticos que las pensiones públicas se conforman como un sistema solidario intergeneracional, en el que los trabajadores en activo financian con sus cotizaciones a los trabajadores pasivos. Por tanto, es deber del Estado garantizar a los trabajadores en activo su pensión en el futuro, en función de las cotizaciones realizadas a lo largo de su vida laboral.

Para todo ello, como ya he comentado, es necesaria una financiación suficiente, básicamente a través de las cotizaciones sociales, a las que en caso de ser necesario el Estado, como recoge el propio Pacto de Toledo, deberá aportar los recursos necesarios que la evolución de las pensiones vaya requiriendo. Exactamente lo que se hace para financiar el resto de los servicios públicos, sanidad, educación y servicios sociales, NI MÁS NI MENOS.