Erradicar las violencias: cuestión de justicia

Ana Castaño, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Mañana, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mujeres de todo el mundo nos unimos para denunciar las violencias que sufrimos. Okupamos el espacio público, que hoy sí será nuestro, para gritar todas y cada una de las agresiones a las que nos enfrentamos en nuestra cotidianidad, para que ninguna de ellas quede sin respuesta. Una respuesta colectiva que, recogida en muy diversos formatos (artículos de opinión, conferencias, manifiestos, protestas callejeras, performances y consignas de todo tipo) y elaborada desde cada una de las corrientes y subjetividades que conforman los feminismos, pone de relieve una única realidad: la necesidad de transformar un modelo de convivencia que nos violenta a todas constantemente.

Y es que es precisamente este modelo de convivencia, o la organización social bajo la que convivimos, de donde surgen las violencias machistas que denunciamos. Por ello, es necesario que las analicemos desde una perspectiva sistémica. Nos equivocaremos al pensar que es la manada o el asesino de turno el que ejerce la violencia contra nosotras, ya que es el patriarcado el que, junto con otros sistemas de opresión como el racismo, el capacitismo, el capitalismo, etc., sostiene una organización social que ejerce transversalmente diferentes violencias sobre las individualidades que la componemos. 

Por lo tanto, tanto el machista como nosotras convivimos sujetas a estas violencias, reproduciéndolas o sufriéndolas en momentos determinados y con mayor o menor intensidad según nuestra pertenencia a uno o varios de los grupos sociales oprimidos por dicha organización. Situarnos en este posicionamiento no implica dejarnos llevar por el buenismo, rebajando la gravedad de las violencias que sufrimos específicamente las mujeres, actuando con excesiva tolerancia hacia las personas que las reproducen o cediendo con benevolencia en nuestras reivindicaciones. Se trata, en cambio, de ser estratégicas, es decir, de contextualizar estas violencias machistas para comprender mejor su naturaleza y así llevar a cabo las transformaciones necesarias en nuestro entorno para que cesen de una vez por todas. 

En este sentido, una de las transformaciones que debemos abordar de forma urgente es la de la justicia (entendida en sentido amplio), que se administra violentándonos a las mujeres, a las personas racializadas, a las migradas, a las neurodivergentes, a las que sufren psíquicamente y a todas aquellas que no encajamos en el orden establecido, perpetuando así los privilegios del resto de individuos. 

Este abordaje debe hacerse teniendo en cuenta la naturaleza sistémica de la violencia anteriormente descrita, partiendo de la cual deja ya de ser lógico reivindicar una justicia en la que quepa el castigo, al no existir responsabilidades puramente individuales. Y es que no podemos hablar de agresor, victimario o delincuente porque todas somos víctimas en mayor o menor medida de la organización social en la que convivimos que, en determinadas circunstancias, nos empuja a reproducir la violencia que esta ejerce sobre nosotras. Así, demandas tradicionales de ciertos sectores del movimiento feminista como es el endurecimiento del código penal español para los delitos sexuales dejarían de ser útiles en nuestra estrategia, y las sustituiríamos por otras que conviertan a la actual justicia patriarcal en feminista, considerándola por fin una aliada en nuestra lucha. Para que esto último suceda es indispensable encaminar nuestras reivindicaciones hacia dos objetivos concretos:

1.Reconocimiento de la legitimidad jurídica de todas las violencias que nosotras definimos en primera persona como violencias machistas por la implicación determinante del condicionante de género. 

La justicia actual, y por ende el sistema del que forma parte, reconoce que hay ciertas violencias que sufrimos exclusivamente las mujeres por el hecho de serlo. Estas son aquellas que quedan relegadas al ámbito de la pareja y que denomina formalmente ‘violencia de género’. Sin embargo, existen muchas violencias en las que el género juega un papel fundamental y este no es reconocido desde la Administración (como ocurre con los abusos y agresiones sexuales, por ejemplo), e incluso otras que ni siquiera tienen legitimidad jurídica al margen del condicionante de género (como es el caso del acoso callejero). Una vez hecha la categorización, es fácil comprobar cómo la mayoría de las violencias cotidianas que denunciamos nosotras, y que forman la base del iceberg en cuya punta visible están los feminicidios, no tienen legitimidad jurídica. Esto ocurre principalmente porque la justicia forma parte de un sistema en cuyos puestos de relevancia las mujeres no estamos representadas, y sólo se encuentran hombres que son incapaces de legitimar las violencias que ellos nunca han sufrido y que acaban reproduciéndolas en su toma de decisiones. Es necesario que esta situación cese y se les otorgue legitimidad jurídica a todas y cada una de las violencias que nosotras, en primera persona, calificamos como machistas, para poder visibilizarlas y que así el daño que nos causan pueda ser reparado. 

2.Uso exclusivo de las facultades reparadora y restaurativa de la justicia que debe desplegarse tanto con la persona que sufre la violencia como con la que la reproduce.

Una justicia feminista es una justicia cuidadora, es decir, aquella que se centra en la reparación del daño y la restauración de la situación previa a cualquier conflicto. En primer lugar, esta justicia debe cuidar de la persona que ha sufrido violencia, sin revictimizarla tras la denuncia, respetando sus ritmos, escuchando sus demandas específicas y atendiendo sus necesidades más básicas desde un primer momento, liberándola así de las preocupaciones cotidianas y facilitándole la gestión del daño en primera persona. En este sentido, es imperativo dotar a la Administración de recursos que permitan acompañarla durante este proceso, reformando en profundidad la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, que es un instrumento jurídico a todas luces insuficiente para cubrir las necesidades mencionadas. En segundo lugar, esta justicia debe desterrar por completo el castigo de sus planteamientos, poniendo el foco en los detonantes que empujan a cada persona a la reproducción de violencias determinadas para poder atajarlas de raíz con herramientas específicas, y debe también habilitar los cauces necesarios, a través de la mediación u otros instrumentos, para restaurar la situación existente antes del conflicto.

Enfocar la lucha feminista desde este prisma, es decir, teniendo como objetivo la transformación de una organización social violenta a través de la justicia que esta administra, no sólo nos permite concebir una estrategia concreta que puede ser muy eficiente a largo plazo para acabar con las violencias machistas sino que, además, nos hace conscientes de las violencias que sufren también otros colectivos con los que convivimos, que tienen el mismo origen que las que se ejercen contra nosotras, y con los que, por lo tanto, podríamos luchar codo a codo. No se trata en ningún caso de invisibilizar nuestras reivindicaciones, sino de dejarnos acompañar por ellos y acudir a su llamada cuando sean ellos quienes precisen nuestro apoyo. Así, con estrategias a largo plazo y sumando alianzas, conseguiremos que un día no muy lejano las violencias machistas no sean más que una pesadilla del pasado.