Movimientos sociales y nuevo gobierno

Rafael Lara, Área Solidaridad Internacional Derechos Humanos de Andalucía

Cuando el 1 de junio de 2018 triunfó la moción de censura contra Rajoy, un inmenso alivio atravesó España de norte a sur: nos quitábamos de encima la pesada losa de pestilencia y corruptela que significaba un Gobierno que había cercenado todo tipo de derechos y libertades.

El 28 de abril tras el triunfo de la izquierda de nuevo suspiramos aliviados por la derrota de la derecha extrema. Un suspiro convertido pronto en rabia e indignación cuando por razones incomprensibles no fueron capaces de ponerse de acuerdo el PSOE y UP y nos vimos abocados a otras elecciones.

Y ahora, tras una investidura de infarto, otra vez hemos visto con esperanza cómo se va a formar el primer gobierno de coalición de las izquierdas desde la II República. Con esperanza, porque por fin es posible que se puedan poner en marcha las urgentes políticas para beneficio y al servicio de la gente. Con esperanza también de que se pueda empezar a revertir la tremenda involución que en todos los órdenes democráticos supusieron estos años de Gobierno de la derecha.

No va a ser fácil ante una derecha extrema, el trifachito, que será capaz de todo para impedir los avances, para bloquear el Gobierno y para recuperar el poder que consideran que sólo ellos están legitimados para ostentar. Será efectivamente capaz de todo, de lo legal y lo menos legal, en el ámbito parlamentario y en del poder judicial que controla, desde las presiones del poder económico hasta las cloacas del Estado. Y no vacilarán en lanzarse a las calles ante cada medida que tome el Gobierno a favor de las libertades, los derechos y la democracia.

Pablo Iglesias señaló con razón que en buena medida la posibilidad de un Gobierno progresista tiene su fundamento en la movilización y las exigencias reivindicativas que durante estos años hemos planteado en las calles los movimientos sociales, desde la gente pensionista, pasando por las mareas blancas, las kellys o, muy destacadamente, el movimiento feminista.

Por eso, sentimos este gobierno como un gobierno de defensa propia, y no podemos dejar las calles en mano de quienes pretenden acabar con él. Tampoco dejar de respaldarlo cuando sea preciso ese apoyo.

Resulta una actitud compleja para los movimientos sociales. Incluso puede parecer contradictoria con nuestras aspiraciones y anhelos. Pero no lo es tanto. Porque una forma de respaldo es el apoyo sin complejos de las medidas positivas para la gente frente al acoso y derribo de la derecha extrema que pretenderán impedirlas y como decimos, no sólo en el Parlamento. Pero también es una forma de respaldo estar atentos, con una actitud vigilante, para que no dejen de ponerse en marcha esas medidas necesarias por las múltiples y poderosas presiones fácticas, que no van a ser pocas. Porque, además, respaldar lo positivo no invalida, sino todo lo contrario, lo hace más necesario, que continuemos con las exigencias democráticas y la reivindicación de políticas a favor de los derechos hoy vulnerados sistemáticamente.

Una de las cuestiones que más nos preocupan puede servir para ilustrar lo que decimos. La inmigración ha sido convertida en un campo de batalla de la derecha extrema en todas sus variantes. Y no sólo como instrumento de guerra contra el Gobierno de las izquierdas o para obtener réditos electorales, sino sobre todo, para intentar configurar una ciudadanía enrocada en sí misma, que desprecie la diversidad y asuma la intolerancia y el sálvese quien pueda como construcción social. Para erosionar cualquier proyecto de sociedad abierta, comprometida, inclusiva y solidaria.

En esa confrontación los movimientos sociales, especialmente los de defensa de los derechos humanos, no podemos permanecer indiferentes, pues nos jugamos -y no es tremendismo- no sólo un Gobierno sino el modelo de sociedad para varias décadas. Y son precisamente las políticas migratorias de la Europa Fortaleza, centradas en el rechazo y expulsión de migrantes, uno de los principales alimentos para el crecimiento de la ultraderecha y sus mensajes de odio. Cambiar esas políticas debe ser tarea urgente y prioritaria para este nuevo Gobierno progresista de las izquierdas.

Desde la sociedad civil, los colectivos y movimientos de defensa de los derechos humanos debemos apoyar frente a esa derecha extrema las medidas que se tomen en esa dirección, en tanto que debemos exigir que se superen sus más que probables insuficiencias.

En este sentido el punto 11.4 del acuerdo UP-PSOE puede considerarse un catálogo de buenas intenciones, y frente a los mensajes de la ultraderecha y a las políticas existentes en Europa no es poco. Pero es sólo eso, por ahora un catálogo de buenas intenciones. Y por tanto, muy deficiente en cuanto a las concreciones imprescindibles para el respeto cabal de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Suponemos que no todas las cuestiones relativas a este tema podrían plantearse en un documento de esas características. Pues bien, una forma leal y efectiva de respaldar y apoyar al Gobierno de las izquierdas, será precisamente seguir exigiendo que se concreten esas medidas en la línea de las cuestiones que hemos venido planeando reiteradamente y denunciar sin temor cuando no se haga en justicia.