MEDIO AMBIENTE

Por un 155 para el agrocantón murciano, cutre y sedicioso

  • "En la ideología y la práctica de la autoridad regional actúa una rebelión decidida contra toda norma de protección ambiental"
  • "La insumisión murciana invita a pensar en que también por motivos ecológico-ambientales debe darse cauce a la aplicación del intervencionismo del Estado"
  • "El gobierno de Madrid debe denunciar al gobierno murciano por prevaricación, desobediencia y deslealtad, en relación con la política de agua y regadíos"

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Lo de Murcia –una región a la que se viene señalando como región fallida, en razón singularmente de las fechorías de un poder agrario dominante e intratable– va alcanzando cotas de escándalo de difícil parangón. Faltaba, para adornar y redondear el desmadre agrario, consustancial con las políticas regionales, permisivas y delicuescentes de las últimas décadas, la irrupción cavernícola de las huestes de Vox que, con un porcentaje del 28 por 100 conseguido en la región en las últimas elecciones (récord nacional, con el récord municipal de Torre Pacheco, 38 por 100), en pocos meses se han retratado como machistas inveterados, racistas sin disimulo y grotescos analfabetos ambientales, hundiendo a la región en la desolación y el sonrojo. Convertidos en fuerza decisoria regional, ya que permiten al PP y a Ciudadanos dirigir la política autonómica, sus excentricidades ultras nos han regalado ese último florón del “pin parental”, que amenaza con encadenar un insulto tras otro.

No es, sin embargo, este exabrupto (de franquistas remodelados) llegado desde el gobierno murciano lo que más debe preocupar ya que, a fuer de soez, deberá ser rápidamente fulminado por el gobierno central, sino la situación agro-ambiental, que desde estas páginas venimos describiendo y que va aumentando de gravedad según evolucionan las consecuencias del envenenamiento del Mar Menor, porque tanto las entidades agrarias como el gobierno regional persisten en eludir sus responsabilidades y en mantener el rodillo depredador de una agricultura de saqueo.

En la ideología y la práctica de la autoridad regional actúa una rebelión decidida contra toda norma de protección ambiental, tanto si viene de Madrid como si es elaborada por ella misma, dado el cariz que invariablemente adquiere: un articulado frívolo y tramposo que, redactado deprisa y corriendo, entra de lleno en la categoría de los textos inútiles e incompetentes, saturados de espíritu negacionista y (sobre todo) exculpador, con el objetivo, siempre, de garantizar la impunidad de los culpables directos e indirectos.

Este es el caso del recientemente aprobado decreto-ley de Protección Integral de Mar Menor, última norma de la serie iniciada tras alcanzar esta laguna marina el colapso biológico: un texto criticado, por insuficiente y ambiguo, por todos los sectores proteccionistas, pero que ha sido consensuado con los principales responsables del crimen (agricultores del Campo de Cartagena, en primer lugar) y que carece de garantías de cumplimiento (siendo este el más serio problema regional: el menosprecio libre y general de toda la normativa agro-ambiental).

En este marco desesperante, el presidente regional, Fernando López Miras, ampara al gremio agrario repitiendo una y otra vea que “No hay que buscar culpables” o, más aviesamente, “El Estado es el culpable y, en cualquier caso, debe pagar la recuperación de la laguna”. Y así resume la firme postura de un gobierno regional pelele, enteramente en manos del poder agrario e incapaz, por ejemplo, de parar obras agrícolas ilegales a las que incluso denuncia, sin la menor voluntad de actuar como debe y con los medios de que dispone; y que pretende ignorar que es la copiosa legislación autonómica protectora, existente desde hace tiempo, la que él mismo burla diaria y fervientemente, protegiendo expresamente a los infractores.

En perfecta sintonía con el poder político regional, marca la pauta y la ideología depredadora el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, elemento principal del poderoso lobby que impone el poder agrario en una región exhausta. Al frente, Lucas Jiménez, su cabeza visible, que se arroga un derecho eterno e intocable sobre las aguas del Alto Tajo, que es el argumento con el que, un día sí y otro también, pide, exige advierte y amenaza, dirigiendo sus dardos al gobierno de Madrid y su mirada torva y obsesiva al medio ambiente murciano. Todo esto, sin cuidar la disciplina interna, consintiendo, cuando no estimulando, la ampliación de regadíos (ilegales) y el aumento en el consumo de agua, anunciando acciones judiciales contra el gobierno de Madrid si no llega a sus regantes el agua que exigen.

Todo esto convierte en un problema nacional –político, agrario y ambiental– el caso murciano. Debido a esta actitud y a estas despolíticas, no es de esperar que nada positivo y serio ocurra en relación con el estado del Mar Menor (ni en la prevención de las inundaciones, que serán progresivamente más duras y repetitivas). Y también se da por seguro que el gobierno murciano se convierta en “objetor” de las medidas que, a favor del clima y de la transición ecológica, haya de adoptar el nuevo gobierno central; su hostilidad hacia las primeras medidas que sobre el problema del Mar Menor se han adoptado desde Madrid, subraya una insumisión necia y radical, haciendo cada día un poco más insostenible la región, no sólo al impedir el castigo merecido sino también amenazando y desafiando a quienes lo critican y ponen en evidencia.

Este caso (el de la insumisión murciana) invita a pensar en que también por motivos ecológico-ambientales debe darse cauce a la aplicación del intervencionismo del Estado (artículo 155 de la Constitución), si es que nos vamos a tomar en serio la crisis climática y sus innumerables y graves consecuencias; así como una modificación de la redacción del artículo 45, de protección del medio ambiente, incluyendo su grave alteración autonómico-institucional entre las previsiones de aplicación del 155.

Mientras tanto, y para frenar la deriva cutre y sediciosa del gobierno murciano y de la situación agro-ambiental de la región, el nuevo gobierno de Madrid deberá actuar rápido y con ejemplaridad. En primer lugar, destituyendo a los actuales responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura, así como de la Comisaría de Aguas correspondiente que, siendo instituciones del Estado constituyen, en general, un nido de prevaricadores que manejan una potente maquinaria de consolidación de ilegalidades y consentidora de fechorías sin cuento contra el territorio, las aguas, los cauces, los acuíferos y la dignidad de la Cuenca del Segura; esta renovación ejecutiva debe ir acompañada de una investigación administrativa exhaustiva sobre sus prácticas y trayectoria desde 1985 y la nueva Ley de Aguas.

En segundo lugar, el gobierno de Madrid debe denunciar al gobierno murciano por prevaricación, desobediencia y deslealtad, en relación con la política de agua y regadíos. En tercer lugar, se debe investigar y aclarar el porqué de la llamativa inutilidad agro-ambiental de las fuerzas de la Guardia civil (SEPRONA), así como de las diversas guarderías (fluvial, costas, forestal), con el resultado de una impunidad generalizada en el ámbito del delito ecológico e hidrológico. Además, se deberá nombrar un Fiscal especial para los delitos del agro y el medio ambiente en esta región sin ley, retomando la investigación que en su día realizó el fiscal Emilio Valerio, desde Madrid, y que fue sofocada por la mala voluntad de las instancias judiciales murcianas; vendría muy bien, a este respecto, un Juzgado especial sobre delitos ambientales en el TSJ de la Región de Murcia. A ambos, al Fiscal especial y al Juzgado ad hoc, se les habrá de señalar expresamente la obligación de oír y documentarse ante las organizaciones civiles murcianas (especialmente, las ecologistas y las plataformas de defensa del agua), únicas entidades que, a lo largo del tiempo, se han opuesto a este interminable proceso de destrucción ambiental y de burla de la ley.

4 Comments
  1. Miguel says

    A est@s de Murcia ; Franco los fabrico de una » aleación especial» ( o espacial….) .

    1. Florentino says

      … Miguel, un pueblo emigrante que núnca ha decidido nada. Pasaron de ser Albacete y Murcia, a la Comunidad Autónoma Murciana. Que tampoco les pertenece, pues siempre dicen: ¡¡ Las Comunidades del PP… ( cuándo estaban VoX, C´S dentro del vientre FAES). Les han prometido agua hasta del Ebro… y no quieren emigrantes para las faenas, ahora esperan la ayuda de Casado+Abaskal+Arrimadas, como braceros ideológicos para paliar esa mano de obra barata que tanto les molesta… ¡ luego les darán el: ¡ «Pin», Pan, «Pun» con paseíllo incluido y el pasodoble «Marcial, eres el más grande !. Empiezo a intuir que Díaz Plaja en eso de los: «Pecados capitales», en buena parte… ¡ Tenia razón !. Así como Pedro Costa Morata, en sus recriminaciones… ¡ No espabilan !. Les han dado el Gobierno a los ultras depredadores y fariseos adoctrinadores… ¡ El que avisa, no es traidor !.

      1. Miguel says

        Desde luego y según se percibe amigo Florentino esta gente son » materia reservada…..» ( podríamos extenderlo casi a toda la parte media baja de lo que llaman » levante español» ) . Y pienso que España en si misma termino siendo el mostruo de » Franco/stein» : confeccionada a base de trozos mal cosidos.
        Salu2 y próxima República de España.

  2. Alcarreño says

    Muy interesante artículo, pero hay que recordar una cosa, no es el gobierno de Madrid, es el gobierno de España, Madrid tiene sus gobiernos (comunidad y ciudad) que nada tienen que ver con este tema.

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