Los ERTE y empleados públicos

En tiempos de pandemia toca replantear muchas cosas en todos los ámbitos. Desde nuestro sistema de consumo, a nuestro sistema de ocio, de producción y la política laboral. También el eterno conflicto entre público y privado donde, se vuelva a mostrar la importancia del sector público. Se habla mucho del impacto de la pandemia en el sector económico privado y, con especial preocupación, como es lógico, en los trabajadores. Cierres de empresa, ERTE, ceses de actividad, despidos, todo un catálogo de opciones preocupantes con las que se enfrentarán a la situación. ¿Pero qué pasa con los empleados públicos durante el estado de alarma y el confinamiento obligado? A grandes rasgos hay tres posibilidades: los que siguen trabajando en sectores esenciales, los que teletrabajan desde su casa y los que, por la naturaleza de su trabajo o la ausencia de logística necesaria, se ven obligados a confinarse en sus viviendas sin teletrabajo posible.

Estos últimos serían el perfil habitual de un ERTE si estuvieran en el sector privado: su contratador no puede ejercer la actividad, el trabajador no puede trabajar ni desarrollarla a distancia y la empresa suspende el pago del salario y de las cotizaciones, las cuales son asumidas por el estado en los términos remunerados que la ley establece, con el compromiso de que será readmitido en las mismas condiciones unas vez pueda retomar su puesto de trabajo.

Sin embargo, no sucede así con los empleados públicos, todos ellos siguen cobrando sus nóminas con normalidad, quizás se les suspenda algún complemento, supongo, pero sin mayores cambios. Todo esto sucede sin diferenciar mucho los tres casos anteriormente señalados. Por un lado hay trabajadores sanitarios de baja escala trabajando al máximo con salarios mileuristas, desde celadores a médicos residentes que han pasado a trabajar de médicos adjuntos por 900 euros y que, incluso, han perdido el pago extra de las guardias, a enfermeras que cobran una media de 3,5 euros la hora y que no se sabe si cobrarán las horas extras que están haciendo. Otros trabajadores, como hemos señalado antes, profesores principalmente, están ejerciendo su trabajo como pueden por vía telemática con sus alumnos. Sin embargo, hay una cantidad de empleados públicos, miles con seguridad, que es imposible que estén realizando trabajo alguno desde sus casas. Es un dato que no se ha facilitado, pero no es difícil deducir que de la noche a la mañana no se puede poner a teletrabajar a decenas de miles de funcionarios que desarrollaban su actividad en los centenares de edificios y oficinas de la Administración central, autónomicas, ayuntamientos, diputaciones, entes públicos, fundaciones publicas, empresas públicas, etc... Conozco profesionales incluso de grandes firmas de seguros privados a las que su empresa no les ha podido dotar de condiciones para trabajar desde casa.

Uno de principios que debemos defender quienes apostamos por el empleo público y el papel del Estado como gestor de los servicios a los ciudadanos es la eficacia y la justicia con sus trabajadores. De ellos dependerá que los ciudadanos tengan una buena o mala imagen de ese sector que tanto defendemos. No siempre suele suceder, las diferencias salariales, la disímiles responsabilidades y los desequilibrios en salarios y condiciones laborales son frecuentes en el sector público, bien es verdad que lo son más todavía en el privado, pero ese sector no es que el queremos defender. Sin embargo, lo que está sucediendo en esta pandemia merece una reflexión, por primera vez tenemos un parte del sector público trabajando al máximo, mostrando más que nunca, su importancia y su carácter esencial. Y, también por primera vez, tenemos a otro sector de empleados públicos, que está en casa cobrando sin trabajar. ¿Cuántos son estos? No lo sé, pero supongo que se podrá saber. No voy a citar perfiles profesionales, pero es evidente que son miles los que no son viables para trabajar desde su casa. Y algunos podrían ser perfectamente de las escalas superiores, esas que cobran del orden de 40.000 euros al año para arriba. Es decir, tenemos empleados públicos cobrando tres mil euros sin trabajar en su casa. Alguien podrá aducir que no son muchos, que la mayoría de los funcionarios cobran poco. Estamos de acuerdo, pero eso no cambia mi reflexión. Son pocos los multimillonarios y les debemos hacer pagar impuestos, y son pocos los enfermos autistas y los debemos de atender. La cantidad no cambia el razonamiento.

Es por todo ello que no veo el motivo para que la Administración no pueda aplicar un ERTE, o una figura legal homologable, a esos empleados. El ERTE, como ya hemos señalado antes, supone, sencillamente que cobrarán entre 1.000 y 1.400 euros al mes, según su situación similar. No me parece un atropello laboral que a un empleado público en estos momentos convulsos de pandemia y grandes gastos públicos se le pague esa cantidad durante un mes por quedarse en casa si trabajar. Del mismo modo que algunas autonomías han planteado destinar funcionarios de departamentos que no estaban trabajando a servicios totalmente diferentes pero para los que no hacía falta una especial cualificación y se necesitaba personal. Lo que no debería ser razonable es que la Comunidad de Madrid recurra a voluntarios para acondicionar como centro hospitalario el IFEMA cuando supongo que alguno de sus casi cuatrocientos mil empleados públicos remunerados estaría disponible para trabajar en esa operación. Nadie se puede creer que todos los trabajadores no esenciales de ese grupo estén teletrabajando en casa.

Puede ser muy probable que dentro de unos meses, ante una situación de grave crisis de los fondos públicos se plantee eliminar una paga a los funcionarios como se ha hecho en alguno otra ocasión. ¿Sería acaso más justo quitarle una mensualidad a todos o congelar sus salarios por igual, los que han bregado con el virus en los hospitales, los que han seguido trabajando desde casa las mismas horas o más y los que no han trabajado nada? Les invito a abandonar el corporativismo, tienen poco en común el basurero municipal con el jefe de negociado del ministerio de Economía. No se trata de culpabilizar o castigar a ningún empleado o funcionario público, se trata de aplicar criterios de justicia retributiva diferenciando entre el que está trabajando y el que no.

Esta pandemia ha impedido que muchas personas puedan trabajar, tan injusto es dejarlas sin modo de subsistencia como seguir pagándoles con el esfuerzo de los que si están trabajando como si no hubiera sucedido nada.

¿Por qué defendemos un ERTE para algunos empleados públicos y no para empresas como por ejemplo Inditex? Sencillamente porque un ERTE en una empresa privada supone que el empresario (en este caso con unos beneficios multimillonarios) deje de pagar el sueldo e incluso la Seguridad Social de sus trabajadores y lo paguemos todos. Pero un ERTE de un departamento público supone que es el propio contratador el que lo paga, el Estado, y ningún empresario se lo ahorra para convertirlo en plusvalía si la empresa tiene beneficios. Al contrario, somos todos los que nos ahorramos las diferencia entre lo que se paga por un ERTE y el salario íntegro pagado por no trabajar. También he de reconocer que puede haber ERTEs justificados en empresas privadas, algunas pequeñas, un bar o un pequeño taller, en los que no les podemos pedir al contratador que asuma sueldos de empleados sin que su empresa está produciendo.

No faltarán quienes consideren que estoy embistiendo contra los funcionarios, que les estoy acusando de perezosos y de cobrar grandes cantidades del erario público. Al contrario, estoy poniendo en valor a los que más están trabajando y cobrando menos, y pidiendo solidaridad a los que más cobran y trabajando nada debido a esta coyuntura. Y, sí, seguro que los primeros son los más y los segundos los menos, pero precisamente por eso hay que dar ejemplo de que se está haciendo justicia. A los funcionarios públicos que les ofenda mi propuesta deberíamos preguntarles por qué se consideran más perjudicados por el hecho de que los que cobran tres mil euros y no están trabajando pasen a cobrar mil euros, en lugar de sentirse agradecidos porque reconozcamos el trabajo de los que siguen trabajando duramente por mil euros que, por supuesto, son mayoría.

Cuando yo vivía en Cuba y criticaba al funcionario que no trabajaba o era ineficaz, éste me acusaba de atacar a la revolución y al sistema socialista, pero, en cambio, el que sí trabajaba sabía que el modo de defenderla era lograr que los empleados públicos fueran eficientes y denunciar los que no lo eran. El mejor modo de terminar con un servicio público, un sistema estatal de servicios y la buena imagen de unos empleados públicos es permitir las desigualdades e injusticias entre sus trabajadores. No premiar ni reconocer el trabajo de los buenos funcionarios y mirar para otro lado cuando hay empleados o puestos de trabajo ineficaces es el modo más rápido de dañar la imagen de nuestro sistema público. Se trata de que los españoles estén orgullosos de sus trabajadores públicos y de pagar sus impuestos. En este momento, ante la mirada de todos los que pagan esas nóminas, podemos optar entre dar un ejemplo de justicia salarial o de lo contrario.