El dedo de la pandemia señala la reconstrucción

“Cuando el sabio señala la Luna, el necio mira el dedo” (Confucio)

Tras la tercera prorroga del estado de alarma, ha comenzado sus trabajos en el Congreso de los Diputados la llamada Comisión para la Reconstrucción Económica y Social.

No es difícil aventurar que sus resultados serán escasos. No solamente porque la derecha y la derecha extrema mantienen un enfrentamiento global contra el Gobierno de Coalición, que hará que Casado difícilmente pueda dejar su danza de postureos mediáticos, como ya estamos viendo, y porque Abascal y los suyos siguen difundiendo cosas como que el Estado pague todos los salarios del país, mientras baja los impuestos y la deuda.

Los motivos determinantes serán que no existe un diagnóstico razonablemente común de la realidad y, sobre todo, que los respectivos objetivos están radicalmente enfrentados. Y esta es una cuestión de fondo. Todo el debate sobre la desescalada que está manteniendo la derecha (desde los nombres de la Comisión Técnica y los plazos de cada fase, hasta la desinformación, los bulos y las campañas de injurias) constituyen una preparación artillera con munición de distinto calibre (según se trate de la derecha o la derecha extrema) para desgastar al Gobierno y extender la desconfianza en él de la ciudadanía. Los objetivos: hacer entrar en crisis el Gobierno de Coalición, hasta si fuera posible su caída; forzar acuerdos con la derecha que acaben con cualquier salida de progresista y, finalmente, imponer una salida de la situación a imagen y semejanza de los intereses neoliberales.

El Gobierno y las fuerzas que lo componen no deberían caer en la trampa. La estulticia que se empeña en mostrar la dirección del PP es real, pero no explica el fondo de su conducta. Su dedo está en la pandemia; no importa el disparate. Pero señala las condiciones de la “nueva normalidad”. No hagamos el necio.

La izquierda está confusa porque no se atreve a comprender y asumir con todas sus consecuencias que la pandemia ha acelerado la historia y no hay salida de avance democrático y social sin cuestionar el neoliberalismo. Los gurús de las relaciones públicas no pueden sustituir la lucha social y de ideas.

Cuando se ha abierto una ventana de oportunidad para avanzar en el cambio en la correlación de fuerzas que permita que lo que es necesario se vaya haciendo posible, el Gobierno de progreso ha devenido en timorato.

Proponer un acuerdo tipo “Pactos de la Moncloa” simplemente está fuera de la realidad y no es siquiera un buen recurso de marketing porque las derechas no están interesadas en ello. Lo que busca el PP (y por eso ha llevado las conversaciones a una Comisión Parlamentaria) es culpabilizar al Gobierno hasta de la estructura del ADN de la covid-19 con el mayor retumbar mediático posible. Y será difícil que el PP pague electoralmente el desacuerdo, habida cuenta de los medios de comunicación afectos (que diría Abascal) con los que cuenta y de los sectores sociales que se sienten representados por esa actitud. Pero lo más importante es que, teniendo en cuenta la situación de minoría parlamentaria, cualquier acuerdo amplio tiene muchas posibilidades de ir en perjuicio del programa del Gobierno de Coalición. Hoy sólo el papel que puedan jugar los sindicatos de clase y los movimientos sociales puede equilibrar la situación.

Por otra parte, un hecho debería ser reconocido, aunque no se hace: el programa del Gobierno PSOE-UP ya no se corresponde con la realidad. Desde el punto de vista social, económico y cultural esta ha cambiado sustancialmente. Esto es una grave amenaza que debe corregirse lo antes posible para resituar el acuerdo ante las condiciones  de esa “nueva normalidad”. La derecha y los poderes fácticos ya han empezado a morder carne.

Varias condiciones son imprescindibles: la primera es que el acuerdo debe representar un avance social. La segunda es que el Gobierno PSOE-UP es quien tiene la legitimidad democrática para gobernar y a él le corresponde irrenunciablemente la iniciativa. La tercera ya se ha señalado: las organizaciones sindicales y sociales tienen un papel muy importante en esta situación. En las mesas y en la calle: el acuerdo sobre la prolongación de los ERTE y la huelga de Nissan son buenos ejemplos.

La izquierda debe convencerse de que el neoliberalismo en particular ha dejado clara su incapacidad de resolver problemas sociales vitales: la vida, la salud de los seres humanos y el desarrollo sostenible, pero también se muestra inútil ya para abrir horizontes de salida a las crisis sistémicas a no ser mediante un cierto modelo  de fascismo neoliberal. En el marxismo se ha teorizado que los sistemas sociales sucesivos han representado históricamente  un avance sobre el precedente (el feudalismo sobre la esclavitud y el capitalismo sobre el feudalismo). Ahora el capitalismo ha quedado emplazado a demostrar que puede resolver crisis con democracia.

Y esto sitúa la lucha de ideas en el centro de la práctica política. Será brutal en el próximo período por tierra, mar y aire (como estamos viendo la derecha no duda en usar mentiras, desinformaciones, bulos e injurias). Es posible que Sánchez lleve razón cuando se niega a polemizar con la derecha. Veremos. Pero es un suicidio que las fuerzas que se reclaman de izquierda abandonen la lucha de ideas. La ciudadanía empieza a comprender mejor que nunca que “capitalismo es muerte”  pero hay que ayudar a formalizarlo y explicarlo.

Las residencias, la madre de todas las batallas sociales

Un nudo clave en esta explicación bien puede ser lo ocurrido en las residencias de mayores. No solamente es un hecho vitalmente próximo a una gran parte de la ciudadanía, además conecta con la inteligencia emocional de millones de personas. Los magníficos trabajos publicados por Manuel Rico en infoLibre.es (24 de abril y 3 de mayo) permiten un clarificador análisis sobre neoliberalismo y negocio de los cuidados personales. A través de la lectura de estos trabajos se puede ver con claridad cómo han funcionado las cosas.

Así, sectores preeminentes del capitalismo se dirigieron hacía las residencias como un modelo de negocio muy rentable (una sola residencia del grupo Vitalis hizo un millón de euros de beneficio en 2019). Se hacía posible diversificar inversiones en actividades con altas tasas de ganancia y guarecerse así frente a la crisis sistémica. El análisis del mapa de residencias existentes en España muestra que ahí entraron fondos de inversión con sedes en paraísos fiscales (con muchas preferencias por Jersey, hasta hace poco dentro de la UE) y capitalistas internacionales (Peugeot, Alcampo, etc…), pero no sólo. El grupo CLECE (ACS, con Florentino Pérez y los Albertos tiene 61 residencias) y otros como José Luis Ulibarri (procesado  en el caso  Gürtell, la familia Cotino o Enrique Ortíz (también procesado en Gürtell),  empresarios catalanes y valencianos, grupos bancarios franceses (en el entorno de Crédit Agricole) y españoles (Caser), empresas de medicina privada (Sanitas) o aseguradoras (Santa Lucía). Pero no solamente, la Cooperativa Mondragón a través de GSR (la mitad de sus trabajadores son socios cooperativistas) con sus residencias mayoritariamente en Euskadi,  y hasta el Padre Ángel (mediante Mensajeros de la Paz con 110 residencias y presencia en 50 países) están en el sector. Cada uno con sus prácticas concretas que se han reflejado en el número de víctimas de cada residencia.

A estos efectos, es interesante recordar lo que afirmaba Iñaki Ereño, consejero delegado de Sanitas, en una reciente entrevista en El Mundo (20/04/2020): “Las residencias de mayores son para cuidar, y no para curar”. Lleva razón, pero seguramente “cuidar” significa también atender a una persona cuando enferma trasladándola a una institución sanitaria que lo pueda curar. Más adelante dice que “no hubo hueco en los hospitales”, pero es posible que eso se pueda denunciar en el juzgado si son hospitales ajenos, pero resulta sorprendente cuando se afirma en la misma entrevista que 1.300 enfermos de coronavirus han sido atendidos en “nuestros recintos clínicos”. Una explicación a la que últimamente se ha sumado la Presidenta de la Comunidad de Madrid.

La derecha ha entendido desde el primer momento que las residencias eran un punto débil de su relato y que los datos de mortalidad en ellas representaban una amenaza para sus intereses y objetivos. Por ello ocultó los datos: el número de fallecidos puedo fijarse en 16.500 (el 67% del total de muertes en el país) el 20 de abril pero no se volvió a saber nada hasta el 6 de mayo, cuando la SER logró sumar hasta 17.500 muertos, aunque reconoció que de forma bastante incompleta. Finalmente, a 11 de mayo los muertos llegaron a ser 17.700.

Además de escamotear los datos, las CC.AA. gobernadas por la derecha se empeñaron con mucho celo en derivar sus responsabilidades sobre el Gobierno. Pero las competencias eran plenas de las Comunidades Autónomas antes de la declaración del estado de alarma. Por tanto, la regulación de las mismas, las dotaciones profesionales (médicos y de otro tipo), los equipos y materiales existentes eran definidos, controlados e inspeccionados por las CC.AA, hasta el punto de que existen 17 leyes autonómicas sobre servicios sociales que recogen estos aspectos, avaladas por una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce sus competencias plenas. A lo largo del Estado de Alarma, se produjeron dos órdenes ministeriales relacionadas con las residencias (19 y 23 de marzo)  pero en ninguna de ellas se cuestionaban las competencias autonómicas. Permitieron coordinar la UME para que realizara desinfecciones (más de 4.000 centros), se clasificó a su personal en “servicios esenciales” y se atribuyó a las CC.AA. la capacidad de intervenir las residencias privadas (la propia Comunidad de Madrid ha intervenido 14 residencias). Todo ello en función de leyes y competencias estatales genéricas sobre salud pública.

El poder judicial lo tiene claro cuando ya hay sentencias de algunos tribunales exigiendo la medicalización de residencias a las autoridades autonómicas, como es el caso de la Comunidad de Madrid con relación a residencias de Alcorcón y de otros municipios. La Fiscalía ha aumentado a 134 las investigaciones penales abiertas, 61 de ellas en la Comunidad de Madrid, a las que hay que sumar otras 171 diligencias civiles.

Otro aspecto del mayor interés  es la deficiente explotación estadística de la alta letalidad producida por el coronavirus en las residencias de mayores. Es difícil establecer un análisis por la baja calidad de los datos. Se puede hacer una estimación aproximada sobre cifras del lunes 4 de mayo ofrecidas por El País que darían un porcentaje total de muertes sobre casos confirmados en personas de más de 70 años del 87% en el conjunto de la población. Un total de 22.280 sobre una población de 6,9 millones de personas. Un porcentaje de mortalidad de 3,2 por mil. En el caso de las residencias de todo tipo (373.000 plazas) esta relación sería de 46,9 por mil, casi 15 veces superior; aunque el porcentaje de residentes  de entre 70 y 80 años de edad es menor que en la población en general. Por ello, sería más ajustado a la realidad considerar sólo la franja superior a 80 años (61% de los muertos totales, 15.600 personas). En este caso la letalidad en las residencias sería 9 veces superior al grupo de la misma edad en el total de la población.

De forma que estas muertes no son tan debidas a la edad como a la condición de usuario de una residencia de mayores. Un factor que requiere una investigación mucho más fina de lo que se ha hecho hasta ahora.

Finalmente, hay que tener en cuenta que  esta enorme letalidad se ha dado en residencias tanto públicas (son el 29% del total) como de propiedad privada, concertadas, y públicas con gestión privada.

Verlo sólo como un problema de públicas o privadas es un error que puede situar la solución en un terreno equivocado. Las públicas también tienen un modelo de cuidados semejante a las privadas, es decir basado en la optimización de la gestión económica, que ha conducido a la estabulación y el entontecimiento de los mayores. Ese es el modelo que hay que cambiar.

Otro modelo productivo, otro modelo social

Intentando mirar donde el dedo señala, la llamada “reconstrucción”, también las residencias de mayores permiten trabajar con su ejemplo. No se trata de la dicotomía público/privado, que también. Se trata de la necesidad de un cambio radical del modelo de cuidados de mayores, que sólo será posible desde lo público porque la lógica del beneficio nos devuelve adonde veníamos. Será necesario desarrollar y fortalecer la Ley de Dependencia para que las personas mayores puedan permanecer el mayor tiempo posible en sus casas y en su ambiente familiar, con la debida atención y cuidados sanitarios y sociales. Cuando esto ya no sea posible habrá que recurrir a unidades reducidas de convivencia y viviendas supervisadas. El modelo ya existe y se ha empezado a desarrollar en el País Valenciano.

CC.OO. y UGT popularizaron para el 1 de mayo el lema “Otro modelo es necesario”. Eso daría sentido a los conceptos de “nueva normalidad” o “reconstrucción”, pero no está garantizado que el Gobierno haga la misma lectura y que el Congreso la respalde suficientemente. Por eso es fundamental la batalla de ideas y eso exige claridad y relatos coherentes.

¿Qué se quiere decir con “reconstrucción”? La RAE define este concepto como volver a construir y en otras acepciones añade “algo antes existente”. Las palabras tienen su significado y éste termina correspondiendo con la realidad por más que se intente su migración. ¿Volvemos a construir lo que había en enero de 2020, con un modelo productivo perverso para el desarrollo económico sostenible y para unas relaciones laborales equilibradas? ¿O reconstruimos el modelo existente en 2008, antes de la crisis sistémica? Seguramente se me contestará que no, pero eso tiene que acompañarse de objetivos y relato. Izquierda Unida ha hecho un buen documento de más de 400 páginas, con cientos de propuestas, pero habrá que ir más allá de un catálogo de medidas documentado (y esto es muy útil) para las comisiones parlamentarias y los debates que se van a producir en  los grupos técnicos. Es necesaria una clara definición de objetivos. Otros modelos productivos y sociales son necesarios, referencian y articulan las propuestas, y deben ser definidos.

Uno de los aspectos de esta definición es que la economía social ha de jugar un papel creciente en el nuevo modelo productivo, junto con el sector público. Naturalmente una economía social rediseñada para que la apropiación del beneficio (la plusvalía) sea de quienes trabajan y no de quienes controlan el capital sin trabajar. Esta economía social será un excelente instrumento para que la colaboración público/social sustituya a la público/privada.

Desde otro ángulo del análisis, ni siquiera se trata de limitar los aspectos negativos de las reformas laborales y del modelo productivo. Son pantallas pasadas. ¿Alguien cree que volverán a venir 85 millones de turistas con el mismo modelo turístico que hemos tenido? ¿Alguien supone que la vivienda, el urbanismo y el transporte urbano e interurbano recuperarán sus formas actuales? ¿Hasta la próxima pandemia o un poco más? ¿Se supone que la jornada laboral y la conciliación con los demás aspectos de la vida podrán ser igual que ahora? ¿La economía de cuidados seguirá teniendo la misma estructura? ¿Bastará con contratar más personas en la sanidad y la educación públicas? ¿Alguien defiende que la prolongación de las políticas de rentas básicas es preferible a la disminución drástica de las jornadas laborales?

Son preguntas a contestar por todos, pero la izquierda alternativa tiene el deber de liderar las respuestas de progreso. Si no lo hace, desaparecerá.

Los sectores más dinámicos del capital también tienen ante sí un desafío: demostrar ante la sociedad que aún tienen recorrido como factor avance social. Como están acostumbrados a planificar sus grandes inversiones con un período de tiempo de al menos 10 años, e incluso a “condicionar” lo que llaman el ambiente para la inversión, están en condiciones de entender que sólo los sectores de producción vinculados a las exigencias del cambio climático y a la introducción de la digitalización y la inteligencia artificial mantendrán una tasa de ganancia remuneradora. En eso hay espacio para acuerdos ganador-ganador con los trabajadores porque ambos aspectos son ineludibles para su conciliación con la “nueva normalidad”. Lamentablemente, las últimas exigencias de la industria del automóvil en España no parecen reflejar que el contexto se haya entendido. Los combustibles no podrán seguir siendo los mismos, pero ni siquiera el número y distribución de los asientos de un autobús. Hay que levantar mucho el listón y subir la mirada en el horizonte.

Las consecuencias de la pandemia abren una gran ventana de oportunidad para ese nuevo modelo social necesario. En esta etapa histórica sería posible construirlo superando las contradicciones en un marco de profundización de la democracia. El reto de nuestro tiempo.