El bloqueo táctico de Nadia Calviño

Mats Lucia Bayer, militante de Anticapitalistas

Golpe en la mesa de la patronal y nueva crisis en el Gobierno de coalición. La derogación de la reforma laboral se ha colado como condición para la prórroga del estado de alarma por otros quince días más. El acuerdo firmado por PSOE, Podemos y Bildu, aseguraría que se adoptasen dos medidas esenciales: la derogación integral de la reforma laboral de 2012 y la flexibilización del gasto en los ayuntamientos, permitiendo el sobrepasar la ley Montoro. Es útil recordar que la derogación de la reforma laboral ya figuraba en el acuerdo de Gobierno acordado para la coalición, aunque desde entonces la cuestión se había ido diluyendo (ayudada por el hecho de deber gestionar la crisis sanitaria). Ahora, la necesidad de la abstención de Bildu ha forzado la concreción de esta medida, que debería ser integral, y añadiendo además un plazo: debería aplicarse antes de que se acaben las medidas extraordinarias promulgadas para hacer frente a la covid-19.

El efecto desestabilizador que la pandemia del coronavirus tiende a agudizar las contradicciones sobre las cuales se asientan la mayoría de gobiernos. El caso español no es una excepción y las contradicciones han marcado los límites de la acción de Gobierno. Se ha asumido así el pago de los salarios de aquellas empresas que se declararan en ERTE, evitando que la tasa de paro se disparase automáticamente, la moratoria en el pago de los alquileres no ha hecho que desplazar el problema de su pago en el tiempo (tras presión de los movimientos sociales), la pandemia no puede servir como excusa para despedir por causa objetivas (no se han prohibido, sino que pasan a ser improcedentes), la prohibición de acceder a los ERTE a las empresas con domicilio en paraísos fiscales es con respecto a la ingeniería financiera contemporánea, como querer apagar un fuego con una pistola de agua. En su conjunto, se trata de medidas que cumplen su función simbólica pero cuyo efecto poco tiene que ver con una “victoria del movimiento obrero”. Más bien, la idea que vehicula el conjunto de la acción de gobierno es que el paquete de medidas propuesto demuestra que, comparado con la gestión que tuvo lugar en el 2008, “se puede gestionar la crisis de otro modo”. Lo que también se demuestra, es hasta qué punto el marco del PSOE se ha convertido en el marco en de referencia y horizonte de posibilidades para que Unidas Podemos desarrolle su política.

A pesar de los avances, una de las mayores contradicciones del actual Gobierno es la asimetría de poder en su seno. Así, mientras que las movilizaciones en sectores como el del derecho a la vivienda consiguen arañar una moratoria de los alquileres que garantiza las rentas y que transforma los alquileres debidos en deuda, a la CEOE le basta con levantar el teléfono y marcar el número de Nadia Calviño, para que un gobierno progresista cambie los términos de un acuerdo firmado el mismo día. Obviamente, esto tiene que ver con las condiciones de partida de la coalición, que se articuló en torno a un equilibrio precario, con una correlación de fuerzas muy favorable al PSOE, que dejaba a Unidas Podemos con ministerios menores o con competencias disminuidas (mientras que en carteras clave eran ocupadas por personas clave de corte neoliberal). Yéndonos un poco más lejos en el tiempo, también tiene que ver con la progresiva subordinación durante los años de Podemos e IU al espacio político del PSOE, abandonando poco a poco una voluntad de autonomía con respecto al mismo. La capacidad histórica del PSOE de conjugar un voto de clase trabajadora con la aplicación de programa económico neoliberal se ha adaptado y quiere demostrar que es capaz de integrar al espacio político de Unidas Podemos.

El jueves, la vicepresidenta y ministra de economía señaló que no es pertinente el derogar la reforma laboral porque generaría demasiada incertidumbre e inseguridad jurídica en un contexto de la “mayor recesión de nuestra historia”. ¿Incertidumbre para quién? Cabría preguntarse cuánta gente se encuentra ahora mismo en vilo, sabiendo que pueden quedarse en la calle de un momento a otro, gracias, entre gran parte, a la reforma laboral que se pretende derogar. Como medio de presión añadido, la CEOE ha acabado abandonando la mesa del diálogo social. La negociación a tres bandas entre gobierno, sindicatos y patronal ha sido durante estos meses el sello mediante el cual el Gobierno quería demostrar la viabilidad de las políticas. Pero no se trata únicamente de respetar un marco de negociación dado. Es precisamente en estas negociaciones donde la patronal tiene más fuerza, porque además de representarse a si misma y no tener que pasar por distintas mediaciones (PSOE, PP, C’s, Vox, PdCat, PNV, CC, etc.), la contraparte es mucho más dócil y previsible que las diferentes expresiones de izquierdas en el parlamento.

La derogación de la reforma laboral de 2012 ha sido de los puntos que más tensiones ha cristalizado en el actual Gobierno desde las elecciones de noviembre. No es para menos, ya que la manera en cómo se derogue, o reforme, indicará no sólo el tipo de salida le quiere dar el actual gobierno a la crisis, sino que también determinará la capacidad de respuesta por parte de las y los trabajadores.   Frente a su potencial conflictivo, distintas fuentes en el gobierno han querido matizar este conflicto arguyendo que toda modificación legislativa requiere una serie de modificaciones técnicas. Cuando el debate se acaba centrando en la aplicación de procedimientos técnicos se tiende a difuminar la cuestión de fondo. En este sentido, en lo que respecta a la reforma laboral, es una mala señal.

En el conjunto de estas mediaciones y negociaciones, Calviño juega un papel primordial, estableciendo los límites de la acción del Gobierno y marcando la línea que corresponda con los intereses del capital. Su presencia en el Gobierno permite cuadrar una cierta coherencia entre las distintas escalas de poder, desde el europeo y las plazas financieras hacia el nacional. Estos elementos no son, si de lejos, de una sorpresa, pero sí que es cierto que la ilusión de poder sobrepasar el cerrojo neoliberal se ha visto de nuevo desmentida.

Esto plantea un problema importante para gran parte de la izquierda, cuyo principal referente (UP) se encuentra siendo partícipe de estos mecanismos. Varias son las reacciones que hemos identificado estas semanas: por una parte, se extiende un sentimiento de resignación parcial frente a los límites que impone el contexto de la pandemia y la crisis sanitaria. Por otro lado, una tendencia a glorificar aquellos “logros” que provienen de su participación en el ejecutivo (como las medidas sociales descritas anteriormente). Ambas actitudes desembocan en la justificación de la presencia de UP en el Gobierno, así como de los “sapos” que se está teniendo que tragar.

En un contexto de polarización creciente, esta dinámica puede tener un coste muy alto para las y los de abajo. Las movilizaciones promovidas por la extrema derecha en las últimas semanas persiguen, de nuevo el objetivo de ejercer como la principal fuerza de oposición, bajo una clave impugnatoria. Afortunadamente existe una parte de la población les planta cara en la calle y denuncia sus discursos de odio (además de su irresponsabilidad sanitaria). Sin embargo, cabe preguntarse qué puede ofrecer UP ahora mismo a una población y unos movimientos que necesitan urgentemente un plan de rescate social. Lo acontecido en esta semana es la enésima confirmación del error que supone el sacralizar la vía institucional para el cambio social entrando en un gobierno con una correlación de fuerzas tan desfavorable como la de UP con respecto al PSOE. En este contexto, es preciso el establecer una agenda política de forma independiente a las necesidades del Gobierno, cuyo punto de partida sean las necesidades reales de la gente. Desde la izquierda radical urge el proponer una alternativa que permita defender los intereses de las clases populares. Algunos pasos ya se están dando, como el Plan de Choque Social promovido por movimientos y organizaciones al inicio del estado de alarma y la campaña de Anticapitalistas para que sean los ricos quienes paguen esta crisis.