¡El pueblo se respeta, carajo! Protestas ante la Embajada de EEUU en Bogotá

Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza

Durante más de tres meses de confinamiento en el país andino las protestas se han sucedido en diferentes partes del territorio; principalmente vinculadas a la falta de recursos y ayudas oficiales con las que hacer frente a la escasez y crisis económica que se ensaña especialmente en las capas populares, las más desfavorecidas al no poder acudir al “rebusque”, empleo informal diario, que ocupa a mas de la mitad de la población. Las banderas rojas en las puertas y ventanas de las casas son el signo mas evidente de esta petición de auxilio.

La política de Duque, también conocido como Uribe III, en referencia a que ejercería como títere del ex-presidente que le auspició como su candidato para ejercer un tercer mandato desde las tinieblas, durante la pandemia está orientada en favorecer a bancos, empresarios y grandes capitales, flexibilizando y degradando los derechos laborales, en lugar de ayudar a la ciudadanía. En esta situación de calamidad pública ha dictado mas de 100 decretos sin control legislativo. El Presidente Duque, que antes de ganar las elecciones afirmó que no haría trizas el acuerdo de paz con las FARC-EP pero sí que realizaría “modificaciones”, parece demostrar lo contrario: no se ha implementado ninguno de los puntos del acuerdo y actualmente más de 200 firmantes de las antiguas FARC-EP han sido asesinados.

El actual partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) anunció hace unos días su retiro de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación por las declaraciones del alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en las que celebraba la inclusión de Cuba y Venezuela en lista de países que no colaboran en lucha contra terrorismo por parte de Estados Unidos, ante la negativa de Cuba a extraditar a los negociadores del ELN (Ejército de Liberación Nacional) que residen en la isla a petición del anterior Gobierno colombiano como parte de un protocolo internacional auspiciado por el ex-presidente Santos. Las maniobras del actual Gobierno desconociendo estos protocolos, para plegarse a la política internacional de EEUU de aislar a Cuba y atacarla con argumentos de política anti-terrrorista, han despertado un clamor al interior de Colombia por la ignominia que supone dicha acusación por los esfuerzos y compromisos que siempre ha demostrado la isla caribeña hacia los procesos de paz con las FARC y el ELN. La plataforma Defendamos la Paz, en la que se integran políticos de todo el arco ideológico, afirma que "el respeto del protocolo de ruptura constituye una obligación del Estado y de ninguna manera la insistencia de Cuba en su acatamiento se puede asimilar a complicidad con terrorismo".

Desde la firma de los acuerdos de Paz y hasta finales de 2019 fueron asesinados mas de 800 líderes sociales, desde inicios de 2020 más de 130 y durante la cuarentena más de 30. Los líderes sociales confinados en sus hogares son ahora mas que nunca las víctimas ideales y fáciles de asesinos que se mueven libremente por el territorio nacional en medio del confinamiento y en territorios altamente militarizados. Otro prototipo de víctimas son los campesinos que mueren en operativos de erradicación de hoja de coca. En medio de la pandemia el Gobierno, ha decidido priorizar y retomar estas operaciones donde son habituales las muertes por parte del Ejército.

Las protestas por las muertes por abusos policiales coinciden con la noticia por parte de la Embajada de EEUU en Colombia de desplegar un contingente de tropas integrados por 800 soldados que ha despertado protestas de la oposición colombiana y que ha sido calificado de ilegal por el Grupo de Puebla, foro internacional de académicos y políticos de 12 países entre los que se encuentran ex-presidentes como el español Zapatero y el propio Presidente de Argentina Fernández: “este acuerdo, además de ser ilegal -porque viola la exigencia constitucional de una aprobación previa por parte del Senado de la República de Colombia- contribuirá a escalar el conflicto que viven los dos gobiernos, elevar la tensión en sus zonas fronterizas, y eventualmente, convertirse en plataforma de lanzamiento de la ofensiva militar que ha anunciado el presidente Trump contra Venezuela, desestabilizando así la seguridad de hemisferio”. "Le tenemos rodeado a un nivel que nadie conoce, pero ellos sí lo saben", fue lo que afirmó Trump, quien incluso aseguró que "algo pasará". Los intentos de desestabilizar y derrocar el legítimo Gobierno de Venezuela con sanciones, bloqueos navales, maniobras conjuntas entre el Ejercito de EEUU y Colombia, así como el frustrado intento de invasión de mercenarios norteamericanos que llegaron a incursionar en marítimamente en territorio venezolano Colombia (operación Gedeón), han sido insuficientes  y de nuevo Colombia aparece como el peón norteamericano y su territorio como cabeza de playa para una invasión.

El tradicional papel de Colombia como pieza subordinada a los intereses del imperialismo de EEUU en el escenario internacional se reafirma. Después de que se congelaran durante 60 días los movimientos de tropas a causa de la pandemia de coronavirus en todo el mundo, tal y como anunció el Secretario de Defensa Mark Esper el pasado 26 de marzo, por primera vez se despliega en Latinoamérica un contingente de la SBAF (Security force assistance brigade Soldiers) con el pretexto de asesorar a las fuerzas colombianas en la lucha antinarcóticos. Un traslado de tropas que coincide con otros del mismo grupo de militares que está anunciando EEUU en todo el mundo: Senegal, Túnez y Filipinas. La llegada de tropas norteamericanas no es nueva ya que históricamente han existido militares de EEUU en bases militares. En el rechazo a su presencia influyen, entre otras razones, el recuerdo del papel que jugó EEUU en la segregación y pérdida de Panamá de Colombia  y los notorios casos de violaciones sexuales por parte de soldados que han quedado impunes (la inmunidad es un requisito que aplica el país norteamericano en sus operaciones en el exterior). Ahora, además, la llegada de unas tropas que pueden traer consigo la enfermedad del coronavirus, por proceder de un país con altos niveles de contagio, es altamente criticada.

En definitiva, Colombia puede convertirse en escenario de un conflicto armado internacional sin que se haya resuelto el conflicto interno que aún perdura y en medio una crisis sanitaria y económica sin precedentes a nivel mundial, todo ello, por la ineptitud y servilismo de un Presidente que  ha sido tildado de "Frank Underwood criollo" en alusión a la chaqueta con la que en diferentes ocasiones comparece en sus ruedas de prensa televisas y que se asemeja a la del protagonista de la serie House of Cards, otra prueba de la subordinación a los intereses norteamericanos, en este caso en cuanto a valores simbólicos y culturales.

En este contexto se organizó, ante la Embajada de EEUU en Bogotá, un “plantón” contra el racismo y el genocidio del pueblo negro. En Colombia, país con miles de víctimas del conflicto armado, es tradicional la consigna por "nuestros muertos ni un minuto de silencio toda una vida de combate". Por eso, en lugar de silencio, cánticos en homenaje al recién fallecido George Floyd pero sin olvidar a otras víctimas recientes de la brutalidad policial colombiana: el joven afrodescendiente Anderson Andrés Arboleda Montaño, muerto el pasado 21 de mayo en Cali, después de que le agrediera la policía, o Dylan Cruz, asesinado a finales de 2019 por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios – ESMAD, durante las protestas del paro nacional en Bogotá.

Los jóvenes con gritos dieron un rodeo a la embajada cantando "¿Quien le mató? La policía y ¿quien responde? nadie ¿y por qué no responde?, porque no hay justicia, ¿y si no hay justicia? no hay paz".  Ante la impunidad generalizada en Colombia, el grito es unánime, como a Floyd, "¡¡Dylan no murió, a Dylan lo mataron!!":

El otro tema central de la marcha, la oposición a la llegada de esas tropas a Colombia, resumida y ejemplificada en consignas como "no queremos y no nos da la gana ser una colonia norteamericana y sí queremos y sí nos da la gana ser una Colombia libre y soberana".

En el exterior de la Embajada, Erika Prieto, de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, afirma que "la única salida para este momento es salir a la calle, seguir luchando porque estos gobiernos van a seguir respondiéndole a los intereses de los banqueros, del capital y no los del pueblo, estamos aquí en defensa de la soberanía nacional y diciendo fuera a los militares gringos de Colombia".