¿Qué podemos esperar del plan de reconstrucción de la Unión Europea?

  • "La derivada natural del mismo ha dado lugar a un clima generalizado de desafección con la UE que pone incluso en jaque la propia supervivencia del proyecto"
  • "Las señales que emite la UE no son ni mucho menos de giro en su modelo político y económico, sino más bien de ahondamiento en el mismo"
  • "Nada se habla del desmantelamiento de los paraísos fiscales y la lucha contra el fraude, cuando cada año los países europeos dejan de recaudar 25.000 millones"

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Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad

A la espera de la letra pequeña, y pendientes todavía del resultado de una negociación que se promete tensa, ya conocemos en términos generales la estrategia que la Unión Europea (UE) ha diseñado para enfrentar el shock generado por la covid-19.

En una primera fase ya en marcha hasta finales de año, y bajo el relato de un supuesto “triple escudo de defensa de empresas, estados y trabajadoras”, los esfuerzos se están centrando fundamentalmente en "inyectar liquidez a los mercados" (en torno a 2 billones de euros) a través de la banca y de las grandes empresas. Estas son, en última instancia, las principales beneficiarias del billón que el Banco Central Europeo (BCE) se ha comprometido a insuflar vía compra de deuda pública y privada, del programa de avales impulsado por el Eurogrupo (200.000 millones), así como de la posibilidad de inversión pública temporal en corporaciones estratégicas en dificultades –donde destaca especialmente el apoyo al sector aeronáutico y de automoción–. Al mismo tiempo, haciendo de la necesidad virtud, se ha permitido que los estados suspendan por el momento el límite de endeudamiento contemplado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, teniendo además acceso a 240.000 millones en préstamos MEDE –para temas sanitarios únicamente–, junto a otros 100.000 para programas de regulación temporal de empleo (programa SURE).

Esta estrategia a corto plazo, lejos del imaginario del triple escudo, ofrece una respuesta altamente "insuficiente". No solo en términos generales (si comparamos con la asumida por EEUU, Reino Unido, Dinamarca o Alemania, por poner solo algunos ejemplos), sino también en lo referente a los países más castigados por la pandemia, que reciben ayudas en función de su población total, no de su situación específica. Además, también es "insensible al creciente drama social", ya que en la práctica sus metas se centran en evitar ataques especulativos y sostener con respiración asistida a las empresas transnacionales ultra-endeudadas, no en defender a las mayorías sociales y a los pueblos. Al mismo tiempo, este plan ahonda el ya de por sí grave problema de "deuda pública", al vehiculizarse absolutamente mediante préstamos y avales, sentando así las bases de nuevos estallidos financieros. Evidencia, a su vez, la "insolidaridad y el dogmatismo" de un proyecto europeo incapaz de dar respuestas colectivas, audaces y adaptadas ante una situación extraordinaria. Y, como corolario, se mantiene absolutamente ajeno a la situación actual de "colapso ecológico y de crisis" del modelo globalizado de acumulación capitalista.

Así, este “paquetazo económico” generó numerosas críticas, tanto de los representantes de los países más afectados por el coronavirus como de numerosos movimientos sociales a escala continental. La derivada natural del mismo ha dado lugar a un clima generalizado de desafección con la UE –especialmente en el sur del continente–, que pone incluso en jaque la propia supervivencia del proyecto.

Next generation EU: plan de reconstrucción

En este contexto, la Comisión Europea ha presentado a finales de mayo la segunda fase de su estrategia, centrada en la "reconstrucción", y por tanto con una perspectiva temporal más amplia (2021-2017). Bajo la denominación de “Next generation EU”, el ejecutivo europeo propone un plan de 750.000 millones de euros más para el desarrollo de las reformas y adaptaciones estructurales que el momento crítico actual exige.

Su financiación se sufragaría mediante bonos a 30 años, además de una serie de impuestos todavía sin concretar, entre los que se baraja la obtención de ingresos derivados del carbón, plástico, la economía digital y las grandes empresas. Todo ello, en última instancia, bajo el respaldo del presupuesto europeo, cuyo techo se incrementa del 1 al 1.4% del PIB continental, y que incluso se eleva hasta el 2% con carácter temporal.

Estos recursos no se canalizarían únicamente a través de préstamos y avales, sino que se propone que al menos un 66% de las ayudas se vehiculicen mediante subvenciones a fondo perdido, dentro de un marco que combina numerosos instrumentos ya en marcha con otros mecanismos inéditos. El reparto, a su vez, se realizará en función del impacto de la pandemia en cada país. De este modo, Italia y el Estado español serán los principales beneficiarios, con un máximo de 172.745 y 140.446 millones, respectivamente.

El destino de los fondos se estructura en 3 líneas programáticas. La primera y mejor dotada (560.000 millones) se denomina “Inversiones y reformas”. Dentro de esta, junto a programas de cohesión (55.000) y transición ecológica (40.000), se impulsa un "mecanismo de recuperación y resiliencia" –auténtico meollo del plan–, destinado a la implementación de inversiones y reformas –sin concretar–, sujetas al “semestre europeo”. Esto es, vinculadas a la condicionalidad establecida en el sistema de gobernanza presupuestaria comunitaria, por el que los estados rinden cuentas ante la Comisión para el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como del articulado de los Tratados. Una segunda línea, “Incentivar inversiones privadas” (60.000), plantea el desarrollo –también sin concretar– de 3 programas para favorecer la solvencia y las inversiones estratégicas empresariales en la UE. La tercera línea, “Aplicar lecciones de la crisis” (130.000), se centra finalmente en reforzar sistemas sanitarios (EU4 Health, 9.400), protección civil (2.000), innovación e investigación (94.000), acción exterior (16.500) y otros.

Por último, el acceso a esta miríada de programas y mecanismos estará condicionado, en última instancia, a la negociación con las estructuras comunitarias bajo la égida del semestre europeo como ya hemos indicado, a partir de la presentación de planes específicos por parte de los estados.

“Next generation EU” se ha presentado, bajo estas características, como un aprendizaje de las críticas de la primera fase de la estrategia, incluso como una recuperación del espíritu de la "Europa social". Se destacan, en este sentido, una serie de avances: el aumento de un techo de gasto situado previamente en un pírrico 1% del PIB, inamovible hasta el momento, incluso cuando Alemania y Francia pactaron la propuesta de elevarlo para 2020, antes de la pandemia; la combinación de préstamos con subvenciones directas, mitigando así el impacto en la deuda de los estados; el abordaje del espinoso asunto de la fiscalidad como vía de financiación del incremento presupuestario más allá de los aportes de los países, que hoy suponen el 90% del total; la inclusión de cuestiones hoy en día ineludibles como el cambio climático, la economía digital, el fortalecimiento de los servicios sanitarios y la protección civil; y, por último, la definición de un tipo de condicionalidad supuestamente más laxa, no dependiente de la unilateralidad de los “hombres de negro de la Troika”, sino del debate en el marco del Semestre Europeo.

¿Se trata entonces de un giro en la política europea? ¿El comienzo de una reflexión profunda sobre las señas de identidad del proyecto continental? ¿Un reconocimiento del impacto funesto de su apoyo sistemático al capital?

Balance de la estrategia frente a la covid-19

La respuesta a estas preguntas ha de partir necesariamente de la cautela ante una negociación que no ha hecho sino empezar, así como de una estrategia muy difusa aún en términos de contenidos y condicionalidades. En todo caso, y únicamente conociendo sus parámetros fundamentales, sigue estando en su conjunto muy alejada de las necesidades de un momento tan crítico como el presente. Además, dado el antidemocrático modelo de gobernanza europea, el fundamentalismo reaccionario y/o neoliberal de países con capacidad de veto, así como numerosas evidencias de que el modelo económico no solo no se cuestiona sino que se acrecienta, no sería extraño que el nuevo “Plan Marshall” mostrara, cuando se concrete, el acostumbrado rostro timorato y corporativo de toda apuesta de la UE.

En este sentido, y en primer lugar, los recursos destinados a esta estrategia siguen siendo muy insuficientes. Es muy llamativo que los montos dirigidos a la inyección de liquidez (primera fase) sean más del doble de los destinados a la reconstrucción (segunda fase). Toda una declaración de intenciones, que deja meridianamente claras las prioridades. Además, la reconstrucción queda muy por debajo de las expectativas del parlamento europeo (que solicitaba 2 billones) o estados como el español (1,5), incluso partiendo de un turbio cálculo agregado que incluye programas que se crearán ex profeso para enfrentar el shock actual, con otros derivados de la dinámica presupuestaria habitual. En todo caso, y teniendo en cuenta estas salvedades, el plan en su conjunto destinaría 2,75 billones para que una población de 446 millones de personas enfrente en los próximos años una crisis que, según la propia UE, reducirá el PIB comunitario en un 7% en 2020, destruirá entre 25 y 35 millones de empleos, y ahondara su impacto en los próximos años, sin fecha clara de “recuperación”. Máxime si, como parece, se producen nuevos rebrotes.

En segundo término, el blindaje de los tratados de la UE, el sistema de toma de decisiones basado en el consenso entre los 27 países para cuestiones estratégicas como la presente,  así como el clima de virulento enfrentamiento entre los autodenominados "frugales" y "amigos de la cohesión" ("halcones" y "PIGS", en palabras del adversario), hace prever que la indefinición actual de la estrategia tenga más posibilidades de concretarse en un empeoramiento de los avances inicialmente presentados. De este modo, las reglas de juego y las asimetrías políticas podrían hacer decantar el resultado final en favor de la agenda hegemónica de la austeridad y la defensa de los mercados y corporaciones. Así, en un marco de evidentes desigualdades entre Norte y Sur, y en un momento de auge de la extrema derecha y del dogmatismo neoliberal, los “halcones” cuentan con un derecho de veto de facto que, presumiblemente, podrá alterar la "relación subvenciones/préstamos" en favor de estos últimos. No sería por tanto extraño que ese 2/3 de ayudas a fondo perdido se redujera. Al mismo tiempo, la "condicionalidad" supuestamente más laxa propuesta en el marco del semestre europeo no es real, ya que este es en el fondo una especie de artículo 155 a escala continental respecto a los "PIGS", comandado por una burocracia comunitaria apegada inequívocamente a la política de "rigor presupuestario y fiscal" de un  Pacto de Estabilidad y Crecimiento que bien pudiera activarse de nuevo en cualquier momento, una vez superada la crisis sanitaria.

¿O creemos que, en este marco, los países podrían solicitar ayudas para realizar reformas destinadas al desarrollo de un sistema público de cuidados, a la nacionalización de empresas bancarias y/o energéticas, el fomento de los circuitos cortos económicos, la regulación de las empleadas de hogar o una reforma laboral que defienda los derechos de las personas trabajadoras frente a la pérdida de condiciones y masa salarial a lo largo de las últimas décadas? Lamentablemente, tanto el semestre europeo como la arquitectura actual de competitividad de la UE lo harían imposible, siendo más probable que las reformas se sujetaran al dogma de la austeridad,  seña de identidad del proyecto europeo.

En tercer lugar, las señales que emite la UE no son ni mucho menos de giro en su modelo político y económico, sino más bien de ahondamiento en el mismo. De este modo, y frente a los cantos de sirena de lucha contra el cambio climático –al que apunta con una tasa y un programa menor, mientras actualiza la Carta de la Energía, sostiene su apuesta por el capitalismo verde y se alía con socios tan recomendables como el fondo de inversión Blackrock–, en favor de la digitalización –una vez que ha asumido su enorme rezago respecto a EEUU y China– y  de una nueva fiscalidad –bajo supuestos nuevos impuestos sin concretar la letra pequeña–, observamos cómo se sigue sin abordar asuntos estratégicos.

Primero, nada se habla del desmantelamiento de los paraísos fiscales y la lucha decidida contra el fraude, cuando cada año los países europeos dejan de recaudar 25.000 millones en impuestos corporativos. Al mismo tiempo, se obvian propuestas como la tasa covid, que pretende gravar a grandes fortunas y corporaciones con cuantiosos beneficios, en un ejercicio de equidad y justicia. Segundo, la apuesta por los tratados comerciales y de inversión, profundamente antidemocráticos e insostenibles, sigue más que vigente, como lo demuestra la firma de la actualización del acuerdo UE-México en plena emergencia sanitaria. Tercero, se fomenta un sistema de ayudas estatales que ahondará las desigualdades (Alemania está ayudando a “sus empresas” en una proporción 30 a 1 respecto al Estado español) y que además incentivan sectores de alto impacto en el cambio climático, como la aeronáutica y la automoción. Y cuarto, se sigue sin abrir el debate sobre el conjunto de la arquitectura mercantil y pro-competitividad cread en torno al euro, que impide por ejemplo la inyección directa de dinero a los estados por parte de los bancos centrales, que permanece muda ante los desbalances generados por Alemania vía deflación salarial, y que blinda la austeridad en un sistema prácticamente imposible de modificar.

En definitiva los supuestos avances del plan, no contrastados en la práctica y sujetos a una negociación con las cartas marcadas, no son sino un relato cool que hace de la necesidad virtud. Se venden así como éxitos ciertos movimientos de ficha que, de no haberse propuesto, harían evidente el exceso de dogmatismo y falta de humanidad. Se sitúa en el centro del relato, de este modo, cantos de sirena y programas periféricos y presupuestariamente menores (transición, cohesión, reforma sanitaria, economía digital), pero sin revisar mínimamente un modelo frágil y agotado, al que pretenden defender con uñas y dientes en un intento desesperado por frenar su sangría.

De este modo, Next Generation EU confrontará con una realidad que mostrará lo limitada de su propuesta, lo periférico de la identidad de su relato –cuando el meollo del asunto sigue estando en los mercados y las grandes empresas–, así como su continuidad en el mantenimiento de un modelo político-económico insolidario, corporativo y blindado, peligroso además en la medida en que ahonda el problema de deuda y nos acelera en la deriva hacia al colapso ecológico. No nos queda de otra que insistir en el desmantelamiento de este proyecto en su conjunto, y no será este plan de reconstrucción el que nos desbroce el camino en este sentido.

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