Dime qué necesitamos (III) ¡¿Pero qué está hablando?! ¡¿Catalán?!

  • "El ser humano necesita de la interacción, factor clave tanto para ser como para aprender"
  • "¿Por qué la sociedad ha consensuado que el sistema político ha de ser democrático y que en cambio el sistema económico no?"
  • "Es necesario avanzar también en el terreno político hacia modelos de democracia participativa"

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Tras la supervivencia, la seguridad y el afecto, en este tercer artículo de la serie avanzamos hacia las siguientes necesidades básicas: el entendimiento y la participación. Empecemos por el entendimiento. Se ha escrito mucho en relación al diseño del sistema educativo contemporáneo como apéndice del sistema económico industrial y por ende construido sobre las bases del aprendizaje individual y competitivo, a la medida de lo que la industrialización requería. Pero mientras el sistema laboral evoluciona ya hacia nuevas formas de organización del trabajo —robotización, teletrabajo, etc. — el ámbito educativo sigue anclado en el modelo surgido para responder a la industrialización. La escuela representa hoy en día una institución anacrónica girando en torno a un sistema económico preocupado únicamente por el desarrollo económico basado en el productivismo y en la construcción de ciudadanos consumidores, sin capacidad para defender sus derechos ni cuestionar su origen e implicaciones. Todo lo anterior tiene lugar, además, de una manera fragmentada y descontextualizada: los contenidos impartidos están alejados y desconectados de las vivencias y contextos del alumnado. Decía John Dewey en Democracia y educación que “La información separada de la acción reflexiva es algo muerto, una carga que aplasta al espíritu”, algo que da que pensar en tiempos de bulos, fake news y dataísmo.

El ser humano necesita de la interacción, factor clave tanto para ser como para aprender. Generar procesos de aprendizaje vinculados a las vivencias y los contextos del alumnado y conectar las aulas con el exterior son dos vías para ello. Un reciente artículo publicado por la revista Ballena Blanca explica que “la enseñanza al aire libre ya se usó a finales del siglo XIX para evitar el contagio de enfermedades como la tuberculosis. Y más tarde, pedagogos como Francisco Giner de los Ríos o Rosa Sensat, la reforzaron como metodología, por los beneficios que encontraron para favorecer un aprendizaje más activo y a través de la experimentación.”

En La situación del mundo. Educación Ecosocial. Cómo educar frente a la crisis ecológica, se establecen siete principios de la educación ecosocial: dependencia de la Tierra, interdependencia, creatividad, aprendizaje profundo, capacitación para la vida, liderazgo centrado en la Tierra. Ejemplos que están ya poniendo en marcha estos principios son, en Tailandia, la Mechai Pattana School, que integra en su currículo básico las habilidades para la vida: el alumnado adquiere formación en empresas sociales, silvicultura comunitaria y horticultura, gestión de actividades empresariales escolares, instalación de pequeños kits de paneles solares para los aldeanos tailandeses, etc. En Toronto (Canadá), la Grove Community School plantea su educación primaria en términos de activismo comunitario, justicia social y educación para la sostenibilidad. En Bali (Indonesia), la Green School adopta un papel activo animando a sus estudiantes a resolver problemas del mundo real. El Barefoot College de la India ofrece estudios y formación profesional sin titulación a miles de habitantes de aldeas, y forma en ingeniería solar a mujeres mayores.

El verdadero contraataque es crear nueva realidad (Cornelius Castoriadis)

La participación es la siguiente necesidad básica que nos ocupa. Necesitamos hacernos cargo como sociedad de nuestra propia deriva. En el ámbito laboral, pasamos prácticamente un tercio de nuestras vidas —y aún más en multitud de casos dramáticos por todo el mundo— trabajando. Trabajar remuneradamente durante largas jornadas representa, para enormes sectores de la población, la única manera de poder sobrevivir. Los procesos de acumulación originaria y los desplazamientos masivos de población desde el campo a la ciudad de los últimos siglos dieron lugar a poblaciones desprovistas de tierra y cobijo, obligadas a ganarse la vida mediante la venta de su mano de obra a un tercero. Quienes invierten en la empresa su trabajo, su salud y gran parte de su vida deberían tener algo que decir en las empresas de las que forman parte A pesar de esto, seguimos aceptando condiciones de subordinación que no aceptaríamos en ningún otro ámbito cotidiano de nuestras vidas. ¿Por qué la sociedad ha consensuado que el sistema político ha de ser “democrático” —cada cuatro años elegimos— y que en cambio el sistema económico no?

Si bien existe desde hace muchos años otro modelo de empresa —participativa, arraigada al territorio, sin ánimo de lucro— como el que plantea la economía solidaria, es necesario extender la participación al conjunto del tejido empresarial convencional. ¿Por qué no tener capacidad para nombrar a la dirección de la empresa, decidir sobre la estrategia empresarial o sobre cómo se reparten los beneficios? Esta idea no es nueva: la representación de las personas trabajadoras en las empresas comenzó a establecerse a través de comités de empresa al acabar la Segunda Guerra Mundial —Alemania, Países Bajos y los países escandinavos pusieron en marcha diferentes formas de cogestión—, si bien se ha quedado en órganos muy débiles, dependientes de la buena voluntad de los equipos de dirección y por tanto incapaces de bloquear la dinámica del capital. En 2018, el candidato laborista al gobierno inglés, Jeremy Corbin, introducía en su programa la propuesta de obligar a las empresas con más de 250 empleados a crear un "fondo de propiedad" con parte de sus beneficios, que daría a los empleados acciones de la compañía para así tener una mayor participación en sus decisiones. Además, un tercio de los asientos de los consejos de administración serían para las personas trabajadoras.

Otra propuesta que permitiría aumentar la participación de la sociedad en sus entornos es la del Empleo Garantizado, consistente en que las administraciones públicas se comprometen a ofrecer un empleo en condiciones dignas a toda persona que lo requiera. Con una medida así, no se pretende únicamente conseguir el pleno empleo, sino también responder, a través de nuevos trabajos, a las necesidades sociales y medioambientales a las que se enfrentan nuestras sociedades. ¿Imaginamos crear nuevos empleos de educadoras sociales de calle, acompañantes de personas mayores, monitores lúdicos en parques y plazas, dinamizadoras de vida comunitaria, cuidadores de flora y fauna local, etc.? Además, esta propuesta plantea la participación social en la concepción, el diseño y la selección de estos nuevos empleos que se podrían crear, ya que nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que los vecindarios de cada pueblo o barrio.

Es necesario avanzar también en el terreno político hacia modelos de democracia participativa. Ejemplos recientes en este sentido son los de Taiwán, donde Audrey Tang, a cargo del Ministerio Digital, ha impulsado la plataforma de discusión de políticas con la ciudadanía, vTaiwan, y creado una comunidad centrada en el desarrollo de nuevas herramientas de participación y transparencia. De este modo, por ejemplo, la ciudadanía taiwanesa ha decidido colaborativamente cuál será la legislación del país sobre Uber o Airbnb. Otro ejemplo reciente son las asambleas ciudadanas impulsadas por gobiernos como los de Suecia —donde participó, por cierto, Greta Thunberg—, Irlanda, Francia o Reino Unido —y contempladas también por el actual gobierno español— para dar voz a la ciudadanía en relación a medidas para mitigar los efectos del cambio climático.

Ejemplos más históricos pero con mucho margen para su replicabilidad en otros países son el proceso constituyente de Islandia y el de los presupuestos participativos de Porto Alegre (Brasil). El primero consistió en el lanzamiento de un proceso constituyente participativo, aprobado por el Parlamento tras la rebelión cívica ciudadana.  Un comité ciudadano preparó materiales y organizó un Foro Nacional de mil personas —representativas de la población islandesa—para discutir los valores fundamentales de Islandia. Tras ello, una asamblea ciudadana elegida a través de un proceso electoral al que se candidataron más de 500 personas, reescribió la Constitución basándose en esos valores fundamentales. Finalmente, la propuesta no recibió el apoyo suficiente del parlamento islandés. El segundo, los presupuestos participativos —procesos de participación directa, permanente y universal mediante los cuales la ciudadanía, conjuntamente con las autoridades, delibera y decide la asignación de parte de los recursos públicos de un municipio— se llevaron a cabo por primera vez en Porto Alegre, en 1988, inspirándose en el modelo que la Comuna de París de 1871 puso en marcha en su día, y desde entonces se han extendido por gran parte del planeta.

También el medio rural tiene mucho que enseñarnos y recordarnos en este sentido. Una gran extensión de nuestro país es todavía comunal a pesar de los históricos ataques del estado para hacerse con su control: el 45% del territorio navarro, el 50% del castellanoleonés o el 22% del gallego. ¿Qué son concretamente los terrenos comunales? Mayoritariamente, montes y tierras de cultivo o de pasto cuya propiedad y derecho de uso han pertenecido históricamente a las comunidades vecinales rurales. Los terrenos comunales están ligados a instituciones de democracia directa —los consejos abiertos— que representan el mayor legado histórico de uso, gestión y gobierno del territorio por parte de sus habitantes. Habrá que recuperar algunas formas tradicionales como las gestiones de montes o de terrenos de cultivo, pero además tendremos que desarrollar este formato en bienes y servicios propios de la vida urbana, como de hecho ya está proponiendo el llamado cooperativismo de plataforma.

Las cooperativas de plataforma son empresas que ofrecen sus servicios de forma digital, de la misma manera que Uber, Amazon o Airbnb. Pero a diferencia de las anteriores, mantienen los derechos de sus personas trabajadoras, se gestionan democráticamente y generan retornos positivos en su entorno. Existen ejemplos en diversos sectores de actividad: plataformas audiovisuales de las que los propios artistas son copropietarios —frente al modelo de plataformas como Spotify o Netflix—, plataformas de taxistas como Green Taxi Cooperativa (Denver), Yello Cab Cooperative (San Francisco) o Cotabo (Boloña), que agrupa a más de 5.000 taxistas organizados a través de la app TaxiClick. Otras están en proceso de concepción actualmente y cuentan con potencial para alumbrar nuevas formas de organización de la clase trabajadora a nivel global —es el caso de las cooperativas de riders— y nuevos modelos de uso de la vivienda que reviertan en el bienestar de las comunidades —como es el caso de Fairbnb, en donde un 15% de los ingresos generados por el alquiler de viviendas se destina a proyectos comunitarios—.

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