45 años de lucha del pueblo saharaui

Marta Rosique, portavoz de Exteriores del GP Republicano en el Congreso de los Diputados y Joan Josep Nuet, portavoz de Defensa del GP Republicano en el Congreso de los Diputados

El Sáhara Occidental, en el extremo occidental del desierto del Sahara y a orillas del océano Atlántico es un territorio no autónomo bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, según la Resolución 2072 (XX) de 1963 de la ONU. Esta resolución emana de otra Resolución de la ONU, la 1514 de 1960, según la cual la Metrópoli no puede ceder unilateralmente la administración del territorio. El Frente Polisario proclamó su independencia en 1976 creando la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocida hasta el momento por más de ochenta países y miembro de pleno derecho de la Unión Africana. La RASD administra la región al este no controlada por Marruecos, la cual denomina Zona Libre.

El mes de noviembre de nuestro calendario se ha convertido en una fecha de funesto recuerdo para el pueblo saharaui. El 14 de noviembre de 1975 se firman los “Acuerdos de Madrid” entre las autoridades franquistas del Estado Español y los gobiernos de Marruecos y Mauritania, en contra del derecho internacional y de las resoluciones de NN.UU. Dichos acuerdos entregaban la soberanía de la colonia española del Sahara Occidental, con capital en El Aaiún (provincia española con Villa Cisneros de capital) antes del 28 de febrero de 1976, a dichos países, y la administración española desaparecía del territorio dejando a la población saharaui a su suerte. Posteriormente, estallaba una guerra entre el Frente Polisario, Marruecos y Mauritania. Mauritania finalmente abandonaba el territorio en 1979 y Marruecos pasaba de facto a ocuparlo militarmente; en 1991 se firmaba un alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario que Marruecos ha roto de forma unilateral este 13 de noviembre de 2020.

Para entender la firma de los Acuerdos de Madrid hay que entender la situación del régimen franquista en 1975. Agonizaba el Dictador Francisco Franco y, momentáneamente, el Príncipe Juan Carlos había asumido la Jefatura de Estado. A pesar de las promesas de éste al pueblo saharaui hechas directamente en la propia colonia (los saharauis eran ciudadanos españoles con DNI), el Príncipe mantenía de forma paralela negociaciones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, interesados en consolidar el inestable reinado del rey de Marruecos, Hassan II (aliado también de Arabia Saudita) y así disponer de un peón en el norte de África que pudiera contraponerse a la influencia argelina en la zona. Este plan tenía el apoyo de Francia.

Los Acuerdos de Madrid tenían una parte secreta, que no se hizo pública, que estipulaba la entrega a Marruecos del 75% de la propiedad de la empresa Fosfatos de Bucraa, a cambio de los derechos de la flota española a faenar en los caladeros saharauis y el cese de las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla. El INE entregó posteriormente el resto de la propiedad.

El futuro rey del Estado Español, Juan Carlos I, vendió al pueblo saharaui a Marruecos y Mauritania a cambio del apoyo norteamericano y saudí a su reinado, apoyo a una transición lampedusiana de la Dictadura Franquista a la Monarquía Borbónica, que descolocaba tanto a los elementos del franquismo que propugnaban una continuidad dura del régimen, como a la oposición democrática que desconocía los pactos alcanzados. El apoyo norteamericano fue clave para consolidar la Monarquía y se estableció un vínculo “familiar” perdurable entre la dinastía alauita y los borbones que aún dura a día de hoy.

Marruecos y Hassan II habían presionado al Estado Español con el inicio, el 6 de noviembre, de la denominada “Marcha Verde”, intento de ocupación unilateral del Sahara Occidental por parte de 350.000 mil civiles marroquíes, acompañados de cerca por las unidades del ejército de Marruecos. Tras la firma y entrega por parte del Estado Español del territorio, la marcha se fue disolviendo para pasar a organizar la lenta e inexorable ocupación del Sahara, por parte de las autoridades marroquíes.

La ONU nunca reconoció ni confirió legalidad internacional alguna a los Acuerdos de Madrid, la posición del organismo multilateral sigue siendo la de considerar al Estado Español como potencia administradora, declarando el territorio no autónomo y pendiente de descolonización (el único así considerado en el continente africano). En 1988, Marruecos y el Polisario acordaron celebrar un referéndum sobre autodeterminación, en 1991 la ONU obtuvo un alto el fuego y estableció la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) por la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de 29 de abril de 1991, según un calendario que estipulaba la celebración del referéndum en 1992. Tras los continuos desacuerdos sobre la composición de las listas electorales, este referéndum aún no ha tenido lugar.

Desde 1992, hasta hoy en día, Marruecos ha ignorado las distintas resoluciones e informes de la ONU sobre el Sáhara, que no han hecho más que reiterar la postura descrita, ganando tiempo para consolidar un plan inexorable de anexión para marroquinizar ese territorio y ganar a base de un continuo traslado de colonos marroquíes al Sahara, la mayoría de la población, al tiempo que se persigue, aísla y discrimina a la población de origen saharaui. Según datos de la ONU el territorio ha pasado de los 80.000 mil habitantes en 1975, a 227.000 mil en 1992, y 632.000 mil en 2020. En los campos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia, permanecen cerca de 200.000 personas con, según ACNUR, un 75% de vulnerabilidad grave en sus condiciones de vida en pleno desierto. Al mismo tiempo, Marruecos explota los recursos naturales del Sahara para su beneficio, especialmente los bancos de pesca y las minas de fosfatos.

Los distintos Gobiernos españoles han seguido ignorando los derechos del pueblo saharaui y las resoluciones vinculantes de la ONU, huyendo de sus responsabilidades históricas. Felipe González prometió, en una histórica visita a los campamentos de refugiados en noviembre de 1976, “acompañaros en vuestra lucha hasta el final” en un reconocimiento implícito de la RASD. Posteriormente, tanto Gobiernos del PSOE como del PP, han actuado de cómplices de la ocupación intentando blanquear la propuesta de Marruecos de conceder al Sahara Occidental una “autonomia”, pero nunca la autodeterminación.

Ignorar la historia, incluso si está sepultada de las “razones de Estado” que le confieren Leyes de Secretos Oficiales, es pernicioso para que se imponga la verdad y la necesaria justicia que reclama el heroico pueblo saharaui.