USA, Israel, Marruecos, Sahara, Palestina, España…

Jesus Garay, de la Asociación Amigos y Amigas de la RASD

Por fin se confirmaron los rumores: USA reconoce a Marruecos su soberanía sobre el Sahara Occidental; a cambio, Marruecos reconoce oficialmente a Israel y ambos establecen relaciones diplomáticas plenas. En esta ocasión, Mohamed VI ha sabido manejar bien los tiempos. La decisión de Trump difícilmente podrá ser revocada por el nuevo presidente demócrata, estrechamente ligado a Marruecos gracias a los Clinton y muy dependiente del poderoso lobby judío.

A pesar de ello, no podrá evitar los efectos negativos de esta decisión: la pérdida de prestigio y el descontento que ha generado entre sus súbditos y la población de los países árabes, podría llegar a generar dificultades políticas e incluso altercados callejeros al régimen; el impacto mediático que la decisión tendrá en torno a la cuestión saharaui, es contrario a la estrategia de silencio y ocultación que el Majzen venía manteniendo; la extensa red de solidaridad internacional que genera la causa palestina, encontrará ahora más motivos para empatizar con la lucha del pueblo saharaui, ofreciendo nuevas oportunidades de movilización e incidencia política; igualmente, este acuerdo supone una dificultad añadida para que sus aliados occidentales sigan defendiendo la “legitimidad democrática” de la postura marroquí sobre el Sahara Occidental.

Pero, el intercambio de reconocimientos adquiere un valor añadido tras la ruptura del alto el fuego, provocada por la nueva invasión marroquí del Sahara en el Guerguerat. De entrada, establece una nueva relación de fuerzas en el marco de la guerra. A partir de este momento Israel y Estados Unidos, consideran formalmente la guerra como un asunto interno (una guerra civil o contra un grupo separatista) de un país aliado, por lo que podrían brindar ayuda militar y económica directa. No en vano, al anuncio del acuerdo se suma el de una venta extraordinaria de material militar USA, entre el que figuran drones y otros equipos hasta ahora vetados para Marruecos. Ciertamente el apoyo incondicional de ambos países al régimen alauí, también en materia militar, no es una novedad, pero el acuerdo oficializa esta relación. Además, Israel y USA ofrecen cobertura a Marruecos para una intervención generalizada más allá del muro defensivo, en los territorios liberados de la RASD. Finalmente, ofrece a otros países, menos poderosos y muy dependientes de la política USA, un modelo a imitar. También abre el camino a otros aliados, como a un Reino Unido libre de las ataduras de la UE. Por su parte, los países aliados de la RASD y amigos del Frente Polisario, especialmente Argelia, se verán obligados a incrementar sus ayuda y colaboración. Al margen del nivel de internacionalización que todo pudiera suponer, todo ello hará más complicado un acuerdo amistoso entre las partes como punto final del conflicto.

Más allá de cualquier consideración sobre el valor jurídico de las decisiones de los tres países implicados, la pretensión de Trump es dar visos de legalidad a la política que se viene practicando en la sombra, no solo por Estados Unidos, sino por el conjunto de las potencias occidentales, encabezadas por la UE y, especialmente por España y Francia. Esto es, el aliento, la cooperación y la asesoría política, económica y militar a Marruecos e Israel para mantener la ocupación, el expolio de los bienes y la represión de los pueblos palestino y saharaui, a cambio de dudosos beneficios geopolíticos y evidentes réditos económicos para algunas empresas. No hay que olvidar, a este respecto, que la tercera pata de esta operación consiste en una serie de acuerdos de inversión en el territorio ahora adjudicado a Marruecos que benefician a empresas y allegadas del holding real marroquí, a través de multinacionales como Siemens Gamesa, empresa muy vinculada a intereses políticos europeos (y, en particular, vascos) que algunas fuentes cifran en más de 3000 millones de dólares.

Los partidos de Gobierno de la UE se enfrentan, así, a una disyuntiva que hasta ahora han podido sortear invocando una supuesta neutralidad o la repetición de fórmulas mágicas como “la adhesión a los esfuerzos de la ONU (sin ironía)” o “propiciar el mutuo acuerdo entre las partes” con aditivos como “solución realista” o “que permita a los habitantes (que no al pueblo) expresar su opinión” etc. Ahora Trump, Netanyahu y Mohamed VI han lanzado definitivamente el desafío: Hay que decidir si apostar por la legalidad internacional, esto es, apoyar la lucha desigual del pueblo saharaui contra la ocupación colonial, o abiertamente por la ley de la fuerza, permitiendo que algunos países puedan ocupar, expoliar y reprimir a sus vecinos, menos afortunados en el reparto del mundo.

Unidas Podemos y el PSOE, junto a los partidos que dan apoyo parlamentario a este Gobierno, PNV, ERC, EHBildu, etc. no pueden obviar por más tiempo la realidad. Aún están a tiempo de tomar la iniciativa. El resto de los partidos del Estado no tienen excusa para mantenerse al margen. Ya no valen declaraciones más o menos contundentes de profundo rechazo al pacto y de solidaridad con el Sahara y Palestina, que se quedan, en el mejor de los casos, en el compromiso individual de quien las realiza. Es la hora de la acción política. Apoyar la legalidad internacional implica la obligación de los estados de asistir a los pueblos que tienen reconocido el derecho a la autodeterminación y luchan por ejercerlo. Y es también una obligación legal impedir cualquier medida que obstaculice ese derecho.

Al igual que la guerra de Irak marcó una profunda división entre los Gobiernos que apoyaron la invasión y quienes la rechazaron, hoy toca posicionarse a favor de los pueblos palestino y saharaui, a favor del derecho internacional y de los derechos humanos o a favor de Israel, USA y la ley del más fuerte.

Como entonces, la ciudadanía hoy también está llamada a expresar su adhesión a favor de los pueblos y en contra de los intereses que generan y mantienen las guerras como la del Sahara. Esperamos que las organizaciones sociales, sindicatos, ONGs, etc. sean capaces de coordinarse para lograr una movilización que no deje dudas de la voluntad popular y obligue al gobierno a actuar en consecuencia.