Youtubers en Andorra: un “sinpa” en nuestro bar

  • "Lo que ya es más cuestionable es que se haya dicho que se va porque los impuestos “le roban”, que toda una pléyade de opinadores nos estén acusando a todos los españoles de robarle"
  • "Si en España somos todos ladrones de la riqueza de los millonarios lo somos mucho menos que nuestros vecinos"
  • "Lo primero que debe sabe cualquier detentador de rentas o de riquezas es que para tener propiedad es necesario que exista un Estado"

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Todos sabemos lo que es un “sinpa”. Normalmente en un bar, después de pedir la consumición y consumirla, salir escopeteado para no pagar la cuenta. Puede levantar alguna sonrisa entre los presentes y puede, incluso, que el dueño del bar (que es el que paga) sea comprensivo, pensando que el señor o la señora en cuestión, pues no tenía posibilidad de afrontar el pago. Pero claro, esto es menos probable si lo que se ha comido es un mariscada y mientras se va corriendo enseña un fajo de billetes. En ese caso, ganas le darán al sufrido hostelero de sacar a pasear el garrote que había en un bar debajo de mi casa, ese que llevaba inscrito encima el recio lema de: “O pagas o cobras”.

Se ha levantado polémica porque un famoso youtuber ha anunciado a los cuatro vientos que cambia su domicilio a Andorra para pagar menos impuestos. Allá él, puede vivir donde quiera (siempre que el traslado sea real y no una mentirijilla elusiva, de lo que estarán vigilantes, seguro, las autoridades). Lo que ya es más cuestionable es que se haya dicho que se va porque los impuestos “le roban”, que toda una pléyade de opinadores nos estén acusando a todos los españoles (porque eso, y no otra cosa, es la Hacienda pública) de robarle. Ahí hay que contestar (él ha sido más comedido, ha dicho que hay un desequilibrio entre lo que se aporta al estado y lo que se recibe, veremos si es verdad). Y hay que contestar porque esta idea, falsa, atenta contra el núcleo esencial de un Estado social y democrático de derecho.

La primera cuestión es que si en España somos todos ladrones de la riqueza de los millonarios lo somos mucho menos que nuestros vecinos. El tipo máximo del impuesto que grava las rentas obtenidas en España por sus residentes (IRPF) es del 47 % para las rentas que superen los 300.000 € (esto desde este ejercicio). Eso no quiere decir que se pague el 47 % de la renta (ni mucho menos), sólo se pagarán 47 céntimos por cada euro por encima de los 300.000 ingresados. Existe un mínimo exento, hasta 12.450 un 19 %, etc

Pues bien, si uno compara con otros países de nuestro entorno se llevará una sorpresa. Alemania el 47,5 %, Francia 55,6 %, Italia 52, 8 %, Portugal 58,2… Vamos que estábamos a la cola, puesto que hasta este ejercicio y el acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE nuestro tipo marginal máximo (aplicable desde los 60.000 €) era del 45 %.

Se podría decir: bueno, pues somos menos ladrones que otros. Mal de muchos consuelo de tontos. Pero lo esencial es que no se puede hablar de robo si, a cambio de lo que se da, se recibe algo.

Lo primero que debe sabe cualquier detentador de rentas o de riquezas es que para tener propiedad (de la naturaleza y montante que sea) es necesario que exista un Estado. La propiedad es una realidad jurídica, ni “natural” ni “física”. Para predicar que el prado con manzanos que compró hace un siglo mi bisabuelo Policarpo en la Sierra de Gredos es en algún sentido “mío”, es necesario que haya un orden jurídico que me lo reconozca y un aparato coactivo que me defienda en caso de que me quieran privar del mismo. Sin él lo que tendré será una mera posesión que deberé defender con violencia. Y si no tengo violencia suficiente me jorobo y me aguanto. La propiedad, como derecho ejercitable ante todos sólo existe si es reconocida y protegida por la colectividad. Quien quiera propiedad tiene que querer Estado.

Esto lo sabía Hegel, lo sabía Marx y lo sabía Bakunin. Y estos dos últimos, que querían abolir la propiedad privada de los medios de producción, sabían que de la mano iba la abolición o superación de la fuerza coactiva del Estado. Pero los capitalistas inteligentes también lo saben. Salvo unos cuantos profetas apocalípticos todos defienden la existencia de un “Estado mínimo” (miniarquía), a saber, unas instituciones judiciales y registrales que delimiten la propiedad, un ejército y una policía que la defiendan y un organismo tributario que recaude lo necesario para mantenerlos.

El problema es que este Estado mínimo se ha encontrado, a lo largo de la historia, con un problema: la democracia. Sí, sin duda este Estado militar se parece mucho al Antiguo Régimen: un aparato coactivo que proteja la propiedad de los menos mientras la gran mayoría, excluida del acceso a la riqueza social, lo soporta en sus hombros. Un Estado fundamentado en la coacción es esencialmente inestable. Si me quitan el diezmo y me mandan a la guerra por defender las tierras del duque, más tarde o más temprano me empezaré a preguntar: “¿De quién son los olivos”. Porque los olivos son del duque porque la colectividad a la que pertenezco, formalizada en el aparato estatal, así se lo reconoce. Que el trastatarabuelo del duque mandara a sus mesnadas (rara vez encabezadas por él) a arrebatarle esas tierras a un sarraceno no es la causa de la propiedad. Es, como mucho, su excusa.

Así, después de siglos de tira y afloja, la sociedad llegó a una cierta estabilidad en lo que a esta cuestión se refiere en los siglos XVIII y XIX. La mayoría excluida de la propiedad aceptaba reconocer a la minoría propietaria su condición en base a tres reglas:

  1. Aquí colaboramos todos. No hay grupos exentos de tributar (como la nobleza en el Antiguo Régimen). De hecho hay que tributar en función de la capacidad que se tenga porque, además, cuanta más riqueza tienes y en más operaciones comerciales o financieras participas, más recursos utilizamos todos para que la mantengas. Si tenemos un ejército, te aprovechas más tú de que sus tanques defiendan tu finca que yo que no poseo más que la ropa que llevo encima.

  2. El Estado no puede limitarse a defender la vida y la propiedad. Hay todo un conjunto de actividades que la colectividad puede y debe realizar en interés propio. Hay servicios que es ineficiente que se presten de manera competitiva (instalación de varias líneas de metro en una ciudad con recorridos análogos) y, para evitar los perjuicios de un monopolio privado que fije los precios, se establece un monopolio público.

Igualmente hay actividades que generan beneficios al conjunto, de los cuales no se puede excluir a sus no usuarios (externalidades positivas, las llaman los que saben de esto). La existencia de una autopista que pase por un pueblo beneficia, no sólo a los que la usan diariamente, si no al conjunto de la economía de ese pueblo y, por extensión, a la sociedad en su conjunto. Por tanto lo eficiente es que su coste se asuma por el conjunto de la sociedad.

  1. El Estado funciona como un seguro universal. Al igual que debo aportar en los momentos de mi vida en los que la fortuna me sonríe y tengo rentas y riquezas, podré exigir derechos cuando no aporte nada porque mis inversiones han salido mal o las decisiones comerciales del propietario de mi empresa me han mandado al paro sin yo tener culpa. Puedo ser rico, pobre o mediopensionista en distintos momentos de mi vida. Lo que he aportado en un momento lo recibiré en otro (cosa distinta es que la movilidad social, incluso a lo largo de la vida, en las sociedades capitalistas no sea para tirar cohetes).

Pues en estas condiciones se desarrollan, más o menos, los sistemas tributarios contemporáneos. Aportas al Estado y recibes del Estado. Estas aportaciones en ocasiones se pueden computar monetariamente. Es curioso cómo se omite. Pongamos un ejemplo.

Algunos liberales graciosos celebran cada año el día de la liberación fiscal. El pasado 26 de junio, el día 178 del año, proclamaban que, hasta ese momento, todo lo que habían trabajado se lo había llevado el Estado vía impuestos y que, a partir de ese momento, ya empezaban a trabajar para sí mismos. Suponemos que estos liberales no han transitado por una acera limpiada por el Ayuntamiento, han sido robados todos los días sin asistencia de la policía, no han hecho un viaje por carretera ni se han puesto enfermos y han ido a su ambulatorio. Si lo han hecho, su día de la liberación fiscal es una paparrucha. Si se computa el debe de lo que se ha aportado al Estado debe computarse el haber de lo que la sociedad nos ha aportado.

Porque este se puede cuantificar en algunos casos, ya lo creo que sí. Tomemos los ejemplos más socorridos: sanidad y educación. Mantener una sanidad universal y gratuita le cuesta al Estado (con una inversión inferior a la deseable) 1600 € por ciudadano y año. En el caso de la educación obligatoria el coste por alumno es de 6500 € al año. A los 16 años (periodo en el que los ciudadanos no pueden generar riqueza porque no tienen edad legal de trabajar), sólo contando estas dos partidas, cada ciudadano que haya hecho uso de la educación pública o concertada durante los 11 años que es obligatoria ha recibido en servicios 97.100 €. Esto computado en términos de coste público. Si lo hiciéramos valorando esos servicios por el precio de mercado de sus alternativas privadas (que no se aprovechan de las ventajas de la escala en la misma intensidad e incluyen un margen de beneficio) la ponderación sería más del doble. 200.000 € que me ahorra la existencia del estado cuando he aportado 0.

Súmense otros servicios (seguridad, infraestructuras de todo tipo, transporte subvencionado, limpieza viaria, cultura,…) y añádanse años de formación sin aportar al común donde crece el haber y no el debe. Curioso ladrón aquél que antes de robarme es el que genera las condiciones para que yo pueda generar riqueza.

Dirán ahora avispados liberales: pero durante ese tiempo tus padres aportaron por ti. Jaque mate. Bueno o no, porque igual no aportaron, a la colectividad le da igual. Y lo que estaban aportando era por ellos, porque no importa, o no debería importar a qué familia perteneces. Y de hecho, el sistema tributario, cuando tienes hijos (a los que tienes obligación de mantener porque el ordenamiento jurídico así te obliga) no hace que tributes más, sino menos (el mínimo familiar del IRPF) para compensar, en cierta medida los costes inherentes y el incremento de la imposición indirecta.

Bueno, vale, dirán algunos. Descuéntese lo que has recibido a lo que has aportado. En el caso de los exitosos youtubers sale a devolver (cosa que pongo en duda, pero aceptémoslo discursivamente). Así que a partir de aquí robo. Pues tampoco. Se olvidan de dos cosas. La primera ya la hemos apuntado: estamos financiando un sistema de seguridad que proteja a estos ciudadanos que se van si (Dios o Adam Smith no lo quieran) en el futuro quiebran y necesitan de la colectividad.

Y por otra parte hay algo más difícil de computar: todos los bienes y servicios que suministra el Estado y que le han permitido (y le van a seguir permitiendo) obtener rentas y riquezas. Ha recurrido durante toda su vida a profesionales formados, cuyos costes no eran prohibitivos porque el estado se encarga de formarlos en número suficiente para satisfacer su demanda. Desde el ingeniero de telecomunicaciones que diseñó su red al operario que la instaló. Sus empresas anunciantes, ya sean de refrescos o de videojuegos, necesitan infraestructuras para distribuir sus productos, sin los cuales no habría anuncios que hacer. Los clientes de las mismas necesitan un sistema de protección social para seguir consumiendo si se quedan en paro. Todos los antes citados necesitan un sistema de seguridad para evitar que les roben y un sistema sanitario para evitar morirse antes de tiempo, sin lo cual no hay consumo posible. Podríamos seguir todo el día. Todas estas circunstancias son necesarias para la generación de riqueza y todas ellas las vamos a costear entre todos para aquellos que han decidido irse a Andorra.

Saldrán nuevos argumentos: vale, pero el sector público paga sueldos sobredimensionados, es un coste inasumible. Bueno, los sueldos de los políticos son elevadísimos, eso es cierto. Pero contextualicemos. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, cobra un salario de 84.000 €. Isabel Díaz Ayuso de 104.000. El primero gestiona un Estado de más de un billón de euros de PIB. La segunda una comunidad de 240.000 millones. ¿Salarios excesivos? Seguro. Pero nada comparable con la privada. José Ignacio Goirogolzarri, presidente de Bankia, cobra 800.000 € al año, para una cifra de negocios de 1.300 millones. Ana Patricia Botín más de 9 millones de euros por 56.000 millones. Si se ponen en cuestión las retribuciones de la tecnoestructura (los gestores) de la pública, lo justo sería hacer lo mismo con los de la privada, que encarecen los precios de sus servicios.

Como se podrá uno dar cuenta no hemos hecho referencia ni a la solidaridad ni al patriotismo, en toda la argumentación. Y no porque nos parezcan valores desdeñables. En modo alguno. Sin embargo parece que hay a quien no le vale, que sólo tiene como objetivo su propio interés. Bien, pues por el propio interés, y dejando de lado a la solidaridad y al patriotismo, a las grandes fortunas les interesa la existencia del Estado y el sistema fiscal.

El sistema de producción de riqueza necesita del Estado, de la colectividad para existir. Quien se va, se va a seguir beneficiando de todo lo que le pagamos entre todos sin aportar nada, cuando, dado su volumen de negocio y de transacciones en las que participa, lo que aportamos para que se enriquezca es infinitamente superior a lo que aportaríamos para una PYME o un autónomo. A quien se le pilla en un barco sin pagar el billete se le llama polizón. Y usualmente se le dedica a fregar los suelos o los platos. No vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer es seguir aportando para garantizarle su derecho a enriquecerse. Pero que, encima, no espere aplausos.

Efectivamente nos ha hecho un "sinpa "en nuestro bar. Se ha jamado la mariscada y se ha ido corriendo exhibiendo un fajo de billetes. Pero encima alguno dice que se tiene que ir gritando: ladrones, ladrones! Y nos invita a todos a hacer un "sinpa". Lo menos que se puede exigir es que encima no haya recochineo. No sea que nos preguntemos colectivamente: “¿De quién son los olivos?”

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2 Comments
  1. Rober Gonpane says

    No voy a hacer ningún comentario porque para mí son tan delincuentes los que evaden impuestos, que los que practican la elusión fiscal con pseudo-legales prácticas de ingeniería financiera apoyadas en paraísos fiscales. El problema no es el personaje que por su popularidad salta a las primeras páginas, es más, estos sinvergüenzas son la cortina de humo que oculta el problema de fondo. Hay que acabar con el secreto bancario y los refugios fiscales, lo tiene claro todo el mundo y desde 2015 las BEPS (1) impulsadas por la OCDE, deberían haber resuelto el problema. Pero vamos ya para seis años desde que se aprobaron las BEPS y casi todo sigue igual. Ni siquiera se ha acabado con la competencia fiscal entre los países de la Unión Europea que incluso se sigue fomentando hasta a nivel de comunidades autónomas, como bien sabemos en España con el gobierno ultraliberal de Madrid, y en Navarra y País Vasco por sus históricos fueros.
    (1) Nota: Base Erosion and Profit Shifting (Erosión de la Base Fiscal y Desvío de los Beneficios).

  2. yacano says

    Estoy pensando en todas las empresas de España que han trasladado sus sedes a Madrid para pagar menos impuestos.

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