La defensa de la autodeterminación bajo ataque en el Sáhara Occidental

International Association of Jurists for Western Sahara (Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental)

La reciente detención de dos activistas saharauis, Ghali Bouhala (ex-preso político) y Mohamed Nafeh Boutasoufra, en El Aaiún causa preocupación teniendo en cuenta los antecedentes del Reino de Marruecos en materia de derechos humanos contra la población saharaui.

La noticia de la violenta detención y puesta a disposición judicial ante las autoridades marroquíes de ocupación se ha vuelto más preocupante dado que la comparecencia de los mismos ante el Tribunal de Primera Instancia marroquí en la ciudad de El Aaiún ocupado, prevista para el pasado Lunes 15 de febrero, fue aplazada, y señalada para el lunes 22 de febrero. Con posterioridad, los dos activistas saharauis han sido trasladados a las prisiones Ait Melloul I y II de Agadir (Marruecos), donde permanecen recluidos por separado.

Los dos activistas presos han confirmado vía telefónica a su familia su traslado repentino a las cárceles de Agadir, y manifestaron su negativa a ser enjuiciados de forma telemática oponiéndose igualmente que sea ante un Tribunal en Agadir, reclamando su regreso a El Aaiún.

El Sáhara Occidental se encuentra ocupado militarmente por Marruecos, y se ha reanudado el estado de guerra entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario desde el pasado 13 de noviembre, por la ruptura del alto al fuego por parte de Marruecos. Resultan, por lo tanto de plena aplicación los Convenios de Ginebra, debiendo desplegarse sobre los detenidos, Ghali Bouhala y Mohamed Nafeh Boutasoufra el amparo y protección de estos Convenios, atendiendo a la condición de Territorio Ocupado del Sáhara Occidental, y la situación de guerra entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos.

En este sentido, la presencia militar de Marruecos en el Sáhara Occidental fue calificada por Naciones Unidas de potencia ocupante. Dicha organización ya se pronunció en contra de dicha invasión y ocupación militar, mediante las resoluciones de la Asamblea General 34/37 (1979) y 35/19 (1980), en las que “deplora profundamente la agravación de la situación, como consecuencia de la persistente ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos y de la ampliación de esa ocupación…”

Las acusaciones a las que se enfrentan los acusados relacionadas con antiguos cargos de tráfico de drogas no parece que se correspondan con el perfil de estos defensores de derechos humanos que ya cumplieron penas de prisión por su actividad política en el pasado. En este sentido, Ahmed Brahim Ettanji, periodista de Equipe Media, en un artículo reciente manifestó: “A los presos civiles saharuis les condenan los jueces marroquíes por defender la autodeterminación. No por vender droga, ni por pertenecer a banda armada, ni por matar, como se les acusa en juicios farsa donde la ausencia de pruebas es una constante. Pero, en cualquier caso, a los presos civiles saharauis se los llevan –ilegalmente- a cárceles del territorio de Marruecos. Según denuncian diferentes organizaciones internacionales.” En redes sociales circula una foto de ambos en compañía del actual Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática que ha despertado suspicacias y dudas sobre las motivaciones reales de las detenciones.

En la actualidad las noticias que llegan de los grupos de defensores de Derechos Humanos del Sáhara Occidental nos relatan un contexto de represión desatada contra la población civil saharaui, en general, y contra los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular.

El anuncio del inminente juicio a celebrar contra estos jóvenes saharauis el próximo lunes 22 de febrero nos hacen dudar de que se pueda garantizar el derecho a ser juzgado de manera legítima e imparcial.

El significado de la noción de tribunal independiente e imparcial ha sido examinado en la jurisprudencia. Para que sea independiente, un tribunal ha de poder cumplir sus funciones independientemente de cualquier otra rama del Gobierno, en especial del poder ejecutivo. Para que sea imparcial, los jueces que lo integran no deben albergar ideas preconcebidas sobre el asunto que estén juzgando, ni actuar de forma que favorezca los intereses de una de las partes. Además de ese requisito de imparcialidad subjetiva, los organismos regionales de derechos humanos han señalado que un tribunal ha de ser también imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para excluir cualquier duda que pudiera legítimamente surgir sobre su imparcialidad.

Se estima igualmente que la celebración de un juicio contra estos activistas pudiera vulnerar los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

"Artículo 10 Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa"

En el mismo sentido de falta de garantías, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos determina en su artículo 14.2 b) el derecho “a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección”. Lo que en el presente caso no parece que se cumpla con el traslado injustificado de los presos a más de 600 kilómetros de sus hogares y familias.

En definitiva, resulta muy preocupante el contexto de represión desatada contra la población civil saharaui, el tratamiento que de la misma se hace como enemigo interno por la potencia ocupante marroquí, el traslado de presos civiles saharauis a territorio del Reino de Marruecos, privándoles del derecho a la libertad y a la libertad provisional mientras se está a la espera de sentencia. Lo anterior se agrava en tiempos de pandemia por covid-19 en que los riesgos de contagio con esta enfermedad se incrementan con largos traslados y la reclusión en prisión.

La celebración de un juicio por medios telemáticos contra estos dos activistas que no han tenido tiempo de preparar su defensa con los abogados de su confianza en El Aaiún y con la imposibilidad de una audiencia pública priva a este procedimiento de las características del debido proceso y no puede ser considerado un juicio justo.

Finalmente, instamos a la Cruz Roja Internacional para que visite a los dos presos saharauis en los centros de reclusión y que informe de las condiciones de la misma.