Violencia y Derechos Humanos

Óscar Mitillo. Área de Marginación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Focalizar en la violencia callejera habida en estas últimas revueltas, olvidando la violencia estructural existente en nuestra sociedad es volver a poner el árbol delante del bosque. Así, agitando y redundando en las algaradas, nos olvidamos de las graves y crecientes carencias sociales y democráticas existentes. Las reiteradas violaciones de derechos humanos por las que España ha sido denunciada, reprendida y condenada en numerosos foros y oportunidades así lo atestiguan. Los índices de pobreza, exclusión social, paro, desempleo juvenil, desahucios, retroceso de los servicios públicos, multas y detenciones al amparo de la ley mordaza y código penal, son bastante más que meros indicadores.

Esta orientación puede ser funcional para los que quieren un modelo neoliberal extremo -muy lejos del pretendido estado de bienestar emergente en los años 80-, basado en la exclusión de una parte significativa de la sociedad, impuesto mediante un mayor control policial y represión, y medios de comunicación masivos inculcándonos su mantra. Nos llevan con ello al modelo social prevalente, sobre todo en países latinoamericanos, donde la miseria y exclusión social deriva en una violencia individual incontrolada respondida con más violencia institucional policial y parapolicial. Donde la tranquilidad solo impera en los barrios cerrados donde la seguridad privada protege a las clases acomodadas de su entorno violento. Bunkerizados, en su cárcel voluntaria, garantizan sus privilegios.

Las explosiones sociales habidas reflejan y expresan la frustración existente en amplias capas populares por su abandono institucional y paulatina pauperización. En particular, el olvido al que se ha sometido en general a los jóvenes, excluidos por un elevadísimo índice de desempleo, 40,7% de media y que supera el 60% en la mayoría de nuestros barrios obreros, carentes de alternativas formativas, sociales, deportivas, culturales, de ocio y para los que el derecho a una vida digna se aleja paulatinamente de su horizonte.

Se escandalizan los medios hablando del millón de euros o más perdidos en contenedores quemados o tiendas desvalijadas. Focalizan de manera sensacionalista en esto, no en lo masivas que fueron muchas de las manifestaciones, ni en las reivindicaciones que demandaban sus participantes. No los vimos tan indignados y exigentes con los muchos millones de las corruptelas del rey huido, la Gürtel, el caso Taula, la sede del PP, el Palau de la Música, los EREs de la Junta de Andalucía o demás escándalos de corrupción. Por no hablar de la diferencia cualitativa habida en muchos de estos últimos casos de actuar

Nada se dice tampoco de la desproporcionada y excesiva actuación policial, que en demasiadas ocasiones ha caído en la provocación e incitación a la respuesta de los manifestantes en vez de intentar serenar y apaciguar a la minoría exaltada. Mucho tiene que ver el amparo que gozan del aparato político y judicial, dotándolos de impunidad, amparándose en la legislación existente, entre otras, la denominada “ley mordaza“, por la que cualquier cuestionamiento a las “fuerzas del orden“, por muy leve que sea, puede ser interpretado judicialmente como una “desobediencia a la autoridad”. La experiencia en este tipo de actuaciones es amplia y variada, recordamos entre otros, los 15 asesinados en Tarajal, el disparo con munición real en Linares. Actuaciones por parte de las fuerzas del orden, que nunca son igual de contundentes y violentas, si los que se manifiestan son sectores próximos u afines a la ultraderecha.

Por más que le pese a la ultraderecha y afines, estas manifestaciones y revueltas no se reducen exclusivamente a Catalunya. Se vienen sucediendo desde hace meses por todos los territorios y por causas diversas tanto sociales como democráticas: desahucios, cortes de luz, sanidad, educación, servicios sociales, libertad de expresión, inseguridad ciudadana, Pablo Hasel, Linares… En definitiva, por una situación cada vez más constante de violación de los derechos más básicos y elementales de las personas.

La historia recoge que los avances sociales en derechos y libertades se han conseguido a través de la lucha y movilización social constantes sostenidas desde muchas décadas atrás. El derecho a huelga, la jornada de 8 horas, la igualdad racial, la legislación feminista y LGTBi, etc., se logran establecer como derechos legales después de numerosos enfrentamientos con el poder de turno, soportando la represión y la descalificación de la minoría privilegiada que se resistía a aceptarlos.

En esa labor, es relevante la complicidad de diferentes instituciones y poderes ocultando o alterando el conocimiento de lo acontecido, siempre al servicio de esa minoría inmovilista. Para imponer su relato se valen del imprescindible concurso del grueso de medios de difusión sumisos y dispuestos a la manipulación informativa.

A lo largo del siglo XX y XXI, son muchos los ejemplos que avalan este comportamiento por parte de los Estados, donde esa idea del orden, impera sobre los derechos y las libertades de las personas y de sus justas reivindicaciones.

También se conocen el cúmulo de mentiras y barbaridades a los que están dispuestos a recurrir los Estados para conseguir sus fines: hundimiento del Maine, ataque a Pearl Harbor, justificación de la Guerra de Irak,… Y en el ámbito doméstico y más cercano, por ir a sus expresiones más comunes y reiteradas, las detenciones arbitrarias de manifestantes que sustentados en testimonios falsos de los policías actuantes derivan en el abuso de la figura judicial de la prisión preventiva o duras condenas de cárcel. Cumplen así su doble objetivo: castigar al que se moviliza y advertir de sus riesgos disuadiéndoles de hacerlo a quienes piensan sumarse.

Ya lo advertíamos hace un año. “APDHA Sevilla advierte sobre el conflicto social que se producirá en la ciudad si no se toman medidas urgentes y contundentes”, remarcando que “sería un error intentar solucionar los problemas de convivencia que se darán  con represión policial. Es necesario y urgente atender las necesidades de la población más vulnerable con la pedagogía del amparo económico, social y político”.

Y nos preguntábamos en nuestra publicación del 2 de junio de 2020. ¿Es el derecho fundamental de reunión y manifestación un privilegio de los ricos?, exigiendo “que el Estado deje de actuar de manera arbitraria en el ejercicio del derecho de reunión y manifestación, con un grave sesgo ideológico hacia determinados grupos y afinidades políticas, más acordes con un sistema económico que privilegia los intereses de los de arriba, y que garantice que se pueda ejercer en condiciones de igualdad y seguridad para todas las personas, las que disienten y las que no lo hacen”.

Las enormes carencias que sufre una parte muy importante de la población, que dan lugar a diferentes formas de reivindicación de derechos, debería hacer que los gobiernos -especialmente el autodenominado mayor gobierno progresista de la historia- se cuestionen si el auténtico papel del Estado es estar al servicio de una minoría privilegia o de una amplia mayoría social. Las medidas de fuerza no podrán solucionar una problemática que tiene como base habitualmente situaciones de injusticia social individual y colectiva, y la vulneración de derechos, en cuya reversión deberían volcarse los mayores recursos y esfuerzos.