Una historia política de la `ley Sinde´

Cuartopoder El miércoles, 31 de marzo de 2010

José Cervera *

En el principio, allá por junio de 2008, intereses del mundo discográfico y de los intermediarios de la autoría se reunieron y fundaron La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, un nuevo lobby que agrupa a alguna de las facciones más extremistas de la interpretación más cerrada de la llamada propiedad intelectual. Este nuevo grupo de presión está tan integrado en la Era de Internet que no se han molestado en crear una página web. Lo que sí que hicieron fue nombrar como director a Joan Navarro, un profesional de esa difusa frontera entre la administración pública y la empresa privada con excelentes contactos dentro del partido gobernante en España, el PSOE. Desde el principio Navarro aparta a la Coalición de cualquier veleidad de asociación con métodos basados en la represión a los internautas para luchar contra la llamada piratería, como las leyes de desconexión que desarrollan países como Francia o Gran Bretaña. Su planteamiento, mucho más cercano al sentir de la cúpula del PSOE, será otro: una defensa de la propiedad intelectual desde la izquierda.

Para realizar esta filigrana la Coalición dirigida por Navarro desarrolla la tesis de que es necesario proteger a los trabajadores de la cultura cerrando y bloqueando las páginas que hacen negocio con los contenidos ajenos. Dados los reiterados fracasos de las entidades gestoras por conseguir condenas en los tribunales españoles con las leyes actuales (los jueces rechazan conceptos legales como el “lucro cesante” o la ilegalidad intrínseca del intercambio de ficheros) para conseguir los cierres es necesario eliminar a los jueces del proceso, llevando a cabo el cierre desde una instancia administrativa: una comisión del ministerio de Cultura. Para subrayar el respaldo político desde las más altas instancias del Gobierno, el mecanismo legal se incluye en forma de Disposición Final Primera (DF1) en una de las leyes estrella de la legislatura: la Ley de Economía Sostenible (LES). Surge así la redacción original de la DF1, la 1.0, con entusiasmado respaldo de los técnicos del ministerio de Cultura y de la propia ministra González-Sinde, pero con el impulso político procedente de instancias superiores. Y sin consulta con los internautas.

Cuando se conoce la DF1 1.0, a principios de diciembre de 2009, inmediatamente saltan todas las alarmas. La norma permite que se cierren páginas españolas sin control judicial ninguno, y además bloquear páginas publicadas en el extranjero impidiendo su visión en España. La nueva ley equipara la propiedad intelectual con conceptos como la salud y la seguridad públicas y la protección de la infancia, y criminaliza el hiperenlace, la estructura básica de la Web. El modo como se nombra la comisión responsable de los cierres y cómo se seleccionan las páginas a cerrar queda abierto. En suma, una comisión administrativa formada nadie sabe cómo puede hacer desaparecer una página web de la Red sin que esté claro por qué y sin que su responsable tenga mecanismos de defensa. La libertad de expresión queda al arbitrio de una comisión del ministerio de Cultura con la excusa de defender unos derechos de autor que se colocan por encima, equiparándolos con la integridad física y moral; lo que no se hace con los robos físicos se podrá hacer con los virtuales. La agresión a libertades fundamentales y el potencial de abuso de la nueva norma son incalculables.

Inmediatamente un grupo de periodistas y profesionales de la Red analiza la DF1 1.0 y se moviliza contra ella en Internet. En menos de 24 horas se redacta y publica un Manifiesto En defensa de los derechos fundamentales en Internet que en apenas medio día alcanza centenares de miles de adhesiones en Facebook y es publicado en decenas de miles de páginas web por toda la Internet hispana. Los partidos políticos en la oposición se adhieren a la protesta. Reaccionando a la ebullición de la Red el gabinete de la ministra de Cultura convoca una apresurada reunión para hablar con un grupo de internautas. La selección de este grupo depende, en buena parte, del azar, de la distancia, y de contactos particulares. Elementos como las agendas previas (la convocatoria se hace con apenas 12 horas de antelación) determinan muchas ausencias.

La reunión se celebra la mañana del día 3 de diciembre en la sede del ministerio. Para la ministra y su gabinete el objetivo es explicar las (excelentes) intenciones del proyecto: está dirigido tan sólo a un par de centenares de páginas que se lucran vendiendo contenido ajeno, los cierres tienen que hacerse con rapidez porque los tribunales tardan demasiado y se ha consultado a las organizaciones de consumidores. Los afectados, además, siempre podrán recurrir para proteger sus derechos a la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Nadie usará jamás el texto para cerrar páginas web por razones de opinión. En suma, las mejores intenciones. Cuando los allí presentes les comunican, en términos enérgicos, que eso no basta, los técnicos del ministerio no saben qué decir; la ministra ha abandonado la reunión por un compromiso previo.

En los días siguientes el tumulto se mantiene y amplifica por el efecto mismo de la reunión. El resultado es que inmediatamente el ministro de Justicia, y más tarde el mismísimo presidente del Gobierno, aparecen negando públicamente que se vaya a producir el cierre de ninguna página web sin intervención judicial. Esto supone un varapalo político para la ministra, que no olvidemos forma parte del gobierno pero no tiene carné del PSOE y se ve públicamente desautorizada. Técnicos jurídicos del gobierno empiezan a trabajar en una nueva redacción para la norma que introduce en el proceso la figura del juez permitiendo, al mismo tiempo, el cierre acelerado de páginas que la Coalición de Creadores demanda.

Mientras tanto, varios grupos de internautas tratan de articular una oposición coherente a la nueva norma. Algunos de los blogueros de la primera reunión aprovechan sus contactos personales y profesionales para reunirse con representantes políticos de partidos en la oposición, con el objetivo de sondear su postura ante un eventual proyecto de ley y de darles argumentos en contra. También se crea una nueva plataforma llamada RedSOStenible, que integra numerosos grupos de oposición y comienza a actuar a su vez ante los grupos parlamentarios. Como parte de esos contactos se intenta conseguir una reunión con representantes del PSOE, pues existen rumores de que dentro del grupo parlamentario socialista hay discrepancias sobre el tema. Los partidos opositores se muestran contrarios a la amenaza para las libertades fundamentales que supondría, de aprobarse, el anteproyecto publicado. El 8 de enero de 2010 el Consejo de Ministros aprueba la segunda redacción: la DF1 2.0.

La nueva versión supone serios cambios a la redacción original, y aún más serios problemas de índole parlamentaria. Para conservar el cierre administrativo pero impedir que pueda suponer una violación de la libertad de expresión la nueva redacción introduce el permiso previo al cierre de un juez de la jurisdicción Contencioso-Administrativa que sin embargo no entra en el fondo del asunto. Esto supone modificar tres leyes con categoría de orgánicas (lo que exige mayoría absoluta en el Parlamento) y forzar la estructura jurídica del estado, pero cumple al menos superficialmente con la promesa del Presidente del Gobierno: habrá un juez en el proceso, aunque no juzgará el fondo del asunto.

La nueva redacción es rechazada por la Red por varias cuestiones problemáticas, como la violación del principio del Juez Natural, la quiebra del sistema de jurisdicciones y la permanencia de otros peligrosos conceptos como la “pretensión” o el “lucro indirecto”. Los distintos grupos de internautas continúan con sus visitas y presiones. El principal partido de la oposición, sin embargo, se da por satisfecho con la nueva redacción. Los contactos políticos indican que la DF1 será difícil de derrotar en el Parlamento, si llega con esa redacción, porque entrará en el normal cambalache de votos, sobre todo porque la ley que la engloba (la LES) tiene muchos aspectos negociables. Con la introducción de la hoja de parra de la supervisión judicial, por retorcido que sea el proceso, la DF1 2.0 deja de ser considerada por los partidos como un riesgo para las libertades, y pasa a ser una baza a negociar. Por otra parte no hay razones para pensar que el Grupo Parlamentario socialista vaya a forzar que el gobierno desautorice por segunda vez a su ministra de Cultura, lo que sería considerado como una importante derrota parlamentaria en mitad del Semestre Europeo de Presidencia española de la UE.

Entre enero y abril las organizaciones y los internautas individuales redoblan sus esfuerzos por convencer a los parlamentarios a su alcance, y de influir sobre el Gobierno para que modifique el anteproyecto antes de enviarlo al Parlamento. Pero estas gestiones fracasan, y el 19 de marzo la DF1 es enviada, dentro del Proyecto de la LES, al Congreso. Aunque el texto definitivo aún no se conoce, no hay motivos para pensar que es diferente a la DF1 2.0 ya conocida. Como para demostrar que considera el trabajo encarrilado Joan Navarro abandona la dirección de la Coalición. Ahora el proyecto está a merced de las combinaciones aritméticas del Parlamento.

En el actual momento procesal una retirada de la DF1 en el Parlamento es casi impensable. El Grupo Parlamentario socialista tendría que estar seguro de la imposibilidad de negociar el texto para atreverse a infligir una derrota a su propio gobierno. Los partidos de la oposición tendrían que estar unidos en contra, cuando el más importante y único necesario para alcanzar los votos precisos (el PP) ya ha anunciado que da por válida la redacción. Con la negociación de otras partes de la LES es probable que el PSOE consiga votos de grupos nacionalistas y otras fuerzas minoritarias. Si quieren la aprobarán tal y como está: sería necesario un terremoto parlamentario o social para evitarlo.

Claro que muchos miembros del Grupo Parlamentario socialista son jóvenes, conocen la Red y quieren seguir muchos años en política; su opinión sobre la forma de defender “los derechos de los trabajadores de la cultura” es diferente. Si la única alternativa que se les ofrece es romper el Gobierno que apoyan probablemente votarán con disciplina y aprobarán la DF1 tal y como está. Pero algunos podrían estar dispuestos a analizar otras posibilidades, como aprobar una versión de la DF1 purgada de los peores defectos de sus antecesoras. Si la apuesta es a todo o nada Internet puede salir ganando, o no; en cuyo caso perdemos todos. Lo mejor hubiese sido que la DF1 jamás se escribiese, o una vez escrita que no se incorporase a la LES, o una vez incorporada que se retirara. Pero se ha escrito, incorporado y presentado ante el Parlamento, donde la presión de Internet puede forzar su derrota. Pero si esto falla habría que considerar cómo desactivar sus peores defectos, antes de que provoque algún desaguisado grave.