El mito de la huelga general
Francisco Serra
Un profesor de Derecho Constitucional se reunió con unos colegas pocos días antes de la jornada de huelga general convocada para el 29-S. A medida que se acercaba la fecha elegida, la oportunidad de la convocatoria surgía en casi todas las conversaciones. La mayoría de los compañeros con los que había hablado el profesor pensaban que había razones más que suficientes para sumarse a la propuesta de los sindicatos, pero algunos, aun compartiendo ese punto de vista, temían que el éxito de la huelga acelerara el regreso al poder del Partido Popular, al producir el definitivo descrédito del Gobierno. Otros, por el contrario, consideraban que era la última oportunidad que les restaba a los trabajadores de mostrar su disconformidad con la política oficial y expresar públicamente que no admitirían nuevos recortes de los difícilmente conseguidos “derechos sociales”. Algunos, incluso, opinaban que si la mayoría secundaba el paro, podría dar lugar a un cambio en las directrices políticas. Ello podría permitir tal vez que, si se convocaban elecciones en la fecha prevista, volvieran a existir posibilidades de que el PSOE, rectificando sus actuaciones de los últimos tiempos, pudiera mantener su mayoría relativa en el Parlamento.
En la mente de todos estaba el recuerdo del 14-D, cuando la huelga obtuvo un éxito sin precedentes; mientras se metía en el Metro, el profesor recordó la forma en que se paralizó Madrid y cómo tuvo que ir andando desde el barrio de Malasaña, donde vivía entonces, hasta la Prosperidad para ver a sus padres con los que había quedado para comer. En esa soleada mañana de diciembre la ciudad estaba semivacía, no circulaban los autobuses y apenas se veían algunos vehículos privados. En su largo recorrido por la capital, el profesor se encontró con grupos familiares y con algunos paseantes que, por una vez sin el ajetreo que es habitual en las mañanas de los días laborables, se detenían a observar los escaparates de las tiendas cerradas.
En el pensamiento progresista, durante el siglo XIX, la huelga general era considerada como el medio para iniciar la revolución social y propiciar la instauración de una sociedad socialista. En aquella época, en la que los trabajadores apenas tenían presencia en los Parlamentos nacionales, suponía el único recurso de que disponían para intentar mostrar su poder, paralizando la producción, y exigir el cumplimiento de sus demandas. Sorel fue el principal teórico del “mito de la huelga general”, que consideraba la mejor expresión del espíritu revolucionario de la clase obrera. La huelga general, al conseguir la absoluta quiebra de la normalidad, suponía el establecimiento de un auténtico “estado de excepción” en la vida laboral, una quiebra en la continuidad histórica equivalente a ese tiempo mítico al que se refería Walter Benjamin y en el que se abría una ranura por la que podría penetrar el Mesías, o en un lenguaje secularizado, el Milenio igualitario. A menudo olvidamos lo que han recalcado autores como Carl Schmitt: que muchas de las categorías políticas tienen un origen teológico y la huelga general ocupa un lugar semejante al “milagro” en la teología tradicional, la ruptura de la “normalidad”, la aparición de un escenario nuevo, en el que todo es posible, pero por su propio carácter excepcional, necesariamente efímero. Intentar prohibir las huelgas generales, como ha pretendido algún político, es como pretender negar la esfera de lo excepcional, que actúa como el agua de lluvia, a la que si no se deja algún resquicio acaba desbordándose y arrasando con todo lo que impide su paso.
A lo largo de los siglos XIX y XX la huelga general fue perdiendo ese carácter revolucionario y se convirtió en el recurso de los trabajadores para intentar evitar golpes de Estado, actuaciones unilaterales por parte del poder y, en último extremo, para la defensa de la clase obrera cuando se pretendía limitar sus derechos. En el franquismo, el Partido Comunista utilizó este instrumento en varias ocasiones para demostrar su fuerza y socavar el régimen, pero apenas consiguió tener cierta incidencia en algunos lugares del territorio nacional. Con todo, el profesor recordaba, a finales de los años sesenta, en la que sin duda debía de ser una de esas jornadas convocadas por la oposición antifranquista, la irrupción de policías uniformados en clase, demandado la lista de los alumnos que ese día no habían asistido, seguramente con la finalidad de averiguar si su familia había deliberadamente decidido que no acudieran al colegio.
Aun tratándose de una situación de excepcionalidad, curiosamente el Tribunal Constitucional, máximo garante de la “normalidad” constitucional, hace unos años legitimó de forma indirecta la última huelga general del 2002, al considerar que el “decretazo” del gobierno de Aznar, que estuvo en el origen de la protesta de los sindicatos y de la llamada a la huelga, había sido contrario a lo establecido en la Constitución. También una de las primeras sentencias del Tribunal dejó clara constancia de que cualquier regulación de la huelga debe respetar el “contenido esencial” de ese derecho y tal vez ésa es la causa de que nunca se haya vuelto a plantear seriamente la modificación de la normativa aplicable.
El profesor, saliendo del Metro, pensó que había motivos sobrados para convocar una huelga general y que, si se seguía (aunque sólo fuera parcialmente) por amplios sectores de la población, podría suponer una modificación de las medidas que se habían tomado, un freno para todos aquellos que estaban aguardando para establecer nuevas limitaciones de los derechos de las clases trabajadoras, que fragmentadas y debilitadas en el momento presente, debían resistirse a la “domesticación”. Muchos medios de comunicación se habían pronunciado ya de manera clara en contra de la movilización y habían advertido a los por otra parte tan contemporizadores sindicatos que tenían que acostumbrarse a ver mermada su ya escasa influencia. Pero esas grandilocuentes afirmaciones no estaban exentas del recelo ante la posibilidad de que de la huelga general, como recurso extremo, “excepcional”, pudiera surgir una situación en la que se pusieran las condiciones para un nuevo “contrato social”, en la que se restableciera un diálogo que la devastadora irrupción de la crisis había interrumpido.
