29-S, huelga general

Ignacio Fernández Toxo *

Faltan unos días para la huelga general. Una reforma laboral que lesiona gravemente los derechos de los trabajadores y un plan de ajuste inspirado en el ideario liberal,  han provocado la contundente respuesta del movimiento sindical. Lo advertimos en su día y lo denunciamos ahora: nadie podrá convencernos de que las ideas, grupos y personas que provocaron la crisis sean ahora las que marquen el camino de salida. El Gobierno de Zapatero ha acabado cediendo al chantaje de los mercados y del núcleo más conservador de la Unión Europea, activando un paquete de medidas económicas y laborales que, junto a los planes impuestos a Grecia, constituyen el mayor ataque al derecho del trabajo de toda Europa.

La huelga general convocada por CCOO y UGT ha merecido los más diversos calificativos. Para la derecha política y mediática (incluida la ultraderecha), la huelga llega tarde y podría obedecer a “una estrategia pactada con el Gobierno para llevar a cabo una movilización con trampa”. Desde el entorno político e informativo próximo al Ejecutivo, la huelga es una respuesta desproporcionada que favorecerá al PP. “Los dirigentes sindicales”, afirman, “ cometen el error de ignorar los mercados, algo que como bien sabe Zapatero, no se puede hacer”. Para acompañar ambas reflexiones –contrarias a la huelga, pero  de contenido muy distinto– recurren a las más diversas maniobras: la derecha, sobre todo los medios más ultras, echando mano de la difamación y la calumnia contra el sindicalismo y sus dirigentes; el aparato del progresismo gubernamental agitando encuestas contra la huelga y lamentando la irresponsabilidad sindical al rechazar unas medidas inaplazables.

Lo cierto es que nunca una huelga ha estado tan justificada en los últimos 32 años como la que ahora hemos convocado junto a UGT. El Gobierno ha decidido, negándose a sí mismo, abrazar el ideario liberal y combatir el déficit a golpe de recortes sociales y laborales. Arrinconó las políticas públicas y la inversión que recuperaban la actividad económica y el empleo; decretó el retraso obligatorio de la edad de jubilación hasta los 67 años; decidió congelar cerca de seis millones de pensiones en 2011; rebajó 5 puntos el salario de los empleados públicos; vulneró los derechos de las personas dependientes; abandonó su publicitado cambio de modelo productivo; renunció a crear empleo estable y de calidad; facilitó y abarató el despido; devaluó la negociación colectiva; dio más poder al empresario; debilitó el contrato indefinido; incentivó la temporalidad y la precariedad del mercado de trabajo; metió una cuña en la tutela judicial ante la rescisión de contratos; dio luz verde a las agencias privadas de colocación a la vez que convirtió a los Servicios Públicos de Empleo en instancias marginales de la mediación laboral. Sobran, pues, los motivos y las razones para convocar una huelga general.

La rectificación del Gobierno

Los medios de comunicación se han hecho eco estos días de la voluntad del presidente del Gobierno de mantener la reforma laboral después de la huelga. “Será una huelga inútil, porque Zapatero no rectificará”. Me sorprendería escuchar algo distinto a unos días de la huelga. Ningún gobernante en su sano juicio puede combatir la huelga general apoyando las reivindicaciones sindicales. Ahora procede desactivar la huelga proclamando su inutilidad. Pero CCOO y UGT saben que ninguna huelga de la democracia se ha hecho y se hará en vano. La progresiva complicidad de los trabajadores con la convocatoria de huelga vaticina su éxito,  y estoy convencido de que el mejor camino para enfrentar la creciente conflictividad social es canalizar las demandas sindicales a través de un nuevo tiempo de negociación sobre el mercado de trabajo y la salida de la crisis. ¿O es que alguien pretende convencer a los sindicatos de que los partidarios del capitalismo de casino y  de la desregulación que originaron la crisis han de convertirse ahora en asesores áulicos de Zapatero para superar aquella?

Hace 18 meses, conscientes de la delicada situación económica, que en nuestro país se manifestaba con mayor crudeza, por el agotamiento añadido de nuestro modelo productivo, CCOO emplazó a los poderes públicos –de manera singular al Gobierno-, a las fuerzas políticas parlamentarias, al movimiento sindical y a las organizaciones empresariales, a tomar nota de la situación y construir un Pacto por la economía, el empleo y la cohesión social, a partir de un diagnóstico común y dos objetivos básicos: reactivar la economía y crear empleo; y reforzar la protección social para atender, en primer lugar, a las personas directamente golpeadas por la crisis. El Gobierno, que debería liderar el proceso, ignoró la propuesta de CCOO y reeditó un año después un simulacro improvisado de pacto político que acabó como el rosario de la aurora. Lo cierto es que se ha perdido un tiempo precioso para enfrentar la crisis. Y lo peor es que estamos a punto de inaugurar las crónicas electorales de diverso signo, y no veo espacio en el futuro inmediato para el encuentro y la colaboración.

En CCOO no nos resignamos. Una sociedad resignada es el mejor aliado de las políticas de ajuste y antisociales. Vamos a la huelga para defender los intereses de los trabajadores. Para revalidar nuestro compromiso con las políticas públicas, la actividad económica y el empleo. Para cambiar el modelo productivo y mejorar la protección social. Y lo hacemos convencidos de que tras la huelga se abrirá un nuevo tiempo de diálogo y rectificación de las políticas que la provocaron.

(*) Ignacio Fernández Toxo es secretario general de CCOO.