El Rey Juan Carlos y el final del Imperio austro-húngaro

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Francisco Serra

Un profesor de Derecho Constitucional leyó en cuartopoder.es la noticia del fallecimiento de Luis García Berlanga. Al poco tiempo, empezaron a aparecer en la Red necrológicas y remembranzas del ilustre cineasta y el profesor recordó la costumbre del maestro de introducir en sus películas siempre una mención al Imperio austro-húngaro. Al comienzo de la semana siguiente, se sumergió en la lectura de un libro apasionante consagrado a los “años de vértigo”, la época del inicio del siglo XX que precedió a la I Guerra Mundial. Allí, junto a la descripción de otros “mundos perdidos”, se evocaba la espectral figura del Emperador Francisco José y el lento declinar de su reinado en los años finales, cuando parecía que lo único que mantenía unido a los territorios agrupados bajo la doble corona imperial-real (la “Kakania” de Musil) era la pervivencia del longevo patriarca. La “cárcel de pueblos” en que se había convertido el dominio de los Habsburgo estaba sometida a tales tensiones que quizás hubiera bastado un nimio acontecimiento para desintegrar su frágil unidad, aunque finalmente la derrota en la guerra fue el desencadenante del desmembramiento del Imperio; incluso poco antes del fin de la contienda todavía el más importante jurista del siglo XX, Hans Kelsen, destinado en el Ministerio de la Guerra, estuvo buscando, cuando ya era demasiado tarde, una solución a la “cuestión de las nacionalidades”.

El profesor recordó haber leído, unos años antes, un libro de un catedrático de Derecho Administrativo (actualmente eurodiputado de una pequeña formación política) en colaboración con su hijo, en que comparaba el “Estado fragmentado” que constituía el Imperio austro-húngaro con la situación a la que había llevado, a raíz del proceso de reforma de los Estatutos, la deriva del Estado de las autonomías. En aquel momento, al profesor le pareció exagerada esa similitud, pero el largo y cálido verano en el que por fin el Tribunal Constitucional había dictado su sentencia y los comentarios que había suscitado le habían llevado a reconsiderar su postura. Las elecciones catalanas parecían llevar a que, por una vez, fuera posible una coalición de gobierno abiertamente nacionalista y en la que quedara en segundo término la ideología política. El probable término de la situación de excepcionalidad en que se encontraba el País Vasco casi con toda seguridad conduciría en poco tiempo a una nueva mayoría nacionalista y el gobierno “españolista” actualmente en el poder tal vez tuviera sus días contados. En algún momento en ese proceso, pensó, no se había advertido por parte de los partidos políticos estatales las consecuencias de primar los factores “nacionales” sobre los estrictamente ideológicos y todo indicaba que en Cataluña podía producirse algo similar.

Como todos los años, el profesor en sus clases les propuso a sus estudiantes que formularan propuestas de reforma de la Constitución y por primera vez se encontró con que la mayoría pensaban que debiera abandonarse la “Monarquía parlamentaria” en un período de tiempo razonable (tal vez a la muerte del Rey, incluso alguno preguntó si no sería posible nombrarle Presidente de la República vitalicio para luego proceder a una elección abierta) y sustituirla por una República confederal. También incidían en la necesidad de modificación de la ley electoral para permitir que las formaciones políticas pequeñas estuvieran más representadas en el Parlamento y la exigencia de un reforzamiento del carácter democrático de los partidos políticos, que ellos consideraban que en la mayoría de los casos estaban en manos de camarillas alejadas de los militantes de base y simpatizantes.

El profesor, camino de su despacho, meditó sobre el alcance que pudiera tener la opinión de sus alumnos y comprendió que la Constitución, al establecer que “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia”, había entrelazado de modo inexorable la suerte de la Corona con la continuidad de un Estado que había sido comúnmente denominado como  “Estado de las autonomías” y la cada vez más “real” amenaza de segregación de los diferentes territorios podía tornar superflua la figura del Rey (que ya empezaba a asemejarse a la del espectral Francisco José que, con celo burocrático, revisaba puntualmente el funcionamiento de un Imperio que casi sólo existía en los papeles, más “imaginario” que “real”). La enfermedad del monarca no había hecho más que subrayar esa circunstancia y la indudable simpatía personal con la que probablemente contemplaba la mayoría de la población a don Juan Carlos no excluía la indiferencia respecto al futuro de la institución. Los titubeos del constituyente a la hora de establecer el carácter “compuesto” del Estado habían llevado a una situación en que un “Estado de las autonomías” en el que estaban transferidas más competencias de las habituales en un Estado federal era visto como una fórmula agotada y casi ni siquiera la “República federal” era considerada como una alternativa sólida.

La época del final del Imperio austro-húngaro fue denominada por Hermann Broch “el feliz Apocalipsis”, porque las clases dominantes bailaban alegremente los valses y las polkas mientras se aproximaba el derrumbe de ese mundo bajo la atenta vigilancia del Emperador que, desde sus omnipresentes retratos, simbolizaba la frágil  unidad de un Estado a punto de desmembrarse. En España, la dolorosa realidad de la “crisis económica” ha convertido el final de nuestro tiempo en un “triste Apocalipsis”, con un Rey aún convaleciente acudiendo incansable a los diferentes eventos deportivos en los que parece haberse depositado toda la confianza en la Nación, concluyó el Profesor, meneando un poco el tóner y buscando papel ya usado para imprimir el post y revisarlo antes de enviarlo, pues hacía meses que el presupuesto para material de la Universidad estaba agotado.

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