España, al borde del abismo

España ha entrado ya en el centro del huracán financiero en el que se han convertido los mercados financieros internacionales, otrora racionales, perfectos y completos, como falsamente se sigue enseñando en las facultades y en las mejores escuelas de negocios. La intervención ya oficial de Irlanda, lejos de calmar a los algoritmos matemáticos programados por mentes ajenas a la economía y política mundial, ha generado una corriente vendedora de todo aquello que lleve la marca España.

La constatación de que la economía ya no es una ciencia exacta, ni manejable por las instituciones públicas o políticas, abre un periodo de inestabilidad económica, pero también geopolítica, del que difícilmente saldremos de forma local, pero tampoco se atisba que lo global nos pueda ayudar. Los movimientos de capitales sin control, seña de identidad de las democracias avanzadas, se han tornado como el núcleo del cáncer  en un contexto de turbulencias, lo que invalida absolutamente cualquier iniciativa política o institucional, dejándonos al albur de grandes lobbies financieros, los verdaderos ganadores de esta cruenta batalla. En este sentido conviene constatar cómo China, al margen de sus deplorables métodos antidemocráticos, sí ha sabido leer mucho mejor lo que se nos avecina. Ha puesto el sistema financiero al servicio de su sistema productivo, y no al revés, y ha protegido su divisa de ataques especulativos.

En este panorama, la economía española ha entrado en fase casi terminal, sin pulso económico, sin confianza por parte de los agentes y con una clase media empresarial y social empobrecida, trasvasando renta hacia el sector financiero y los monopolios de oferta que implícitamente coexisten en España, disfrazados de concesionarios de muchos servicios públicos privatizados. La demanda interna sufre de una atonía significativa, fundamentalmente los consumidores, por dos shocks muy claros, que hasta el mismo Banco de España, no digamos los agentes sociales o el propio gobierno económico,  le cuesta reconocer y entender. El primero es el hecho de que la riqueza, sea financiera o inmobiliaria, revierte a la media siempre, lo cual provoca un empobrecimiento real, pero también psicológico que tiende a deprimir de forma muy brusca el gasto en consumo. A esto hay que añadir que el aumento del desempleo y la política de rentas, pública y privada, que ha iniciado una carrera por ver quién deprime más al consumidor. Este apriorismo que enfrenta a los liberales, partidarios de ajustes en precios relativos como medida de ajuste, previo a la recuperación, con los keynesianos que apuestan por la demanda efectiva, como herramienta de recomponer la demanda agregada. Si a esto añadimos, el peso de la deuda privada en el sector inmobiliario, es prácticamente imposible una recuperación del gasto de los consumidores.

Por el lado de la inversión productiva, y viendo el efecto expulsión que está teniendo la financiación del sector público, los agentes privados que de verdad crean empleo, no los 37 que se sentaron en Moncloa con el presidente que apenas suman un millón de empleos, no son capaces de gestionar, ni su tesorería, ni su liquidez, ni por supuesto su inversión. La merma de gasto en inversión, como se puso de manifiesto el dato del PIB del tercer trimestre, es consecuencia de la busca caída de la actividad interna, de la pérdida de confianza y de la nula posibilidad de financiar y refinanciar su abultada deuda privada.

En el campo del sector público, prácticamente se ha decidido renunciar al gasto productivo, algo completamente contraintuitivo en un momento de ausencia de inversión privada por exceso de deuda y falta de liquidez y confianza, amén de elevado desempleo. Si a esto añadimos, el cierre del grifo de transferencias de renta a los consumidores, cuadraríamos el circulo, no virtuoso precisamente, de deflacionar al máximo la economía nacional, algo en lo que Europa ha entrado en un ejercicio de suicidio colectivo, y que tampoco va a calmar a los algoritmos situados en sitios muy lejanos.

El estrangulamiento del crecimiento, solo puede llevar a situaciones de procesos de explosividad de la deuda soberana, algo de lo que sabe mucho estos días el Alcalde de Madrid. Esta contingencia, que supone que la senda de ingresos y pagos no llegue a converger en el  tiempo, es conocida por los mercados financieros que han testado, en primer lugar, cuan fuertes eran algunas líneas rojas, como el despido de empleados públicos, desmantelamiento cuasi absoluto de los servicios públicos, para finalmente volver a testar la fortaleza y decisión del BCE, cuya política de expansión monetaria choca frontalmente con la propia constitución alemana.

El devenir de España, por tanto, ya no está en nuestras manos pues aquí coexisten fuerzas financieras, pero también geopolíticas que nos han entregado al club de los países que podrían ser intervenidos y controlados, aún más, por fuerzas económicas ajenas a nuestros intereses. A esto ha contribuido, sin duda, la falta de rigor en la transparencia de algunas instituciones, fundamentalmente el Banco de España y el sistema financiero, pero también los órganos políticos nacionales y comunitarios que han escondido los verdaderos riesgos del modelo de crecimiento primero, y la realidad del sistema financiero después, unido a una opacidad del sector inmobiliario propio  de regímenes no democráticos. A estas alturas, ni el mercado, ni los consumidores sabemos cuál es el riesgo inmobiliario real, los precios de verdad de los inmuebles, los créditos dudosos por entidades o la valoración que tienen en libros los pisos ejecutados. Esta lacra, que también se nota en todo el entramado público y de empresas grandes concesionarias o privatizadas, ha ahondado aún más la facilidad para los especuladores y ha despertado la facilidad espasmódica de legislar a oscuras y a golpe de pérdida de derechos para la parte más débil de la sociedad.  Revertir la falta de transparencia será misión imposible, pues así se permite engordar las cuentas de resultados, aunque después de exijan compensaciones ante los ataques financieros.

En resumen, España ha entrado en una fase crítica donde lo económico e institucional está en riesgo de quiebra, algo que los países más poderosos de Europa, especialmente Alemania, han diseñado para favorecer un euro débil y una inflación baja, que raya ya en deflación. La falta de alternancia al modelo productivo, nuestra escasa querencia por la educación de calidad, la estructura empresarial monopolística y la debilidad y falta de calidad democrática, son algunos elementos que figuran en las pantallas de los que, mediante algoritmos sofisticados, pueden estar a punto de provocar la intervención financiera y económica española.

(*) Alejandro Inurrieta es profesor del IEB y concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Fue asesor de la Secretaría de Estado de Economía.