Las pensiones de sus señorías: mayores sacrificios para nuestros representantes políticos

Julián Sauquillo

La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo no acaba de ponerse de acuerdo en la ampliación de la edad legal de jubilación de sesenta y cinco a sesenta y siete años. El Gobierno está decidido, en cambio, a emprender la reforma a toda costa. Sí se ha acordado recomendar al Gobierno el aumento de años de cotización para cobrar la totalidad de la pensión. Dentro de una escala variable, el trabajador que haya cotizado quince años recibirá un cincuenta por ciento de la pensión. Mientras que, por el momento, el trabajador que haya cumplido sesenta y cinco años y haya cotizado treinta y cinco años accede al cien por cien de su pensión. Sin embargo, los diputados y senadores mantendrán una situación muy mejorada en su sistema de pensiones respecto al resto de los ciudadanos. Se ha hablado de “blindaje” de las “pensiones doradas” por nuestros representantes y de “privilegios intactos”.

Desde luego, casi todo los ciudadanos –arriesgo el pronóstico- están  de acuerdo en que nuestros representantes empiecen por dar ejemplo y emprendan  sacrificios significativos en los periodos necesarios para disfrutar de su sustanciosa jubilación. Es lógico. La propia juventud de muchos de nuestros representantes y su estabilidad en el cargo, o inmunidad al cambio, justifican periodos mayores de trabajo y cotización. El acceso a los puestos de congresistas –incluso de senadores– se realiza en plena juventud en buen número de casos. Tampoco hay tanta inseguridad de gobernantes y parlamentarios una vez que se accede a la “clase política”. Estas circunstancias no son  desdeñables, pues la mejora de la pensión parlamentaria (y la indemnización tras el cese) se justifica legalmente en los daños ocasionados en el parlamentario por el abandono de su trabajo anterior, o por el reciclaje laboral que, a veces, tiene que emprender para lograr su reincorporación. Sin  embargo, la ocupación política de representante como primera obligación laboral no es excepcional sino bastante corriente.

Entre los romanos, el acceso a las magistraturas representativas acaecía en plena madurez. Antes guerreaban en las campañas de conquista y, demostrado el ardor guerrero juvenil, alcanzaban la autoridad política con avanzada edad. A veces, también conquistaban la juvenil belleza de una compañera (como muestra ese relieve del Museo de Pérgamo de Berlín con un hombre maduro e influyente con las manos enlazadas de una joven). Nuestros representantes, en cambio, son bien pronto políticos profesionales por decisión propia y después por elección o designación. Podrían hacer un esfuerzo mayor, por tanto, en el periodo de de cotización dada su dilatada carrera política.

Nadie debería, sin embargo, dejarse llevar por el descrédito del trabajo político profesional. Hay representantes que podrían obtener mejores estímulos económicos fuera del ejercicio del cargo de representante. Además, irremisiblemente, estamos en un sistema político donde la agenda política debe ser atendida por políticos profesionales (idealmente movidos por fuertes convicciones). Max Weber diagnosticó el paso a la política como profesión: se ha dado el tránsito de los políticos que viven para la política a los políticos que viven de la política. Si el político reúne la cualificación requerida para desempeñar el cargo y se dedica a fondo, su especialización abarata costes de información. Es mucho más caro que todos nos informemos de los asuntos públicos a  que sean los políticos profesionales quienes se informen, aconsejen y decidan, para, después, explicarnos la situación afrontada con mensajes comprensibles y sencillos. Desde luego, la política no se hace ya en los parlamentos a la manera del antiguo ejemplo inglés. La agenda política se elabora bajo tensión mediática y no existe lo que no aparece en los medios de comunicación. Pero la decisión política responsable está sometida a la especialización. Una representación responsable puede sostener los intereses generales o los de las minorías con solvencia. Los defensores de los intereses de las minorías por cuotas ignoran que no siempre el mejor representante de la minoría negra es un negro. El político profesional debe superar condicionamientos personales, sociales, políticos o culturales que le alejen de buscar lo más justo para sus conciudadanos. Mis amigos brasileños decían que Pelé –ex ministro brasileño– es el más blanco de los negros. Así que su deseable juicio político responsable, y no el color de su piel, avala la justicia social de sus decisiones.

El blindaje del político respecto de intereses oscuros y espurios y la dedicación de los más capaces justifican su solvencia económica como profesionales. Pero no una excesiva mejora como “clase política”. Sus posibilidades de renovación como tal no son obvias. Somos iguales para ejercer el derecho de voto. Pero –en opinión de voces tan autorizadas como la de Bernard Manin– las diferencias sociales para llegar a ser elegible son enormes (se ha referido a la clase política como “aristocracia natural”). Si la inmovilidad se refuerza con pensiones intocables en época de crisis (o se detectan inconsistencias manifiestas del político como profesional), la sacrificada opinión pública puede alarmarse con razón.

Un informe reciente sobre las pensiones, elaborado por un despacho jurídico,  hizo estallar la alarma sobre “privilegios” en las pensiones de nuestros representantes y una confesa intención de replantear este tema entre importantes interlocutores políticos. Quizás no debamos alarmarnos y ellos deban acometer reformas en su sistema de pensiones. De momento, el Reglamento de Pensiones parlamentarias señala  estos porcentajes de pensión a pagar con el presupuesto de las Cortes Generales: de siete a nueve años de mandato, el 80 por ciento; por más de nueve años y hasta once años de mandato, el 90 por ciento; y por más de once años de mandato, el 100 por ciento. Tienen derecho a obtener la pensión quienes hayan sido Diputados o senadores por, al menos, siete años y hayan cumplido sesenta y cinco años, hayan obtenido la jubilación anticipada si cumplieron sesenta años y cotizaron durante cuarenta años, o  hayan obtenido la declaración de invalidez permanente total, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Estabilizar y dar seguridad al desempeño de un derecho constitucional (art. 23) no sobra. Pero tampoco se justifican ahora, en mitad de la debacle económica, exenciones de sacrificios. Corresponde dar ejemplo.

Los necesarios estímulos económicos para que las responsabilidades de gobernante y parlamentario estén en manos de los más capaces (los mejores “inter pares”) nunca sobran. Pero, en tiempos de crisis, los estímulos son menores para todos y tampoco deben obviarse los sacrificios para los más responsables por capaces que sean en el desempeño de sus funciones. Habitualmente solventes, aunque no siempre.