La «Democracia» española, en vísperas del desasosiego

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Francisco  Serra

Un profesor de Derecho Constitucional visitó Portugal, en vísperas del previsible rescate. Había estado el verano anterior en Lisboa y, ahora, la falta de turistas y una niebla que no llegaba a levantar contribuían a sumergir a la ciudad en un ambiente fantasmal. El profesor había leído hacía unos meses un artículo en el que se hablaba del progresivo decaimiento de la urbe, que había perdido en los últimos tiempos una parte importante de su población, ante las malas condiciones de habitabilidad de las casas. Aunque las elecciones presidenciales iban a tener lugar la semana siguiente, apenas se veía publicidad en las calles y existía la convicción generalizada de que el actual inquilino del palacio de Belém repetiría en el cargo, sin que nadie pensara que eso iba a librar al país de su declive. Las cosas en Portugal, afirmó uno de sus interlocutores, estaban como siempre: aparentemente bien, pero en realidad cada vez peor. El profesor pensó que en España parecía suceder lo mismo. La Constitución decía aparentemente casi lo mismo (apenas dos palabras más) que cuando se aprobó pero en la realidad casi nadie pensaba que en la actualidad sirviera para regular eficazmente la vida política.

El profesor, mientras paseaba por las calles de Lisboa, recordó haber leído que se había publicado en castellano recientemente una biografía de Patricia Highsmith y rememoró una obra escrita por ella en la que una mujer redacta un diario en el que va poco a poco modificando su versión de los acontecimientos que se suceden para acomodarlos a sus deseos, de tal forma que lo que ella narra acaba no pareciéndose en absoluto a lo que realmente ha tenido lugar. El profesor pensó que la Constitución española, sin casi haber sufrido alteraciones formales, había sido interpretada por los  partidos políticos mayoritarios (al fin y al cabo, los únicos “actores” reales en la vida política, ya que las instituciones en su gran mayoría no actuaban más que a su dictado) de forma tan retorcida que se había alejado enormemente de su sentido original. Quien leyera el texto de la Constitución, sin conocer lo que realmente pasaba en España, podría pensar que el sistema funcionaba con absoluta regularidad: existía una Monarquía parlamentaria en la que el Rey era el “símbolo de la unidad de todos los españoles” y había un Parlamento, formado por dos Cámaras en cierto modo complementarias, que llevaba a cabo una eficaz labor de control del gobierno en un clima de “lealtad constitucional”, mientras los jueces, únicamente sometidos al imperio de la ley e “independientes” de cualquier mediación política, se limitaban a “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”. Para reforzar el imperio de la Constitución, un Tribunal Constitucional “formado por doce miembros” y renovado “puntualmente” cada tres años ejercía el control de constitucionalidad de las leyes, al tiempo que un Defensor del Pueblo elegido por amplia mayoría velaba por el buen funcionamiento de la Administración.

Como sucedía con la ciudad que descubría ante sus ojos velada por la neblina, la vida política española era difícilmente identificable con la que se había trazado en el texto constitucional. Incluso en momentos de grave emergencia nacional, los principales partidos políticos habían sido incapaces de alcanzar el mínimo acuerdo y, una vez guardados hasta el próximo año los pastores del belén, se habían olvidado las ofertas de negociación y se habían vuelto a utilizar de modo partidista expectativas hasta ahora inéditas de alcanzar una paz civil como nunca antes había existido. La “unidad nacional” era en ocasiones difícilmente perceptible y la figura del Rey despertaba escaso entusiasmo en las jóvenes generaciones. El Parlamento languidecía (sólo el estreno de un nuevo y costoso sistema de traducción simultánea en el Senado parecía haber suscitado cierto interés en la opinión pública) y sobrevivía tristemente pretendiendo llegar al término de una legislatura prácticamente agotada. El nuevo Gobierno, de hecho sometido a tutela por los mercados y los mercaderes, en sólo (o, mejor dicho, solo, como recomendaba escribir la Real Academia) unos meses había perdido su capacidad de iniciativa y se limitaba a gestionar la cada vez más extendida miseria. La oposición parecía entretenerse, según habían filtrado los periódicos, en confeccionar las listas de un hipotético futuro gabinete y en preparar un “asalto al poder” que reformara el “Estado de las autonomías” hasta dejarlo casi sin contenido y un recorte de derechos sociales que convirtiera en puramente retórica la calificación del Estado español como “social y democrático de Derecho”. El “gobierno de los jueces” consistía en poco más que un reparto de nombramientos entre supuestos “progresistas” y conservadores. El profesor ya casi ni recordaba cuándo el Tribunal Constitucional había sido renovado con regularidad  y empezaba a tener dudas de cuál era su número real de miembros. A nadie le preocupaba excesivamente que no se hubiera llegado a un acuerdo para proponer un nuevo Defensor del Pueblo y ni siquiera parecían barajarse posibles candidatos.

El profesor, mientras desde “Chapito” veía la ciudad en sombras en medio de una noche oscura en la que sólo refulgían en la lejanía algunas luces aisladas, algo más brillantes en la Baixa y en el Bairro Alto, anheló el retorno de tiempos de esperanza. Recordó el entusiasmo de personajes como Otelo Saraiva de Carvalho, con el que coincidió años atrás en Mérida en un curso de verano, y esperó que por un momento fuera posible una transformación profunda de la realidad política, pero las declaraciones de los más destacados políticos españoles y lusos no hacían más que sumirle en un creciente desasosiego y en su nostalgia no pudo más que sentirse como uno de los “españoles ilusos” que una vez pensaron que estaba surgiendo algo nuevo.

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