De presos y comunicados de ETA

Carlos García Valdés *

En fechas muy recientes y sucesivas han tenido lugar dos hechos relevantes, relacionados con la banda terrorista. El primero fue la marcha a favor de la concentración de los reclusos, dispersos en diversas prisiones del territorio español y el segundo, el comunicado de dicha organización manifestando un alto el fuego definitivo y verificable internacionalmente. Ambos sucesos no pueden llamarnos a engaño.

Empezando por el comunicado, el mismo ha sido recibido con lógico escepticismo por los partidos políticos. Se ha dicho, hasta la saciedad, que la única actitud digna de contemplación en relación con el grupo terrorista es la entrega de sus armas y el cese total de sus actividades, comportamiento que no precisa de control externo alguno, bastando las intervenciones policial y judicial de nuestro país. Si además en la proclama se hace mención expresa de cuántos miembros quedan activos y recalcitrantes, así como de los locales de depósito de armas y zulos, todo empezaría a encajar. Y la técnica exigible sería la misma que la que el Código penal recoge para los denominados “arrepentidos”, es decir el reconociendo de la propia culpa y el total abandono del delito, pues “un alto el fuego”, como dice la nota dada a conocer por ETA, es por esencia un paréntesis, una tregua, un método electoral para sus amigos, no una derrota ni una renuncia absoluta a los métodos violentos. Por eso, ningún valor ha de otorgarse a quien no es creíble ni digno, al decir exclusivamente lo que quiere oír, no lo que se espera de él que diga.

Por otra parte, no se acaba de entender la necesidad de pactar con grupo criminal alguno que el Estado tiene, muy mayoritariamente, en prisión y cuya actuación ha decaído, por la presión policial, tan sustancialmente que ya no se erige entre las primeras preocupaciones del gobierno ni de los españoles. Es decir, se negocia o habla, en todo caso y si no cabe otro remedio, con quien es un peligro permanente, incontrolado e inesperado, no con quien se encuentra decaído y en franca retirada, poblando sus miembros los establecimientos penitenciarios, sin perjuicio de postreros rabiosos y trágicos coletazos.

No puede olvidarse que, sin duda alguna y de aceptarse, el mencionado comunicado no pasaría de ser un primer paso para las claras intenciones de la organización terrorista. En efecto, satisfechos todos, hipotéticamente, con lo expresado, las cosas nunca terminarían ahí. El paso inmediato es el tajante acercamiento de condenados y, desde luego, la pronta salida de prisión, objetivo final de cualquier manifestación pública que realice la banda y sus simpatizantes, alegándose que ningún sentido tendría ya el castigo al haberse disuelto el grupo criminal e integrado sus antiguos participantes en la normalidad democrática y ciudadana. Conozco el tema desde hace más de treinta y tres años, tuve presos a sus primeros comandos, viví la escisión de los “polis mili” y aguanté la tibieza de los dirigentes nacionalistas al respecto. Nada me va a hacer cambiar respecto a estos personajes ni sus cómplices de los que ninguna mente sensata puede fiarse.

Ya he dicho que relacionado directamente con el asunto del manifiesto está el de la dispersión o acercamiento de los internos etarras. De hecho, nada más emitirse aquél tuvo lugar la manifestación reivindicativa al respecto. Este tema penitenciario tiene su historia y su fundamentación que debe conocerse.

En mi etapa de Director general de Instituciones Penitenciarias, gobernando la UCD, se optó por la concentración de los, más o menos, doscientos cincuenta preventivos y sentenciados de ETA en la prisión de Soria. El resto de los grupos terroristas ocuparon otros establecimientos. En aquella época (1978), con anterioridad a la vigencia de la Ley orgánica penitenciaria de 1979, no existían verdaderos centros cerrados ni departamentos especiales a donde pudieran ser conducidos los reclusos de peligrosidad extrema y estos lo eran y lo siguen siendo. La prisión castellana cumplió a la perfección con el papel que le fue atribuido, controlando la situación, separándoles de su círculo de influencia e impidiendo fugas y motines.

La segunda fase tiene lugar con el gobierno socialista de Felipe González trasladando en 1983, por orden de la presidencia, a los etarras al establecimiento de primer grado de Herrera de la Mancha. Seguía pues el primitivo criterio de concentrar los reclusos de ETA en un único centro penitenciario. Vigente ya la legislación competente, no existe obstáculo legal respecto a esta decisión (concentración) ni a la contraria (dispersión), pues evitar “el desarraigo de los internos” se contempla, con razón, como una mera posibilidad, nunca como una obligación por parte de la Administración.

Será con la llegada al Ministerio de Justicia de nuevos aíres (Múgica / Asunción), a finales de la década mencionada y principios de los años noventa, con las primeras construcciones de prisiones modulares, el crecimiento desmesurado de los presos y condenados por actividades terroristas (unos quinientos), la detección de un estatus jerarquizado de los dirigentes dentro de las cárceles, y la más fácil comunicación en un solo centro, dañina para la seguridad, cuando se opte por la dispersión de todos los reclusos entre las más de ochenta prisiones en servicio. Esta acertada opción es la que se mantiene en la actualidad en nuestro país para los aproximadamente setecientos reclusos de la banda y la que aplica Francia en sus recintos carcelarios, en régimen celular, para los doscientos etarras allí encerrados.

La adecuación de la decisión tomada es evidente. Separa, divide y clasifica a los penados, alejándoles de las rigurosas consignas de los más intransigentes miembros de la banda terrorista, compañeros de encierro, que ven, con rabia, perder su autoridad sobre aquéllos. De hecho, en sentido contrario, cuando se producen acercamientos excepcionales y regulados de personas concretas, se aplican los criterios razonables de haber constatado el claro alejamiento o la ruptura con los postulados de la organización. Este método, en mi opinión, sin reproche alguno, se viene aplicando por Instituciones penitenciarias desde el primer gobierno del PP hasta el último del PSOE.

Precisamente porque la dispersión hace indudable daño a la banda terrorista se presenta por los proetarras y simpatizantes, en manifestaciones y actos, y también en muy recientes comunicados de la línea dura de los presos, como algo a erradicar y por eso mismo bastaría esta razón para mantenerla, pues tal política penitenciaria ha sido y ha demostrado ser en la actualidad un arma más, y eficacísima, en la lucha contra el terrorismo.

(*) Carlos García Valdés es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá de Henares.

Carlos