Los efectos heredados

Julia Varela *

Para dar cuenta de la crisis actual de la Universidad es preciso a mi juicio tener en cuenta al menos dos grandes líneas de fuerza, dos vectores: en primer lugar, los efectos heredados del franquismo; en segundo lugar, los efectos de la llamada  modernización, marcada a partir de la década de los 80 por las políticas neoliberales.

El franquismo

Como es sabido la guerra civil, y la posterior dictadura militar que siguió a la guerra, hasta la muerte de Franco en 1975, supuso de hecho a la descapitalización de la Universidad. Los profesores universitarios españoles en el exilio jugaron un papel de primer orden en el florecimiento intelectual de la Universidad de México, o en las editoriales argentinas, al mismo tiempo que el nacional-catolicismo promovía en España la depuración de maestros y profesores.

Algunos historiadores señalan que durante la época en la que Pedro Sainz Rodríguez fue Ministro de Instrucción pública, en el primer Gobierno del General Franco en Burgos en 1936, la lista de depurados universitarios ya incluía a más de mil nombres de profesores. La Orden del 29 de julio de 1939 (BOE, 18 de agosto) establecía la separación de la Universidad de algunos docentes con prestigio internacional como Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz, José María Ots Capdequí, Niceto Alcalá-Zamora Castillo, Juan Peset Aleixandre, Luis de Zulueta Escolano, Pedro Salinas Serrano, y otros. Fueron muchos los que también sufrieron el exilio, entre ellos, Ortega, Negrín, Ayala, María de Maeztu, María Zambrano... En un país controlado por la censura, y por tanto sin libertad de expresión, el espíritu universitario chocaba directamente con las normativas del orden público. En un principio los catedráticos eran designados por el Ministerio. José Ibáñez Martín, ligado a los hombres de Acción Española y cofundador de la revista del mismo nombre, fue Ministro de Educación entre 1939 y 1951, es decir, doce años, y  fue el principal artífice de la infiltración de los miembros del Opus Dei en la Universidad y en el CSIC. Entre los nuevos catedráticos designados por el Ministerio había alféreces provisionales. Uno de mis profesores en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Complutense fue alférez provisional y según parece compuso la letra del himno Prietas las filas. Y por si la  drástica depuración no fuese suficiente en el año 1965 fueron expulsados de la Universidad José Luís López Aranguren, Enrique Tierno Galván, Agustín García Calvo y Santiago Montero Díaz. Esta decapitación de muchos profesionales bien preparados, lúcidos y críticos, supuso un empobrecimiento general de la vida universitaria española, e hizo que nuestra generación careciese de maestros en el sentido estricto del término. El peso que sigue teniendo la dictadura franquista en la situación de la Universidad va mucho más allá de la existencia de grupos de presión interna, de endogamia, de abusos en el ejercicio del poder,  y afecta profundamente al funcionamiento democrático de la institución. Uno de los efectos más visibles de la herencia del  franquismo es la pervivencia de las capillas. La presencia de los sacerdotes católicos y las capillas en las Universidades públicas choca directamente con el principio de la laicidad del Estado.

El proceso de modernización y las políticas neoliberales

La reconversión de la Universidad franquista se produjo parcialmente a través de los PNNs, los Profesores No Numerarios, durante los años de la transición de la Dictadura a la democracia. En los años 70 y 80 una parte importante de los PNNs se formó en otros países europeos y en los Estados Unidos. El gobierno de Felipe González, con José María Maravall al frente del Ministerio de Educación, parecía apostar por el desarrollo  educativo y cultural para salir del atraso y de la ignorancia. Ello implicaba la incorporación a Europa. La  LRU fue aprobada en 1983. Con esta ley se produjo en parte una cierta democratización que permitió la entrada en la Universidad a muchas hijas e hijos de trabajadores que previamente no tenían acceso a estudios universitarios, y supuso también la funcionarización de muchos PNNs. La LRU se aprobó cuando la Universidad española estaba conociendo un crecimiento exponencial. España pasó de un poco más de 37.000 estudiantes universitarios en 1940 a 76.500 en 1960, y a 205.500 en 1970. Pero fue sobre todo entre los años 1970 y 1995, es decir, en un lapso de tiempo de 25 años, cuando el número de estudiantes universitarios se multiplicó por siete. Sin embargo, a partir de la promulgación de LRU, se vivió en la Universidad una especie de interinidad permanente con las pruebas de idoneidad de los antiguos PNNs, la ley de autonomía universitaria, la creación de Departamentos, los nuevos planes de estudio, los decretos de áreas, etc., una interinidad que no ha dado tiempo de reposo, que no ha permitido pensar los cambios con detenimiento, ni ha permitido una profundización en el funcionamiento democrático.

La promulgación de la LRU coincidió  con la aplicación de las políticas neoliberales en el mundo anglosajón gracias al decisivo impulso de los gobiernos de  Miss. Thatcher (1979-1990) y de Ronald Reagan (1981-1989) en la década de los ochenta. Recobró entonces nuevos bríos el credo liberal, bien analizado por  Kart Polanyi en La gran transformación, un credo que implica convertir en mercancías a los hombres, a la tierra, al propio dinero y al mundo cultural. Como es sabido el credo neoliberal proclama que el individuo es la base de la sociedad, un individuo competitivo y emprendedor, un ganador. Se eliminan así de un plumazo, y como por arte de magia, los conflictos entre las clases sociales y las desigualdades ante la educación. Los neoliberales defienden la irracional idea de que el mercado se auto-regula, y regula a la vez la vida social. De ahí la apología  de la empresa como la fuente única de creación de riqueza y empleo, y de ahí también el interés de los gobiernos neoconservadores por terminar con el Estado social, y privatizar los servicios  públicos, incluidas las universidades públicas. La privatización y mercantilización de la Universidad, que se había iniciado tímidamente con la LRU (masters, financiación externa para realizar actividades académicas….) se acentuó notablemente con la Ley Orgánica de Universidades, la LOU, promulgada por el Partido Popular en el año 2001, en la que claramente se percibe la ideología neoliberal de fondo. Es en este marco en el que se explica que una Universidad como la Complutense, con Villapalos de rector, concediese a Mario Conde el título de doctor honoris causa. En consecuencia, desde la  década de los 80, pero todavía mucho más en las décadas siguientes, la Universidad pública se vio acosada, desvalorizada, asediada, por la ofensiva neoliberal,  igual que sucedió con todo servicio público.

Para reavivar la memoria histórica, y no caer en el fatalismo, conviene recordar que hubo distintos grupos de estudiantes y profesores que intentaron analizar y criticar lo que estaba pasando. Un ejemplo de ello fue el llamado Manifiesto de los cien ( publicado por el diario El País el 29 de enero de 1991), que dio origen al Foro Universitario de Izquierdas. En 1996 un grupo de profesores  miembros del Foro organizamos en la Complutense un Seminario Internacional en el mes noviembre titulado Neoliberalismo versus democracia, con el fin de reflexionar sobre los cambios que se estaban produciendo y ver qué se podía hacer. Las actas del Congreso fueron publicadas como libro en las Ediciones de La Piqueta con el mismo título Neoliberalismo versus democracia.

La crisis en proceso

Voy tan sólo a apuntar  algunos procesos que contribuyeron a la situación actual.

En primer lugar, la demagogia de los partidos políticos los llevó a prometer en sus programas electorales algo así como la Universidad a la puerta de casa. Se crearon por tanto toda una serie de Universidades de forma rápida y de baja calidad mediante sistemas clientelísticos de selección del profesorado. Una buena universidad no puede improvisarse de la noche a la mañana. Se podría decir que la autonomía universitaria fue reconducida a potenciar el caciquismo local.

En segundo lugar, a partir de la LOU, cuando las competencias pasaron a las Comunidades Autónomas, los gobiernos autonómicos conservadores potenciaron enormemente las Universidades privadas, especialmente algunas vinculadas a la Iglesia, y a los poderes fácticos. En Madrid se dice que hay 7 universidades publicas y 7 privadas (Alfonso X, Antonio de Nebrija, CEU San Pablo, Europea de Madrid, Francisco de Victoria, Pontificia de Comillas, Camilo José Cela). Pero, a estas habría que añadir numerosos  centros universitarios privados como por ejemplo IESE Bussines School, Escuelas de Dirección de Empresas, Colegios y Centros Universitarios de Estudios financieros, Universidad Internacional Euroamericana, la Saint Louis University, Mississipi University, Syracuse University, y otras que organizan cursos y masters, y conceden títulos con valor en el mercado.

En tercer lugar, comenzó la moda de los Masters, inspirados directamente en las Universidades Norteamericanas, a los que se añadieron los  cursos  de verano, financiados sobre todo con fondos privados provenientes de  bancos y cajas de ahorros, y empresas. A esa moda se sumaron los masters de  las empresas privadas realizados algunos de ellos en las universidades públicas, con el fin de seleccionar y formar directamente a sus becarios y futuros trabajadores.

En cuarto lugar está el peso, y la creciente actividad de los Consejos Sociales de las universidades, con la ostentosa presencia de banqueros  y empresarios, que no solo participan en las decisiones económicas a través del control de los presupuestos, sino que incluso adoptan medidas que afectan a la aprobación de títulos y  de las nuevas unidades de los centros,

En fin, más recientemente, se nos ha venido encima el llamado Plan Bolonia, un plan que acentúa todavía más algunos aspectos del vendaval neoliberal, y del modelo americano, al enmarcarse en el Acuerdo general de comercio y servicios de 1995 que aboga por una liberalización de los servicios, y considera que la financiación de los servicios públicos entorpece el funcionamiento de los mercados.

(*) Julia Varela es catedrática de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.