Parado y sospechoso
Pascual García Arano *
El pasado 2 de febrero, gobierno, patronal y sindicatos suscribieron en el Palacio de La Moncloa el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones. El texto, de 37 folios, esconde una resbaladiza frase en su introducción. Concretamente, en la página cuatro, cuando se enumeran los objetivos generales que persigue el acuerdo y que, según los firmantes, son tres: el equilibrio de las cuentas públicas, la sostenibilidad del sistema y el empleo de calidad. En lo relativo al empleo de calidad, los 36 folios restantes no despejan demasiadas dudas. De hecho, son un copia y pega respecto a asuntos como la educación, la formación ocupacional y profesional, el cambio del modelo productivo, la política industrial y energética o la apuesta por el valor añadido en investigación y desarrollo que cualquier seguidor de este tipo de literatura pactual ha paladeado ya en innumerables ocasiones. Los otros dos objetivos: la sostenibilidad del sistema y el equilibrio de las cuentas públicas quedan más amarrados. Hasta cuatro anexos son necesarios para detallar al milímetro las tablas con las fechas, cantidades y años cotizados que, a partir de ahora, serán necesarios para calcular cuánto tiempo más habrá que trabajar para jubilarse con el cien por cien de la pensión y quiénes, cómo, cuándo y por qué podrán hacerlo.
¿Pero cuál es esa enigmática frase del cuarto folio? Según el texto definitivo remitido el pasado 3 de febrero por el Ministerio de Trabajo, el primer objetivo del acuerdo es “equilibrar las cuentas públicas de acuerdo con los compromisos adoptados y sobre la base de un ejercicio de austeridad que incluya esfuerzos en el gasto público para elegir aquellos con mayor grado de eficiencia y equidad, combinados con la definición de un sistema de ingresos capaz de sostener la presencia de un sector público eficiente que asegure no sólo la cohesión social en España, sino también su competitividad. Desde esta perspectiva”, concluye el bonito e intrincado párrafo, “también adquiere relevancia el papel de la lucha contra el fraude fiscal”.
El fraude fiscal es el padre de algunas batallas, ¿pero de qué fraude fiscal estamos hablando? Este mismo lunes, el Boletín Oficial del Estado publicaba el Plan General de Control Tributario de 2011. Y una de las prioridades del Ministerio de Economía y Hacienda para los próximos doce meses es la lucha contra la economía sumergida, lo que incluye, como no podía ser de otra manera, acciones de supervisión y control contra aquellos que, sin declararlo, estuvieran obteniendo rentas con el ejercicio de alguna actividad incompatible con el ‘disfrute’ de una prestación, como, por ejemplo, el subsidio de desempleo.
“Se potenciarán las acciones destinadas a combatir la economía sumergida, que se acometerán de un modo conjunto y coordinado con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con la Tesorería General de la Seguridad Social, para lo que se prevén acciones de carácter presencial… La economía sumergida comprende todas las actividades productivas legales que son deliberadamente ocultadas a las autoridades con el fin de eludir tanto el pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social como el cumplimiento de la normativa laboral… Los órganos de control”, se abunda,” focalizarán su acción en la detección de actividades económicas no declaradas o en las que la cuantía objeto de declaración sea proporcionalmente muy reducida en relación con la actividad efectivamente desarrollada. Estas acciones perseguirán también la identificación de trabajadores falsamente autónomos y el descubrimiento de personas físicas que no declaren las rentas percibidas y que, además, puedan estar percibiendo prestaciones asistenciales en materia de desempleo o de la Seguridad Social”.
La economía sumergida –vivero de desigualdades, desprotección, ausencia de derechos, usura, violencia social y de género– representa en España el 20% del PIB (205.000 millones de euros), según un estudio publicado el pasado diciembre por Visa Europa, institución que, lamentablemente, no publica estudios sobre el porcentaje del PIB que suponen los capitales sumergidos.
Seguramente estamos metidos de lleno en la década de las reformas y seguramente no queda otra que revisar el sistema de pensiones, el mercado de trabajo y el copago sanitario. Pero, seguramente, también habrá que reformar otras cosas, aunque, según el plan de la Agencia Tributaria para 2011, en esas otras cosas vamos mejorando. “El refuerzo de los intercambios de información entre administraciones y de la cooperación internacional, sobre todo en el ámbito de la OCDE, permitirán acometer con mayor eficacia la lucha contra los paraísos fiscales y territorios de baja tributación, en particular para la detección de activos, depósitos y productos financieros en dichos territorios cuya titularidad corresponda a ciudadanos residentes en España. La Agencia Tributaria se esforzará al máximo en los foros internacionales y también bilateralmente para que la colaboración entre Administraciones tributarias mejore y vaya dando resultados prácticos”. Lo cierto es que cuando uno lee estas cosas, se queda mucho más tranquilo.
No me extraña que a ZP los ciudadanos le sus pendan con un 3,30, según el sondeo del CIS. Sólo a un handicapado mental se le ocurre intentar equilibrar el presupuesto, rebuscando entre la calderilla de fontaneros, pintores de brocha gorda y tenderos, y dejar tranqulios a los multimillonarios que esconden las Sicav, sus grandes fortunas.
Haber k el pobre k no puede pagar su autonomos supongo k será por k ni le llegue, ¿pensar k una persona no se jubilara nunka? ,es de tontos. Ahora que vienen la vacas flacas a por el de abajo, k kuando estaban gordas todos mirando pa otro lao kn los rikachones.