El conflicto de la Enseñanza Pública

Agustín Moreno *

El cambio de ciclo político está reforzando la estrategia neoliberal de privatización de sectores fundamentales. Privatización que David Harvey llama  acumulación por desposesión y que no es otra cosa que el despojo de un patrimonio social creado durante generaciones (educación, sanidad, pensiones…), para beneficio de unos pocos. Y que cuando se implanta es un fiasco: ni benefician al usuario-consumidor ni funcionan mejor ni mejora la gestión.

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En esta línea se están aplicando recortes por los gobiernos del PP en Galicia, Castilla La Mancha y Madrid. El gobierno Aguirre con las instrucciones para el curso 2011-2012 en los centros públicos eleva el  horario lectivo de 18 a 20 horas y la supresión de las tutorías colectivas. La consecuencia directa  es la destrucción de más de 3000 empleos, a añadir a los 2.500 perdidos el curso pasado. Es evidente que con 5.000 profesores menos para el mismo volumen global de alumnado la calidad educativa se deteriora y no se reducirá el fracaso escolar. Para justificar las medidas intentan desacreditar al profesorado falseando la cantidad y la calidad de su trabajo: 37,5 horas semanales de jornada total y la responsabilidad de educar a cientos de alumnos.

Se reflejarán las medidas en el aumento de los alumnos por clase, la supresión de grupos reducidos en asignaturas instrumentales y laboratorios, menor apoyo a quien tiene dificultades de aprendizaje, menos actividades extraescolares y entrevistas con alumnos y padres.  También es muy grave el ataque a las tutorías. En la ESO no sólo se enseña sino que se educa en años decisivos en su formación y crecimiento integral como personas. Son básicas para integrar al alumnado, trabajar la convivencia, relacionarse con las familias, orientar académica y profesionalmente, abrir las clases a la sociedad y a otros expertos, etc.

Los recortes se justifican como medidas de ahorro, pero hay una decisión política e ideológica cuando gastan los recursos en cosas tan discutibles como desgravar 90 millones de euros del IRPF a las familias que llevan a sus hijos a la privada, dar un trato privilegiado a los centros concertados, derrochar recursos en la JMJ y en la aventura de las Olimpiadas o pretender crear una policía autonómica.

En mi opinión el profesorado tiene todo el derecho a combatir las agresiones, pero debe mantener el compromiso con la educación pública y desarrollar bien la tarea docente. El malestar debe de volcarse hacia los responsables de los recortes, no pagarlo el alumnado.  Protesta y profesionalidad, es un derecho y una obligación. El profesorado se está reuniendo  en asambleas y claustros, se convocan a las familias para explicar la situación, se debaten iniciativas movilizadoras y habrá huelgas, manifestaciones y otras acciones.

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Pero la defensa de la escuela pública no es una batalla sólo del profesorado. Se debe de producir un movimiento desde toda la comunidad educativa (también familias y alumnado) y desde la ciudadanía (sindicatos, movimiento 15-M, asociaciones de vecinos). Si el conflicto dura, ajustando los diferentes ritmos del profesorado, se coloca en el debate electoral para que todos se retraten, especialmente Rajoy, sobre sus intenciones respecto a la educación, y se convierte en un conflicto social, podrán pararse los recortes. Habrá otoño caliente.

(*) Agustín Moreno es profesor de Enseñanza Secundaria en Vallecas (Madrid). Fue secretario de Acción Sindical de CCOO de 1977 a 1996.

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