La cumbre europea del pasado miércoles/jueves seguramente pasará a la historia por ser la que más expectativas había creado entre toda la Unión, y fuera de ella, y la que peores resultados arrojó, siempre en función de lo esperado.
El único resultado relevante, aunque esperado, ha sido reconocer y finalmente aprobar, que tras hundir económicamente a Grecia, ahora se le perdona la mitad de la deuda soberana, buena parte de ella en manos alemanas y francesas. El ejemplo griego es bien conocido en teoría de la empresa, es lo que de denomina operación acordeón, es decir reducir prácticamente a cero el balance de una empresa, para luego comprar esa empresa a precio simbólico, con su deuda saneada. Esto es exactamente lo que se ha hecho con el país heleno pues, al margen de su pésima política presupuestaria, no muy diferente de otros países, la practica de asfixia económica, una consolidación fiscal desde cifras de dos dígitos y el desmantelamiento de casi todo el sector público, ahora permite comprar cari todo lo mejor del país, a precio de saldo. Esto es lo que seguramente comenzarán a hacer empresas alemanas, francesas, pero también de otras latitudes como China o EE.UU. particularmente en sectores como el turismo, el aceite, telecomunicaciones o transportes.
Esta política de rapiña hacia el sector público, especialmente el rentable, es la táctica que se está siguiendo en el resto de países cuya debilidad financiera y macroeconómica no permite una expansión fiscal para volver a la senda de crecimiento. Los sectores educativos, sanitarios, de transporte y servicios sociales, son la parte del pastel que poco a poco van a ir pasando a manos de los lobbys europeos, pero también asiáticos o anglosajones. Por tanto, esta crisis financiera al final va a ser la coartada para un profundo desmantelamiento del entramado de servicios públicos, hasta ahora derechos adquiridos por parte de los ciudadanos, para pasar a ser concesionados y sufragados mayoritariamente por precios, o supuestas donaciones obligatorias.
La segunda parte de la resolución de la cumbre de la UE tiene que ver estrictamente con el sector bancario y con el fondo de rescate. El sector bancario sufre de nuevo un cambio en las reglas del juego que imposibilita cualquier planificación estratégica de las entidades y además no reparte equitativamente las cargas entre los jugadores. La parte positiva es que introduce por fin ya el concepto de quitas, aunque de momento lo llamen devaluación, pero solo aplicadas a la deuda soberana. En este punto merece la pena destacar la escasa visión y la falta de rigor en los análisis llevados cabo en España y otros países de los supuestos analistas y economistas de cabecera, quienes negaron siempre la necesidad de una quita de deuda, así como la negación sistemática por parte de las autoridades económicas del Ministerio, algo que invalida su capacidad para llevar a cabo una política económica adecuada.
El origen de la quita de deuda en España, de momento en la deuda pública, está basado en el riesgo que atesora la cartera inmobiliaria de la banca española y la propensión a la ocultación que han llevado a cabo durante estos años, en connivencia con el Banco de España. A esto hay que añadir la ausencia de estadísticas fiables de precios, que ha provocado un recurso a la tasación interesada muy elevado, y la peculiar forma de valoración del suelo inmobiliario. En España, a pesar del nuevo reglamento de la Ley del Suelo, el suelo debe ser contabilizado y valorado en función del valor futuro del mismo, lo cual choca contra la lógica económica y hace que los balances bancarios sigan muy inflados e incorporen un riesgo que cada vez va a ser más penalizado. Estas son las razones, y que aplaudo, por las que las entidades bancarias españolas son las que probablemente más necesiten de una reducción de balance vía quitas de deuda privada, en una cuantía no inferior al 40%. El problema es que sin curar la enfermedad, el remedio que se les exige es una mayor captación de capital, de momento privado, para seguir tapando la sangría de la morosidad y del riesgo de fallido en muchos de sus activos inmobiliarios.
El drenaje de liquidez que va a suponer la enésima búsqueda de ahorro privado y el mantenimiento de la desconfianza entre entidades, por falta de transparencia, hará que siga seco el canal del crédito, lo que mantendrá la economía en recesión durante al menos los dos o tres próximos años. En esencia, mientras los balances de la banca española, pero también europea, no se reduzcan y se limpien de hipotecas basura americanas en el caso alemán, de suelo e inmuebles invendibles en el caso español y se retome una política de crecimiento coordinado, todo lo que estaremos haciendo es trasladar el problema a futuro, dejando por el camino mucha riqueza, y mucho desempleado. Todo esto causado por la fortaleza del lobby bancario que se resiste a reconocer pérdidas reales, lo que en realidad es un balance inflado y con pérdidas latentes muy abultadas.
El último punto es el del fondo de rescate europeo, que se trata de ampliar hasta el billón de euros. El caso de Grecia, y también el resto, ha demostrado que la cuantía es irrelevante para frenar la especulación contra una moneda o un activo de un país que se sabe que va a caer, como han sido los bonos griegos o los españoles. No hay que olvidar que los bonos españoles han sido prestados por parte de bancos españoles a fondos de pensiones anglosajones, entre otros, para especular a la baja con ellos, y esto ha dejado grandes beneficios para dichas instituciones. Este fondo, ante la cuantía tan elevada que supone la aportación de Alemania, dejará de ser público para ser participado por China, India u otros, lo cual ya dice mucho de la incapacidad de las autoridades europeas para gestionar sus propias finanzas. El riesgo de perder la máxima calificación por parte de Alemania hace inviable que este fondo sea creíble, y en ningún caso, supone la resolución de un problema de riesgo moral.
En resumen, el enésimo fracaso de la UE ha sido notable. La disparidad de criterios, los intereses creados, la gravedad escondida del sistema financiero, han vuelto a mostrar la incapacidad intelectual y la ausencia de mecanismos de coordinación, ante economías tan dispares. Para España, la señal es clara. Solo si se ataja el agujero inmobiliario, en el que el Estado debería asumir el parque resultante de la compra con una quita de al menos el 70% del precio a las entidades para empezar a darle un sentido productivo, el sistema financiero podrá empezar a prestar y a captar fondos en los mercados. La única buena noticia es que la palabra quita de deuda ya no es una anatema, y por lo tanto los analistas y economistas de cabecera tendrán que introducirla en sus discursos como si toda la vida hubiesen estado hablando de ella. Urge, por tanto, una quita ordenada de deuda privada a nivel agregado para minimizar los daños a la economía productiva que se está haciendo ya a muchos países. A nivel global seguiremos en el marasmo recesivo hasta que se den cuenta los supuestos mandatarios europeos que la consolidación fiscal es un error gravísimo en estos momentos.