Justicia e igualdad

El rey Juan Carlos conversa con Iñaki Urdangarin durante un acto oficial celebrado en 2006. / Efe

El rey Juan Carlos ha dicho, en su habitual discurso navideño, que la justicia es igual para todos. Y ha sido el acabose. Han sonado campanas y trompetas, se han derramado toneladas de confeti, las luces de la Gran Vía han dado un respingo atómico y hasta parecía que el pueblo llano lucía nueva y resplandeciente sonrisa. Nada más escuchar las sorprendentes palabras de nuestro monarca, “la justicia es igual para todos”, no lo olvide, España entera recuperó la alegría, la esperanza y las ganas de vivir. Las audiencias televisivas del sermón, que en 2010 alcanzaron sus índices más bajos, se han recuperado. ¿Morbo? No hombre, es que nos gusta saber que estamos en buenas manos. La prensa y las redes sociales se han entregado a su graciosa majestad: “Es el mejor discurso del rey, sin duda”, podía leerse en Twitter.

Cada día nos conformamos con menos. En este caso, con algo que debería ser una de las grandes obviedades de las sociedades democráticas: que la justicia es igual para todos. ¿Cómo?, se preguntará el lector antisistema, ¿que hasta ahora no lo era? Hay dudas que ofenden, que no necesitan ser aclaradas y, que en caso de surgir o necesitar alguna puntualización, pueden hacer que la confianza en el sistema se resquebraje. Por eso cuando la pareja de uno llega a casa no se le suele recibir con un “Hola cariño. No me he acostado con el butanero”.

Publicidad

Afortunadamente, el grandioso discurso del Rey no impide el progresivo e imparable deterioro de la monarquía. Los españoles que siguen optando por esta forma de Estado son, según la habitual encuesta de Metroscopia para El País, cada vez menos: 49% de monárquicos por un 37% de republicanos. La distancia entre ambos es más corta que nunca, apenas, 12 puntos.

Los españoles quizá seamos iguales ante la ley, si es que alguien todavía puede creer en la palabra de un Rey. Pero lo que parece evidente es que no somos iguales a la hora de, por ejemplo, conseguir una vivienda digna, pese a que el artículo 47 de la Constitución garantiza ese derecho. Remontémonos a los últimos cuatro años... En ese periodo de tiempo Urdangarín y familia, los involuntarios instigadores del incendiario discurso real, han adquirido un palacete en Barcelona, cinco pisos en Palma y uno en Terrassa, valorados en 7,3 millones de euros. Cuatro años en los que, vaya por dios, más de 150.000 familias han sido desahuciadas en España.