Un acuerdo y una imprudencia

Ignacio Fernández Toxo *

El pasado 25 de enero, las organizaciones empresariales y sindicales firmaron el Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que incluye el compromiso de los interlocutores sociales en materia de negociación colectiva, flexibilidad interna, inaplicación y salarios. El 30 de enero, el presidente del Gobierno confesó al primer ministro finlandés Jyrki Katainen, en una conversación recogida por algunas televisiones, que le reforma laboral que tiene previsto aprobar le iba a costar una huelga general. Dos ejemplos bien distintos de cómo enfrentar la delicada situación económica y social por la que atraviesan España y Europa.

La economía española se enfrenta a un doble reto: impedir la destrucción de puestos de trabajo y superar las deficiencias para crear empleo, el principal objetivo de la sociedad, y hacerlo con una distribución equilibrada de los esfuerzos entre personas y territorios. Se trata de reducir el drama de las personas sin empleo y dar respuesta al despilfarro que supone no utilizar todos los recursos productivos disponibles por una sociedad. Para crear empleo es preciso que las empresas españolas ganen cuota de mercado interno y externo, porque de otra manera cualquier esfuerzo se filtrará a otros países a través del saldo negativo con el exterior recogido en la balanza de pagos de bienes y servicios. Para conseguirlo se pueden utilizar dos caminos compatibles entre sí: ganar valor añadido de los productos españoles y conseguir mejor precio que sus competidores, en especial dentro de la Unión Europea, donde se realizan dos terceras partes de los intercambios comerciales.

Pero sobre todo, la Unión Europea y España necesitan un cambio de rumbo de sus políticas económicas y fiscales para enfrentar la crisis. De seguir obsesionados con la contención del déficit y la sostenibilidad de las cuentas públicas como única actuación de los gobiernos, acompañada eso sí de las políticas de ajuste y recortes sociales que este Gobierno como el anterior ha aplicado con entusiasmo, la economía española seguirá estancada y el paro no dejará de crecer, sin descartar situarnos en el umbral de los 6 millones a finales de 2012. Por tanto, la primera conclusión es que si además de austeridad en el gasto no impulsamos la inversión y la reactivación económica, liderando el Gobierno un Pacto por el empleo en el participen los sindicatos y las organizaciones empresariales, los poderes públicos y las fuerzas políticas, la crisis puede agudizar el conflicto social.

Responsabilidad y temeridad

Con el acuerdo recientemente firmado por los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, se quiso enviar una señal firme  a los sectores sociales más castigados por la crisis: crear una potente herramienta de solidaridad para que los trabajadores con empleo asuman incrementos moderados de salarios y se limiten también las retribuciones de ejecutivos y directivos; para que parte del excedente empresarial  se reinvierta en mantener y crear empleo de calidad; y para que haya un compromiso explícito a fin de que los productos básicos que mayor impacto tienen en la capacidad adquisitiva de las rentas más bajas tengan también un comportamiento controlado y moderado. A nuestro juicio, el acuerdo ensancha y refuerza el campo de intervención sindical en materia de negociación colectiva –el principal ámbito para la defensa de los derechos de los trabajadores-, el desarrollo de la flexibilidad interna, que se plantea como prioridad el empleo a través del uso flexible del tiempo de trabajo y la movilidad funcional con el objetivo de neutralizar la rescisión del contrato y el despido, o el mayor protagonismo de la solución autónoma de conflictos que mejorará la participación de empresas y representantes de los trabajadores en la resolución de los problemas inherentes a las relaciones colectivas de trabajo. El acuerdo impide la imposición del poder empresarial en las relaciones laborales y apuesta por la negociación y el convenio.

Sin embargo, las palabras del presidente del Gobierno el 30 de enero en Bruselas –“la reforma laboral me va a costar una huelga general”–, no son precisamente muy edificantes. Primero porque un presidente no está para provocar huelgas sino para evitarlas. Y segundo, porque mucho nos tememos que, una vez más, se pretenda engañar a la ciudadanía con un señuelo de reforma laboral para crear empleo, cuando en realidad se esconde otro severo programa de recortes sociales y laborales en materia de contratación, despido y, quien sabe, si negociación colectiva. Un despropósito por lo que dice y por lo que no dice, sobre todo si tenemos en cuenta que en nuestro país, ni los interlocutores sociales ni las instituciones democráticas conocen los planes que Rajoy parece haber contado en Bruselas.

La situación adquiere un perfil surrealista atendiendo a las explicaciones que el mismo Rajoy ofreció de las consecuencias de la reforma laboral aprobada por el anterior Gobierno: “a Zapatero le hicieron una huelga general por una reforma que no sirvió para nada” (la reforma). Lo peor de todo esto es que la reforma laboral de 2010 sirvió para algo: atentó contra derechos de los trabajadores (contratación, convenios, despido) y el desempleo en sus 20 meses de vigencia se incrementó en 1,5 millones de personas disparándose hasta los 5,3 millones actuales. Y la pregunta obligada es: ¿está pensando Rajoy en una reforma que facilite la contratación precaria, abarate el despido y cambie la negociación colectiva? Porque esta música, lamentablemente, nos suena.

El portavoz del PP, González Pons, justificó las palabras de Rajoy por realizarse en un ‘entorno coloquial’. CCOO espera que antes de disparar, Rajoy apunte bien y se reúna con los sindicatos para contrastar opiniones, conocer lo pactado en el acuerdo con las organizaciones empresariales y no dar pasos en falso.

(*) Ignacio Fernández Toxo es secretario general de CCOO.