El frente anti petróleo, primer problema ambiental del Gobierno

Pedro Costa Morata (*)

En el panorama ambiental del país merecen especial consideración los problemas que tienen que ver con la industria del petróleo, que se enfrenta a numerosos focos conflictivos que, con toda probabilidad, no harán más que extenderse y agravarse. Las actuaciones gubernamentales en general siguen una línea en directa y completa contradicción con el discurso habitual, que es el de rebajar los consumos de petróleo con el fin de reducir la dependencia política y económica del exterior; pero lejos de eso, se acrecienta el protagonismo de los hidrocarburos en el panorama energético, con un 48,8 por ciento de participación del petróleo en el total nacional de energía primaria en 2010 (que superó el 47,3 por ciento de 2009).

Faltaba, para completar el cuadro de infortunios, un ministro responsable del medio ambiente, Arias Cañete, que está vinculado al sector petrolero por intereses económicos directísimos y que tiene el poder de decisión en un asunto importante, como es la declaración de impacto ambiental: no es esperable que estos intereses y compromisos vayan a ceder ante el medio ambiente, sobre todo en una situación en la que la mayor parte de los ministros y altos cargos de la nueva Administración está enfeudada a intereses económicos de la más variada índole.

En este panorama social agitado la primera mención debe ser al esfuerzo titánico y sostenido de la Plataforma Ciudadana Refinería No, de Villafranca de los Barros (Badajoz), que lleva desde 2005 combatiendo un disparatado proyecto de refinería a 200 kilómetros del mar y poniendo de relieve sus numerosas contradicciones, entre las que destacan las políticas y las mediáticas. Esta Plataforma ha tenido que combatir, y en ello sigue, la insistencia por la refinería de un empresario local cuyos méritos principales han sido instalar varias industrias pesadas y sucias en esa provincia beneficiándose de importantes subvenciones de la Junta de Extremadura y del favor indeclinable del PSOE extremeño, el pacense y el local. Los rumores apuntan a que el ministro Arias Cañete, que ya ha dicho que piensa resolver el bloqueo ambiental de este proyecto durante este mes de febrero, podría estar pensando en darle evaluación positiva, o al menos compatible con el entorno y las exigencias ambientales: si así se comporta, dando el paso que no han querido dar los tres ministros últimos de medio ambiente, puede crear el primer problema político importante en la pax peperiana precisamente ahí, en Extremadura, donde debido a la situación de mayoría inestable (o dependiente) de la nueva Junta, ésta se viene mostrando mucho menos entusiasta que la anterior, socialista, en relación con el proyecto; porque sabe que éste puede ser un motivo de peso por el que pierda esa mayoría (que está en realidad en manos de IU). El empresario citado presiona en estos días con que si la decisión es negativa “sacará los cañones a la calle”.

La resistencia ante nuevas industrias petroquímicas hay que ampliarla al caso de la planta de coque que Petronor ha promovido e instalado en su refinería de Somorrostro (Vizcaya), que se las ha tenido que ver con una organización vecinal, Meatzaldea Bisirrik Ekologista Taldea, del valle de Muskiz, combativa y bien asesorada; pero ahí los hechos consumados han sido determinantes, pese a que el desbarajuste legal ha resultado formidable: no sólo la nueva planta sino la misma refinería han resultado carecer de cualquier licencia de obras o de vertidos, lo que en el caso de la refinería (puesta en marcha en 1972) dice bien poco del rigor normativo de las Administraciones vascas; aun así, todavía ha de decidir el Tribunal Supremo sobre la planta de coque (que, finalizada irregularmente, no funciona por caída de la actividad, lo que hace que la propia refinería funcione al 38 por ciento de su capacidad).

También la enorme influencia del sector petrolero se deja ver en el caso de la nueva planta de aceites lubricantes que Repsol y la surcoreana SKL pretenden levantar en el polígono petroquímico del valle de Escombreras (Cartagena, Murcia), un área extremadamente castigada en la que la infatigable Asociación de Vecinos de Alumbres no da abasto ante tantas agresiones a la salud y el medio ambiente. Tampoco en este caso las autoridades municipales y regionales muestran interés alguno por interponer el rigor necesario ante la nueva instalación, y unas y otras maniobran para que ni siquiera resulte necesaria la evaluación ambiental. La situación ambiental del valle, saturado de industrias petroquímicas y energéticas, es tan espantosa, vienen a decir, que esta nueva planta no añade nada sustancial al caos existente. También aquí la fuerza de las autoridades se vuelca, más que en velar por la salud y el medio ambiente, en atacar y desprestigiar a las organizaciones hostiles. La lucha anti petróleo en Murcia se extiende a los oleoductos que, comunicando las refinerías de Cartagena y Puertollano, atraviesan el embalse del Cenajo.

Un nuevo foco anti petróleo se viene desarrollando en el pueblo de Pinoso (Alicante), donde una Plataforma Cabezo Libre de Petróleo mantiene una cerrada oposición al proyecto de reserva estratégica de hidrocarburos que una filial de ACS quiere construir en el Cabezo de la Sal. Este paraje ha sido durante siglos objeto de explotaciones salineras (que vienen conduciendo esa sal, por salmueroducto, hacia Torrevieja) y son sus cavidades ya explotadas las que se quiere acondicionar para el nuevo uso. Aquí la batalla se desarrolla entre un poder municipal –que, contra lo prometido al pueblo hace meses, maniobra de forma burda y extravagante tratando de eludir un pronunciamiento negativo claro, para permitir así que el proyecto pueda hacerse realidad– y una plataforma vecinal que, con un trabajo ejemplar, le tiene tomada la medida y basa su eficacia social en poner en evidencia la hipocresía de esa mayoría. En estos días se ha sabido que, obra y gracia de otra filial de ACS, la construcción del depósito estratégico submarino de gas frente a la costa de Vinaròs, ha experimentado un sobrecoste del 254 por 100, pasando de los 500 millones de euros evaluados a 1.270 millones, que habrán de ser repercutidos en los precios del gas natural debido a los contenidos del acuerdo entre esa empresa y el Ministerio de Industria (en cuyas previsiones se inscribió el almacén submarino llamado “Castor”).

Y dejamos aparte aquí los problemas ya iniciados –y en expansión– en relación con el rechazo de varios grupos ecologistas al nuevo hallazgo de la industria de hidrocarburos, el fracking, es decir, la ruptura hidráulica de capas de pizarra subterránea que ocultan bolsas de gas o petróleo, por considerarlo altamente contaminante y muy pobre en el balance energético esperable (la energía obtenida es poco superior a la necesitada para extraerla).

En el fondo, late en este rechazo el sentimiento de que “si el gran problema ambiental universal es el cambio climático, es evidente que los villanos de este trance son el petróleo y sus derivados… a los que se deberá aplicar un bloqueo sistemático”. Así rezaba el comunicado de la reunión de Coordinadoras de plataformas anti petróleo, celebrada en febrero de 2010 en Villafranca de los Barros.

(*) Pedro Costa Morata es ingeniero, sociólogo y periodista. Fue Premio Nacional de Medio Ambiente  en 1998.