El futuro está en juego
Toni Ferrer *
“Defendemos que esta reforma laboral es un fracaso anticipado y anunciado (…) El decreto del Gobierno no está planteado para contratar, sino para despedir, y lo que necesita España no es facilitar el despido, no es fomentar la salida, sino la contratación”.
¿Les suena? Podría ser la valoración de la oposición parlamentaria a la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, se trata de la intervención de Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso cuando era portavoz del Grupo Popular, allá por junio del 2010, en su discurso de oposición a la reforma laboral de Zapatero, que provocó la convocatoria de la Huelga General del 29 de septiembre de ese mismo año.
Ahora, casi dos años después y ya en el Gobierno, el Partido Popular ha impuesto su reforma. Un “decretazo” que ha sido elaborado a espaldas de las organizaciones sindicales, que no ha contado con ningún proceso de Diálogo Social Tripartito, que tantos y tan buenos acuerdos ha dado en democracia, y que tampoco ha respetado los pactos entre los sindicatos y la patronal en materia de negociación colectiva y flexibilidad negociada, como el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva firmado dos semanas antes.
Rajoy contesta con un simple acuse de recibo tan solo a una de las dos cartas enviadas por las organizaciones sindicales, cartas que contienen alternativas concretas y creíbles para esta situación de dificultad económica y en las que se le instaba a entablar una negociación necesaria e inaplazable que corrija esta norma. Un Real Decreto Ley que dice estar pensado para los jóvenes y los cinco millones de parados de nuestro país y que pretende abanderar la eliminación de la precariedad laboral. Pero no es cierto.
La realidad es que es una reforma injusta con los trabajadores, tanto del sector privado como del público, es ineficaz para la economía e inútil para el empleo. Hace que el despido sea más fácil, más barato y más rápido para el empresario, y se instaura en las Administraciones Públicas; acentúa las desigualdades entre hombres y mujeres; introduce una mayor precariedad para los jóvenes; y desatiende y discrimina a las personas en desempleo.
Agravará la situación de los trabajadores en paro y provocará un aumento del desempleo. El propio presidente del Gobierno ha reconocido ya que esta reforma no va a crear empleo. De hecho, ha previsto una pérdida de 630.000 puestos de trabajo para este año.
Y todo por agachar la cabeza ante los mercados. Nuestro país está en recesión porque el Gobierno y las autoridades europeas se niegan a aceptar que sus políticas son equivocadas e injustas.
Con sus previsiones para los PGE 2012, el Ejecutivo se comporta como si nuestro país estuviese intervenido, y en lugar de abordar el necesario cambio de modelo productivo, una reforma transparente y urgente del sistema financiero (que es el que nos ha llevado a esta situación y cuyo estado real nadie conoce), y una búsqueda de la suficiencia en las cuentas públicas a través de una reforma fiscal integral y justa, impone la mayor agresión a los derechos de los trabajadores en democracia, que nos empobrece y nos deja a merced de las decisiones empresariales. Y así lo reconoce ya la mayoría de la población.
En cualquier caso, las consecuencias las vamos a pagar los ciudadanos de este país. El futuro de nuestra sociedad está en juego y la situación exige el esfuerzo de todos.
Éstas son, entre otras cuestiones, las razones de la Huelga General del 29-M. Una huelga justa, necesaria e inevitable ante las políticas del Gobierno de ajuste y de recorte de los derechos sociales y laborales. El Ejecutivo tiene en su mano revertir esta situación si se aviene a negociar con las organizaciones sindicales unas alternativas creíbles y equilibradas que corrijan esta reforma. Si no, se encontrará con una huelga que debe ser una contribución democrática para el cambio de rumbo de las políticas europeas y de nuestro país, que tanto daño están produciendo, y en la que exigiremos el impulso de medidas de reactivación de la economía, del empleo y en la defensa del bienestar social y los servicios públicos.
