Los Presupuestos 2012 dan la puntilla a España

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El anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 se puede decir que terminará por hundir a la economía española y nos encaminará definitivamente hacia donde algunos, entre los que me incluyo, ya intuíamos: una profunda recesión económica y social. Esta estación de destino, cuyo origen es financiero y que ha devengado en una gran metástasis económica y social, es el gran debate en la UE pues, sin duda, será el siguiente país que necesite de un rescate por parte de la Troika: UE, BCE y FMI.

La situación económica actual, lastrada por un proceso de desapalancamiento financiero de los principales actores del país, se enfrenta a una gran encrucijada que, si no se resuelve de forma inteligente, acabará empujándonos hacia una larga etapa de deflación y ausencia de crecimiento. Esta encrucijada se fundamenta en que en un momento en el que la recesión de balances en los hogares y familias españolas está en su punto álgido, las recetas impuestas por la UE y el BCE propugnan una brusca caída de la actividad, vía recorte de gasto, recortes salariales sin parangón, y un desmantelamiento del entramado público que sostenía el Estado del Bienestar, más de corte ideológico que estrictamente económico.

Con esta realidad, el aperitivo del ajuste del 30 de diciembre de 2011, más de 15.000 millones de €, ya ha supuesto un impacto sobre la actividad económica cuantificada en un 0,3% del PIB, lo cual añade más presión al incremento del desempleo, que con las previsiones que manejo, alcanzará la tasa del 24% a finales de  2012. En este punto, los PGE 2012 no hacen sino aumentar el riesgo de incrementar la magnitud de la recesión, dejando al sector privado sin el mínimo impulso que pueda generar el necesario efecto multiplicador para relanzar la inversión y el consumo, siendo lo peor el balanceo de las cargas entre los distintos percentiles de renta.

Las grandes cifras del presupuesto son concluyentes. La consolidación fiscal es de 27.300 millones de euros, aproximadamente un 2,5% del PIB. Fundamentalmente basada en la reducción del déficit del 1,6%, en el que se incluyen recortes en clases pasivas no contributivas, transferencias a las CCAA e intereses. Por el lado de los ingresos, lo presupuestado se eleva en unos 12.300 millones de euros, fundamentalmente en el Impuesto de Sociedades que se incrementa un 22%, al eliminar una serie de privilegios que instauró el anterior Gobierno de Zapatero. En términos de crecimiento, esta combinación de ingresos y gastos, supondrá una merma del crecimiento del 0,6% del PIB, lo que unido a lo anterior, nos llevará a un retroceso del 2,5% del PIB en 2012, coincidente con mi previsión y una cifra de parados de más de 700.000 a finales del ejercicio.

Comenzando por el gasto, y sin tener los detalles por departamentos, lo más llamativo es el brusco ajuste del Ministerio de Fomento, un 34%, seguido por Empleo y Educación, con un 22% y un 21% de reducción respectivamente y Sanidad con un 13,7% e Industria con un 31%.

Entre las partidas más negativas figuran:

  • La eliminación de 1.500 millones de euros en políticas activas de empleo, que cubre fundamentalmente la formación a los parados, los centros especiales de empleo que apoyan el empleo de los discapacitados y que afectarán a muchos centros educativos, y también a los agentes sociales.
  • La eliminación del fondo de integración para inmigrantes.
  • En materia de dependencia se eliminan 237 millones de euros en convenios, reduciendo a cero la aportación del Estado en este apartado, lo cual prácticamente queda sin efecto este cuarto poder del Estado del Bienestar.
  • En Educación se suprimen más de 500 millones de euros.
  • En el capítulo de inversiones, se nota especialmente en ferrocarril y carreteras, particularmente en inversión y mantenimiento, lo que sin duda, generará más desempleo y deslocalización de una buena parte de capital humano, como ingenieros o arquitectos, lo que también se notará en el apartado de apoyo a la vivienda.
  • La cooperación al desarrollo será prácticamente eliminada, algo que redundará también en empleo exterior.

Desde una óptica cualitativa, el recorte del gasto, casi un 17%, hay que analizar dos aspectos muy relevantes. La composición del recorte afecta en un 98% a los percentiles medios y bajos de renta. En concreto, de ese 98%, el 43% se corresponde con las rentas más bajas y el resto en los percentiles medios de la distribución de renta. En particular, el efecto sobre la posibilidad de mejora en la situación de los parados, la merma de las políticas activas de empleo puede suponer la posibilidad de que un 5% de los parados pudieran pasar del desempleo al empleo. Esto se concentra, además, en el empleo de discapacitados y jóvenes con baja cualificación, casi un 50% del total. Es decir, que este apartado puede ser una de las peores decisiones que haya tomado el ejecutivo, teniendo un objetivo perverso que es debilitar, supuestamente, a agentes sociales como los sindicatos.

La eliminación de las partidas de dependencia van a tener un alto coste en términos de personas afectadas, unos 150.000 dependientes menos, lo cual teniendo en cuenta la elasticidad de empleo/dependiente, un 0,9, el empleo caerá en más de 130.000. En el caso de la educación, sin saber exactamente en qué se va a recortar, también incidirá en la equidad y en la posible mejora de la empleabilidad de una gran cantidad de parados.

En conjunto, la reducción del gasto incide en el PIB futuro, pero especialmente en el grado de equidad, medido por el Indice de Gini, que aumenta la escala y se aleja del objetivo de una mejora que ya de por sí, nos sitúa en niveles muy cercanos a países en vías de desarrollo.

Por el lado de los ingresos, tras el primer envite del IRPF, se han tomado algunas medidas que eran necesarias, pero que se quedan muy cortas. En el caso del Impuesto de Sociedades, sorprende que la eliminación parcial de la libertad de amortización, el fondo de comercio o los gastos financieros se consideren temporales, cuando son profundamente injustas e inequitativas. También se suben otras tasas, como el copago de la justicia, la plusvalía municipal o impuestos especiales. Caso aparte, hay que denunciar la amnistía fiscal  que supone la regularización del dinero negro, con un tipo del 10%, algo que será imposible de controlar o gestionar en el corto plazo. Aquí se quedan muy cortos en materia de elusión fiscal, pues simplemente trasladando la legislación existente en 2007, al margen del ciclo, podrían recaudarse más de 12.000 millones de euros sólo en el Impuesto de Sociedades. Con todo esto, en esencia, se abandona la lucha contra el fraude fiscal y se opta simplemente por intentar atraer a los que han delinquido en materia fiscal, lo  cual tiene un efecto demoledor sobre la conciencia fiscal y el riego moral que supone para futuras actuaciones en materia fiscal. Legalmente, además, puede chocar contra el artículo 31 de la Constitución.

En conjunto, los PGE indicen claramente sobre tres grandes colectivos:

  1. Los parados, que ven reducida significativamente las políticas activas de empleo.
  2. Los pensionistas, que con la merma de las dotaciones de dependencia verán reducidas su renta en especie, al margen del impacto de la subida de la luz y del gas que les afecta en términos relativos mucho más que al resto.
  3. Los asalariados con una fuerte reducción de la renta disponible, por la subida de impuestos y el desplome de la inversión productiva en Fomento y en apoyo a la vivienda, educación y cooperación al desarrollo.

La subida de impuestos, insuficiente e injusta en el caso de la amnistía fiscal, no será suficiente, porque el impacto sobre el crecimiento hará inviable el cumplimiento de este cuadro presupuestario y macroeconómico. Con todo, este error permanente en el diagnóstico y las medidas nos llevarán a un decrecimiento del PIB del 2,5% en 2012, una tasa de paro del 24%, más de 700.000 millones de euros y una reducción de la equidad, aumento de la pobreza y exclusión social. Justo lo que España nunca soñó cuando dio el vuelvo político a finales de 2011.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director ejecutivo de Inurrieta Consultoría Integral.
3 Comments
  1. ANTONIO ORDOÑEZ says

    PRORAMA, YA NO TAN OCULTO
    Sin conocerse los presupuestos del próximo año, el PP ha perdido más de 400.000 votos en las elecciones andaluzas, y le ha dado la mayoría al PSOE en Asturias, en contra de todos los pronósticos y encuestas, con la sola sospecha, tras la reforma laboral y la subida del IRPF contradiciendo su discurso electoral, de que su programa oculto sería antisocial y cargaría el coste de la crisis contra los más desfavorecidos.
    Qué habría ocurrido, si el electorado andaluz y asturiano hubieran conocido que el gobierno del PP haría una amnistía fiscal contra los defraudadores de hacienda, después de subir el IRPF a los trabajadores u que subiría la luz y el gas, anularía la ley de dependencia quitaría las ayuda a la vivienda, recortaría las políticas activas de empleo, recortaría la ayuda al desarrollo, congelaría los salarios de funcionarios, recortaría el salario a todos los trabajadores con convenio. Todo esto más los efectos negativos que ya está teniendo una reforma laboral que aun no está aprobada en el Parlamento

  2. Luisa Pallarés says

    Te felicito nos lo has dejad. muy claro .

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