Fin de ciclo: o constituimos o nos constituyen

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Hugo Martínez Abarca *

La Transición no fue sólo un periodo de unos pocos años entre una dictadura y una democracia. A finales del siglo XIX y principios del XX la Restauración no terminó con la efectiva vuelta de los borbones sino que fue un régimen cuyos cimientos fueron establecidos por Cánovas entre 1874 y 1876 pero que duró al menos hasta 1923 (si no hasta 1931). Del mismo modo podemos hablar de un Régimen de la Transición cuyos pilares institucionales, económicos, territoriales, éticos y culturales fueron definidos en los años siguientes a la muerte de Franco pero que han definido nuestra identidad política desde entonces.  Hoy no se trata de revisar la bondad o no de lo hecho aquellos años, sino de constatar el fin de ciclo histórico y dar respuesta a la situación histórica.

El Régimen de la Transición comenzó a mostrar signos de colapso político antes de la crisis económica. De entre los problemas que la Transición había aplazado y se mostraba incapaz de digerir uno tenía una carga simbólica y democrática demoledora: 35 años después de la muerte de Franco el régimen se mostraba incapaz de adoptar una memoria democrática. Tanto la insuficiente ley de memoria histórica del PSOE como el blindaje judicial de la inpunidad de los crímenes del franquismo abrieron una crisis de legitimidad histórica en la Transición cuya relevancia probablemente sea aún difícil de evaluar.

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Con las costuras avejentadas la crisis llevó al régimen actual a un colapso absoluto. Mientras se recortan  derechos ciudadanos la corrupción generalizada pasa por todos los espacios de poder: desde la Casa Real a la presidencia del Tribunal Supremo, los grandes partidos políticos (Gürtel, EREs, Palau…). La impunidad no es una sensación alentada por la demagogia sino una constatación en cada caso de corrupción que conocemos. A Alfredo Sáenz lo indultó el gobierno del PSOE en un último servicio a los trabajadores, Dívar parece blindado política y judicialmente por el PP, la fiscalía y sus compañeros del Tribunal Supremo, no hay nadie en la cárcel por la Gürtel… Ello mientras aumenta la represión de quienes protestan pacíficamente elevados casi al grado de terroristas por la propuesta de reforma del Código Penal del ministro del Interior.

Cuando nos decían que teníamos el mejor sistema financiero del mundo hubo un dato que resultó muy sintomático. Aquellos famosos tests de stress que mostraban que los bancos españoles eran la envidia mundial decían que un banco estaba mejor aún que el resto: la Banca March. Es decir, el imperio económico de quien había pagado el Dragon Rapide con el que Franco comenzó su cruzada seguía estando en una discreta cima del poder financiero español. Esto sólo era una anécdota que ilustra la categoría: el Régimen de la Transición ha mantenido a una pequeña élite política y económica en el poder durante todos estos años agrupada en torno a la clave de bóveda del edificio: la Zarzuela, que ejemplificó a la perfección su función al volver a sus obligaciones tras la crisis de Botsuana.

Efectivamente, la primera actividad pública del rey fue un viaje a Brasil rodeado de la élite empresarial española  en el que aseguró que “el Gobierno está acometiendo reformas de gran calado que no tardarán en dar fruto”. Pocos días después el mismo rey felicitaba a De Guindos y Rajoy por el rescate al que se ha sometido la economía española para salvar el gigantesco agujero bancario. Nunca como estos años de crisis se ha ilustrado con tanta obscenidad la unidad existente en la élite que dirige el país y que lo ha llevado a un indiscutible colapso económico pero también político, ético y cultural. Incluso los pilares mediáticos que han servido de referencia en la Transición se desmoronan junto con el conjunto del edificio.

En agosto de 2011 se levantó acta del fin de ciclo. La reforma constitucional que supedita toda nuestra economía a la prioridad absoluta de la que goza el pago de la deuda según el nuevo artículo 135 evidencia que hay un proceso constituyente en marcha. Ocurre que es un proceso en manos de esas mismas élites subordinadas al poder internacional de una Unión Europea que también está en demolición. Saben que el edificio se cae, pero se niegan a entregarlo a sus habitantes sino que quieren construir otro con áticos aún más lujosos mientras los vecinos de los peores pisos son los únicos que pagan la comunidad pese a que tienen los techos llenos de goteras por culpa de los de arriba.

Más o menos formalmente la ciudadanía es consciente del colapso de Régimen. El suspenso generalizado de todas las instituciones en las diversas encuestas (incluidas las tradicionalmente blindadas) es una de las muestras. También lo es la rápida caída del bipartidismo tanto en las elecciones como sobre todo en las encuestas posteriores. Pero sobre todo hay un ruido social que se mueve al margen de la agenda del régimen y que empezó el 15M con una llamada a construir una democracia real (a diferencia de ésta) y negando que los ciudadanos seamos mercancía en manos de políticos y banqueros, es decir, de esa élite setentayochista que se ha apropiado el país.

Esas élites celebraron en marzo el bicentenario de la Constitución de Cádiz: curiosamente son quienes están entregando el país a Merkel con la misma felonía con que Fernando VII lo entregó entonces a Napoleón. Esos mismos días y también en Cádiz se celebraba un primer encuentro de personas de todo el país que llamaban a poner en marcha un proceso constituyente desde abajo que dé respuesta al colapso que vivimos. El 16 y 17 de junio es Izquierda Unida la que celebra unas jornadas para comenzar a pensar un proceso constituyente y nuevo proyecto país. Más o menos explícitamente la necesidad de un proceso constituyente ante la caída del Régimen de Transición se abre camino en un país que se deshace y cuyas instituciones, una a una, contribuyen al big crash.

El resultado de un proceso constituyente democrático no puede estar definido de antemano pues debe ser el poder constituyente, el pueblo, el que defina ese nuevo proyecto de país que sirva para que la soberanía resida en el pueblo, compartida con otros pueblos o no, pero nunca entregada a poderes sin legitimidad democrática. Sólo cabe rechazar frontalmente todos aquellos elementos que han llevado al colapso a la Transición y los instrumentos que más contribuyeron a reforzar el poder de unas élites inmovilistas: de la monarquía a la ley electoral pasando por el blindaje del poder financiero y de la Iglesia Católica. Al posible resultado de todo ese conjunto de cambios sustanciales políticos, éticos, culturales, sociales y finalmente institucionales algunos lo llamamos III República.

Que hay en marcha una completa transformación del país no es algo que esté en discusión. Lo que toca discutir es quién conduce esa transformación y para qué. Si lo siguen dominando las élites setentayochistas que nos han traído hasta aquí para mantener su poder a costa del sufrimiento de las capas populares o si es el pueblo el que define el país para sobrevivir al desastre al que nos han traído. Toca poner en marcha una respuesta popular al fin de la Transición. En ese punto estamos: o constituimos o nos constituyen.

(*) Hugo Martínez Abarca es secretario de comunicación interna de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid y autor del blog Quien Mucho Abarca.