Nueva política de costas y turismo… con vuelta al franquismo

De entre el cúmulo de regresiones sociales, políticas de castigo y estímulos ciegos a la actividad económica privada no podía faltar la reconsagración del turismo convencional, tantas veces cuestionado, con la reclamación clara y directa para él de su característica más visible, la de “sol  y playa”; que es sin duda la de mayor potencia crematística pero también la más devastadora territorial y ambientalmente. Así lo acaba de anunciar el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que ha acompañado el enunciado de este “principio”, tan bien conocido como execrado, con el anuncio de que para ello, y para mejorar la competitividad empresarial en  este sector tan importante, se modificarán las leyes de Costas y de Aguas, así como la propia reforma laboral, tan  reciente.

Hasta ahora, prácticamente todos los ministros responsables del turismo desde la Transición han postulado, con mayor o menor sinceridad, la necesidad de ir cambiando las pautas y los objetivos del turismo de “sol y playa” hacia otros modelos, diversificados y prometedores. Y esto, sencillamente, por tratarse de un modelo agotado, por la evidente percepción de los inmensos costes que conlleva –masivo, gran consumidor de espacio, agua y energía…– y por la necesidad consecuente de desconcentrarlo y desestacionalizarlo, dando un respiro al litoral.

Esta aportación tan poco imaginativa del ministro Soria se inscribe, desde luego, en la “marcha desprotectora” y privatista del Gobierno entero hacia políticas que pretenden transformar el país en paraíso de negociantes sin que preocupe mucho que al mismo tiempo sea blanco de todas las depredaciones. Porque primero fue el “cañetazo” de Arias, que a modo de clarín anunciador, nos advirtió de que la Ley de Costas de 1988 era un estorbo histórico para poner en producción el litoral; y luego, las noticias de que –aparte la fiscal– habrá también amnistía urbanística para miles y miles de viviendas ilegales, con especial interés y generosidad hacia los innumerables dislates presentes en nuestra costa.

Y mientras tanto, en gran medida al calor y rebufo de estas políticas que con tanto descaro se nos anuncian (todas permisivas y revanchistas), han surgido, o resurgido, proyectos urbanísticos costeros en sintonía con esta nueva realidad. Tres proyectos de este tipo merecen análisis, aun somero, porque son típicos productos de la nueva situación y así lo confirman sus características.

El primero en el tiempo ha sido el que afecta al inmenso, salvaje y hasta ahora protegido conjunto natural de la playa de Es Trenc, en el municipio de Campos (Mallorca): un complejo hotelero de 1.200 plazas, con campo de golf y zonas deportivas pretende levantarse al borde de los humedales y salinas que, con la cadena dunar y la propia playa, fueron objeto hasta 1983 de un pretencioso proyecto turístico escandinavo y que fracasó por la resistencia ecologista. Frente a aquella amenaza, el Grup Balear d’Ornitología (GOB) desplegó su experiencia y prestigio en lo jurídico, lo político y lo social, sacando a la calle a 10.000 personas en una manifestación sin precedentes en la isla. Ahora, el GOB se apresta a repetir la batalla con dificultades añadidas ya que el actual gobierno balear se ha empleado recientemente a resucitar y estimular proyectos urbano-turísticos relegados, con un decidido espíritu legalizador de irregularidades.

El segundo es el del plan parcial aprobado al borde de otro complejo geomorfológico litoral de gran valor y encanto: la espléndida duna y las charcas marinas de la ensenada de Valdevaqueros, en Tarifa (Cádiz), que incluye viviendas y hoteles para un total de 1.400 plazas. El problema planteado, en el que la iniciativa la ha tomado el ayuntamiento tarifeño, promete ser interesante porque el nuevo gobierno andaluz, al que corresponde la aprobación final, habrá de tener mucho cuidado con lo que hace (Este cronista, que en 1981 dirigió un estudio encargado por la Diputación Provincial gaditana para la ordenación y protección de la costa entre Punta Carnero y Sancti Petri, recuerda muy bien que el entorno de Valdevaqueros quedó inscrito entre las áreas a conservar, aunque luego la ley andaluza de espacios naturales protegidos, de 1989, no lo recogiera específicamente.)

El tercer caso significativo es el de la macro urbanización llamada “Marina de Cope” prevista en el litoral de Águilas y Lorca (Murcia), que ocuparía 2.100 hectáreas y un terrorífico despliegue de hoteles, campos de golf, instalaciones deportivas… para un total de 60.000 personas, sin faltar el enorme puerto deportivo a excavar en una espectacular duna fósil. Este proyecto parecía perdido desde que, con la crisis, los socios financieros diesen la espantada, pero las autoridades autonómicas y los dos ayuntamientos afectados acaban de expresar un renovado interés en que vaya adelante. Este proyecto data de 2001 y presenta la particularidad de que se levanta sobre lo que era el Parque Regional Cabo Cope-Calnegre, cuyos once kilómetros de costa fueron desprotegidos por el Gobierno murciano para ubicar ahí la gigantesca urbanización. Una nota adicional específica de interés es que esta urbanización es de invención y promoción autonómicas; y otra, que el agente privado dinamizador y socio principal en el proyecto es Iberdrola, que conserva las 300 hectáreas que en 1974 quiso dedicar a una central nuclear (que fue rechazada por la comarca).

De los pronunciamientos ministeriales sobre el desarme normativo y sancionador en relación, en definitiva, con el urbanismo costero, así como de las formas que inevitablemente emergen, algo más que un tufillo a tiempos pasados se desprende de tanto revisionismo, haciéndonos rememorar “perlas” tan aborrecidas como la célebre Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, de 1963, aprobada por impulso del entonces ministro de Información y Turismo, Fraga Iribarne, que basándose en la importancia del turismo para España y en esos mismos pretextos que acaba de enunciar el ministro Soria, extraía el espacio litoral, cuando era incluido bajo la protección de dicha Ley, a los imperativos de otros ámbitos jurisdiccionales, en particular la Ley del Suelo. Esa Ley de Centros y Zonas, verdadero engendro legislativo para mayor gloria de la filosofía turistera de tiempos franquistas, demostró una sorprendente longevidad ya que sus más agresivos contenidos fueron derogados por la Ley de Costas de 1988, pero finalmente la anulación en su totalidad fue obra de una ley específica de 1991.

El empleo es, una vez más, el pretexto para apoyar y autorizar los tres proyectos considerados, sin que se aprenda del pasado ni se tenga en cuenta que en el origen del pavoroso desempleo que sufrimos está, nítidamente identificada, la estupidez de los excesos en la construcción, especialmente la turística.

Pero en  todo esto la ideología motriz se resume en que la única solución a la crisis es dar pábulo a la ambición empresarial y el ideal privatizador. Todo ello se justifica con excusas de urgencia o de necesidades estratégicas, sin ahorrar el canto inevitable a la propiedad individual, alterando en su favor la legalidad vigente y teniendo como objetivo perdedor lo público-estatal, en lo físico y en lo jurídico.

(*) Pedro Costa Morata es ingeniero, sociólogo y periodista. Premio Nacional de Medio Ambiente  en 1998.