El riesgo de populismo en España

Julián Sauquillo

Los avisos de un “otoño caliente” en España advierten del esperado aumento de la conflictividad social en nuestro país. Mirado históricamente, el diagnóstico no puede ser más obvio. Los sociólogos y los historiadores se han ocupado de comprender los ciclos históricos con leyes de comportamiento social variadas, que se han visto corroboradas por los hechos. Una de estas, por ejemplo, señalaba que cuanto más autónoma o libre se declaraba una sociedad más heterónoma, o sujeta a imperativos indomables, era. Marcel Gauchet señaló, en nuestros días, que eran el omnipotente Estado y la omnisciente Prensa, como una suerte de nueva religión, las fuerzas llamadas a conducir a los individuos. La Revolución Francesa era un ejemplo de esta paradoja. El jacobinismo político inauguró una protección social sobre los más desfavorecidos económicamente que aspiraba a una cerrada obediencia como reverso. Hoy el escuálido Estado social apenas proporciona protección social a los más menesterosos y el Estado liberal se emplea a fondo en impedir la protesta callejera y asegurar el orden público.

Pero no se puede amortiguar la conflictividad con meras medidas de seguridad. Alguien tan poco sospechoso de veleidades revolucionarias como Vilfredo Pareto vaticinó el “fin del ciclo plutocrático” como una ley ineluctable de la historia. Cuando las contradicciones económicas entre unos pocos muy ricos y unos masivos muy pobres son palmarias, ni un Parlamento formal ni los ejércitos sin compasión pudieron eliminar el conflicto social y las revoluciones a finales del siglo XIX y comienzos del XX. El gobierno de los más ricos era cuestionado revolucionariamente a la vez que desaparecía la clase media. El conflicto abierto se producía como consecuencia de la dualización de la sociedad en muy ricos y muy pobres. Con ingenuidad imperdonable, el FMI hizo un pronóstico de aumento de la conflictividad (e incluso el estallido de guerras) al comienzo de la crisis. Creyeron haber descubierto la pólvora china. Y hoy seríamos ilusos si pensamos amortiguar el conflicto apuntado en el horizonte con solo llamar al estoicismo de los españoles ante los “viernes de dolor”.

Si a esta angustiosa dualización social le añadimos el desencanto por el débil funcionamiento de las instituciones -salpicadas por exabruptos parlamentarios que ofenden al electorado y el alumbramiento de supuestos casos de corrupción por la Agencia Tributaria española-, entonces, “arde Troya”. Y “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Porque la crítica feroz de las instituciones representativas o del Parlamento español pueden llevar a “perder al niño al quitar el tapón del desagüe para tirar el agua sucia”. Acabar con el infante suele coincidir con la aparición de partidos nacionalistas de extrema derecha e izquierda que se ofrecen como supuestos aliento y vitamina de los desmoralizados españoles. Aquí surge, si no lo evitamos, el populismo del salvapatrias que desea socorrer a los venezolanos, a los iraníes o a los españoles, sin instituciones democráticas por manifiestamente “inservibles”.

Antes de avistar la salida de la crisis y de que haya algún sosiego justificado, los responsables políticos debieran velar por la dignidad de las instituciones públicas. Porque se rijan por criterios de justicia pública. No digo que sean “decentes” (como las señoras católicas, dependientes y miradas del siglo XIX) pero sí ecuánimes y respetuosas. Antes de que aparezca el “populismo” como resaca política (“adecos” y “copeianos” en Venezuela dilapidaron el patrimonio político, pero la depuración chavista es para sonrojarse), los gobernantes debieran sostener la aceptación social de las instituciones públicas por los ciudadanos en tiempos de gran crisis. Perdonen el realismo político.  Maquiavelo alababa al Duque Valentino por ofrecer el cuerpo de su más leal capitán al pueblo que se había visto afrentado por los desmanes de éste. Quien ha vilipendiado a un sector tan débil de la sociedad civil como los parados –“¡Que se jodan!”–, al anunciar los nuevos recortes de prestaciones por desempleo, en una institución tan fundamental como el Parlamento, tiene una gran responsabilidad política. El cese o la propia dimisión (no las disculpas) son mecanismos que dignifican y limpian al Parlamento. Acercan los representantes a los representados. Si no, las instituciones se alejan, se desvinculan, socavan la confianza y, así las cosas, “se siembran truenos y se recogen tempestades”. Es hora de responsabilizarse, antes de que surja quien idee tomar antiguos Palacios de Invierno. No vaya a ser que surja el populismo, enfermedad infantil y cretina del izquierdismo.