En tiempos de recortes, más cárcel

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Enrique López *

“Toda pena que no se deriva de la absoluta
necesidad es tiránica”.
 Cesare Beccaria (1764)

Hace unos días, al calor de la polémica suscitada por la concesión del tercer grado penitenciario al preso de ETA Uribetxebarria Bolinaga, el Ministerio de Justicia reiteraba su anuncio de incluir en la próxima reforma del Código Penal la prisión permanente revisable para delitos de especial gravedad, «supuestos muy restringidos» que hayan alcanzado «el máximo grado de repulsa social». Dicho de otro modo, “cadena perpetua para los etarras” tratando de lanzar un mensaje tranquilizador a los sectores más reaccionarios de su partido y su propio electorado, aún desorientado por la decisión del Ministerio del Interior. Ahora parece ser que la Fiscalía también quiere sumarse al espectáculo oponiéndose a la concesión de libertad condicional de Uribetxeberria, forzando los argumentos para respaldar la posición del ministro de Justicia.

Ésta es sólo una muestra más de cómo se utiliza el Código Penal día sí y día también para mitigar los efectos de “cierta” alarma social, a veces generada por el propio Gobierno, a veces alimentada por el tratamiento de determinadas noticias en los medios de comunicación o por los acalorados debates entre “todólogos”. No  hay que irse muy atrás en el tiempo: hace unas semanas, el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunciaba el endurecimiento de penas para los pirómanos el mismo día que visitaba una de las zonas incendiadas. Poco antes, el mismo Ministro había anunciado un endurecimiento de penas “masivo” para hacer frente a los “actos vandálicos” ocasionados en las manifestaciones, criminalizando las movilizaciones y protestas ciudadanas a los recortes de su Gobierno. Más o menos al mismo tiempo, en el último pleno del periodo de sesiones que finalizó en junio, CIU y PP aprobaron incluir en la futura reforma cuestiones muy diversas pero todas apuntando en la misma dirección,  reeditando el famoso “vamos a barrer las calles” de Aznar. Acordaron ambos grupos parlamentarios incluir un delito específico de violencia urbana, con el argumento de “atajar la espiral de violencia que protagonizan colectivos antisistema”, endurecer las penas para el “robo de cable de cobre”, endurecer los delitos en establecimientos abiertos al público, endurecer las penas por robos mediante butrones, túneles o alunizajes. Todo un guiño a “su público”. Unas propuestas con unos destinatarios definidos y un objetivo evidente.

El colofón, el pasado martes, día 28. Ante el gravísimo incendio en Robledo de Chavela, Esperanza Aguirre, sumándose así al festín veraniego, declaraba con su descaro habitual que pedirá el endurecimiento de penas para los pirómanos, tratando de tapar los recortes en prevención de incendios y la falta de bomberos.

De toda esta secuencia de reformas “publicitadas” ni una sola  se justifica por su necesidad para garantizar los bienes jurídicos penalmente protegidos, sino que más bien encuentran su fundamento en razones demagógicas. Es la expresión máxima de la política criminal entendida “a golpe de titular”, sin base empírica ni estudios criminológicos que los sustenten mínimamente. En palabras de José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y un referente en la materia, “estas reformas son hijas de una política criminal populista, hecha a partir de la crónica mediática de sucesos y que busca votos en caladeros fáciles”. Sin embargo, tampoco debemos soslayar que ese oportunismo que acompaña los anuncios de reformas penales también tiene una clara connotación ideológica. Es más, diría que cada una de ellas está impregnada de razones puramente ideológicas, más allá de su improvisación.

Desgraciadamente, tampoco podemos decir que sea un fenómeno novedoso. La orientación de la política criminal permanece inamovible –con unos matices u otros, pero en lo esencial indistinta entre los Gobierno PSOE y PP–, y ningún Gobierno hasta la fecha se ha resistido a la tentación de caer en el “populismo punitivo”. Sin embargo, los anuncios que anteceden la trigésima reforma del Código Penal de 1995, nos retrotraen al último Gobierno del PP, nos devuelve  de lleno a las esencias del gobierno Aznar en esta materia, caracterizado por el extremado carácter regresivo de las múltiples e inconexas reformas penales aprobadas en el transcurso de sus dos legislaturas, que supusieron una involución democrática y un importante recorte de derechos y libertades, que tampoco se acabó de desmontar en los ocho años de Gobierno siguientes del PSOE. Todo apunta nuevamente a que el punto de llegada de las reformas anunciadas será la restricción de derechos y libertades por fines electoralistas o políticos coyunturales. Y todo apunta también a que este Gobierno, que está dispuesto a “acabar con todo” también en esta materia, “pulverizará” a los exministros  Michavila y Acebes. ¿Quién lo diría?

Frente a esta regresión, sólo cabe la oposición sin contemplaciones. No podemos compartir esta visión autoritaria y antisocial de la seguridad pública, del mismo modo que no podemos compartir que las reformas propuestas se sustenten sobre intereses partidistas o se hagan a golpe de titular mediático.

No podemos aceptar la criminalización y la persecución  de la movilización ciudadana, de la restricción de derechos fundamentales como el derecho de reunión, de manifestación, de libertad de expresión, mediante la creación de nuevos tipos penales o el agravamiento de penas. La seguridad debe ser un valor instrumental para la libertad. La seguridad ciudadana debe ser protección y garantía del libre ejercicio ciudadano de los derechos y libertades.

Es necesario romper con un modelo que, como la tela de araña, detiene a las moscas pero deja pasar a los elefantes, implacable con la pequeña delincuencia patrimonial pero condescendiente con los delitos de corrupción, con los delitos fiscales, los delitos ecológicos o con los grandes delitos mercantiles.

El incremento de penas producirá un aumento de población reclusa pero no solucionará el problema de fondo que tiene su origen en los desequilibrios sociales. Ni frenará en tiempos de incremento de la conflictividad social la protesta y la movilización ciudadana. Mayor contundencia para atajar conflictos políticos y sociales, que contrasta con la escasa incidencia que tienen  las reformas respecto a la delincuencia de cuello blanco, algo incomprensible para la ciudadanía que ve estupefacta cómo el sistema penal se muestra “permisivo con los corruptos, con los especuladores, con los que defraudan a la Hacienda Pública, o con los directivos negligentes de las entidades bancarias.

Recientemente hemos podido observar la sobreactuación del ministro del Interior en su reacción, más propia de sheriff, ante la acción simbólica del Sindicato Andaluz de Trabajadores, sacando de un supermercado varios carritos con alimentos básicos,  para restablecer el orden y “la imagen dañada de España”. ¿Se imaginan una respuesta tan ejemplarizante de “tolerancia cero” en casos como Gürtell o Nóos?

Esta línea político criminal se podría sintetizar según Xabier Etxeberria, abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Deusto, en las siguientes ideas claves: “más mano dura, populismo punitivo, modelo penal de la seguridad, uso meramente simbólico del derecho penal, autoritarismo e injusticia social”. Aún a riesgo de quedarnos solos en el Parlamento, nadando contra corriente, Izquierda Unida va a seguir defiendo un modelo que camine en dirección contraria, exigiendo un cambio profundo en la orientación de política criminal que introduzca cambios sustanciales en el modelo actual dónde el derecho penal pasa de ser la última ratio a ser la primera solución para todo, porque todo se pretende solucionar con penas y cárcel, extendiéndose el uso generalizado del Derecho Penal para solventar determinados conflictos políticos y sociales, llegando al absurdo de ver a los ministros compitiendo por inventar nuevos tipos penales en lo que podríamos denominar una  política criminal de ficción, que luego la realidad social  lleva a demostrar su ineficacia.

(*) Enrique López es abogado, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Gabinete Técnico de IU.

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