La implacable «jurisdicción» de la Iglesia Católica

Julián Sauquillo

Un incidente reciente de la Iglesia católica contra una universidad peruana y un intelectual español, que acaba de fallecer, provocan mi reflexión. A finales del mes de julio pasado, el cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de Su Santidad, demandaba la unidad de los obispos peruanos y desautorizaba a cinco miembros de la Conferencia Episcopal, supuestamente no elegidos por la Asamblea Plenaria de los Obispos de Perú, por no someterse a la Santa Sede y haber nombrado a dos pensadores Doctores Honoris Causa –uno de ellos, Gregorio Peces-Barba, catedrático de Filosofía del Derecho y ex Presidente del Congreso español- por la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP). El suceso no hubiera trascendido públicamente si el profesor Elías Díaz no hubiera criticado tal proceder en el homenaje del desaparecido intelectual en la Universidad Carlos III de Madrid. A pesar de la amenaza de retirarle los distintivos religiosos a la Universidad peruana, el otorgamiento de tal título universitario se celebró en Madrid. La familia del Doctor no hizo partícipe al reconocido profesor de tales advertencias religiosas a sus inquietados otorgantes.

El final feliz no obvia que la autoridad religiosa quiso, una vez más, arrogarse atribuciones punitivas fuera de su ámbito, en el docente. Se atribuía, como tantas veces, competencia en todos los ámbitos de la sociedad. A su Santidad le despertaba Peces-Barba la misma preocupación que la programación de un ciclo de lectura del libro Teología de la liberación: perspectivas del sacerdote Gustavo Gutiérrez. La propia Iglesia no es monocorde y una película sobre el claretiano Pedro Casaldáliga dará próximamente una visión abierta del proselitismo religioso, entre la pobreza brasileña, bien distinta a la ambición de poder del joven e impío sacerdote de El crimen del padre Amaro (2002) de Carlos Carrera.

La advertencia clerical es grave porque no hay investigación científica sin libertad, sin ausencia, de presupuestos valorativos. Suelen darse científicos religiosos notables cuyas férreas creencias les impiden proseguir una indagación al toparse con ciertos dogmas incuestionables que les cierran el paso a cualquier avance. Algunas veces, se trata de investigadores que cuentan con todas las capacidades y medios para obtener aportaciones y logros valiosos, pero que chocan con su propia disciplina mental como un dique insalvable. Como se dan, también, investigadores laicos que se creen,  ingenuamente, libres de cualquier creencia. Como si la secularización moderna, en Occidente, no hubiera sido la conquista de la autonomía, liberados de las andaderas de la religión –el Aude sapere, o "Atrévete a pensar", kantiano-, pero, también, por supuesto, el vertido de la fe a otras formas blandas de convicciones religiosas. Pero me preocupan más los primeros.

Como me inquieta el pastoreo religioso de (todas) las almas que sigue pretendiendo la Iglesia en el ámbito educativo. Un pastoreo que ha de ir acompañado de alguna sanción  porque, muy bien saben sus doctores, no hay jurisdicción humana real sin castigo. Sigue vigente entre los tribunales vaticanistas el viejo Compelle intrare ("Oblígales a entrar") agustiniano. Y poco importarán unos procedimientos u otros si el fin de fortalecer el redil clerical se cumple. No impera ya el Manual de Inquisidores (1821) de Nicolau Eymeric con la purgación canónica del hereje. La iglesia católica se ufana de que puede sostener debates filosóficos con Gianni Vatimo y Jürgen Haberlas, como si fuera abierta y plural. Pero, cuando toca a rebato, el repliegue mental puede ser férreo y condenatorio. A Fernando Savater se le atribuye haber proferido, como apóstata irónico, que la Teología de la Liberación libera de todo menos de la Religión.

Muchos hubiéramos celebrado que Iglesia siguiera significando la "asamblea cívica" como con los Antiguos. Pero la Iglesia sigue deseando la jurisdicción condenatoria sobre los civiles y los creyentes. Pretende, además, predominar sobre cualquier poder civil. Desde el siglo XIII, los apóstatas vienen siendo declarados herejes por anteponer la potestad mundana sobre cualquier autoridad ultraterrena. A Marsilio de Padua le pareció que la coacción es solamente propia de las leyes civiles y que los preceptos eclesiásticos no pueden contener sanciones: se refieren a actuaciones internas de los píos que podrán ser castigadas o no en la vida ultraterrena. Pero no en ésta. No otorgaba jurisdicción a la Iglesia ni sobre los creyentes. Sería Dios, si acaso, quien ejercería tal poder divino en el Juicio Final. Le costó la segregación eclesiástica por impío y necesitó del mismo débil refugio que Guillermo de Ockham en Munich.

Así que, pese al avance del contenido social de la Iglesia más progresista, sus doctores autorizados siguen  ejerciendo como judicatura. Quitan los títulos de "católica" o de "pontificia"  a las personas y Universidades que deseen poseerlos por su creencia católica  y no pasen por las horcas caudinas de los dogmas de la religión.