La banca gana siempre

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La Comisión Europea ha detallado la letra pequeña del Memorandum que el Gobierno español aceptó, de forma sumisa e inconcebible, para poder recibir las ayudas para la banca nacionalizada. El texto revela que, seguramente, la propia Comisión ha cometido el mayor atropello económico y social contra un Estado miembro, sembrando de dudas jurídicas algunos de los términos aprobados, especialmente los más dañinos para los ahorradores españoles.

Lo que queda demostrado es que el sistema financiero se va a reestructurar con el único objetivo de que los acreedores cobren la deuda bancaria, y que este ajuste lo vamos a pagar, sin duda, con dinero público, mientras los gestores, antiguos y nuevos, van a recibir una gran parte de la renta extractiva que la Comisión, representante y agente del lobby bancario, nos exige para devolver estos bancos zombis al mundo terrenal.

El mecanismo de reparto y la estructura del negocio bancario impuesto a estas entidades, fundamentalmente a Bankia, nace, de nuevo, de la contradicción más absoluta de lo que debería ser una verdadera Unión Económica. Por un lado, el Comisario de Competencia en su alocución trató de justificar cómo, a partir de ahora, estas entidades tendrán limitado el espacio geográfico de actuación, solo en sus regiones de origen, también se planifica qué tipo de crédito pueden dar, se prohíbe el crédito promotor, y finalmente se restringe su financiación mayorista. Estas condiciones, cuya justificación económica es dudosa, lo que confirman es que se trata de eliminar barreras a la entrada de bancos extranjeros, mediante la supresión de potenciales competidores, algo en lo que la Comisión Europea no debería participar, ni posicionarse, de forma tan clara.

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Las restricciones a la actividad económica de riesgo, algo innato a la actividad bancaria, también interfiere en la libre actividad de una empresa, pues condiciona y redirecciona a los gestores hacia un mero intercambio de depósitos por crédito, en una proporción de uno a uno, eliminando de un plumazo el papel del multiplicador de la actividad bancaria. Sin duda, este corsé no tiene ninguna justificación, porque si no están preparados para realizar actividades de riesgo, lo lógico es que se cerrasen, como se ha hecho en otras economías, como la norteamericana o británica. Así mismo, la actividad de Tesorería, al no tener capacidad de financiación mayorista, deja de tener sentido. Es decir, estas entidades se convierten en un híbrido financiero, sin que se pueda justificar por qué se inyectan 37.000 millones de euros para que se salven, cuando el sector bancario sigue sobredimensionado, incluso con el efecto acordeón impuesto al balance de los bancos nacionalizados.

La principal beneficiada de este despropósito es Bankia-BFA. Agraciada con una pedrea de casi 20.000 millones de euros, más todo lo aportado ya por el Estado vía FROB, es el ejemplo palmario de cómo la complicidad entre los agentes políticos y empresariales que han dominado el sector, y ahora la Comisión Europea, han expropiado un volumen de renta ingente a la sociedad española, lanzando el mensaje tremendo: a quien gestiona mal, se le premia, a quien invierte mal, se le confisca. Este paradigma, que tiene su origen en una mala praxis del mercado hipotecario ligada a la titulación de activos de elevado riego,  ha sido utilizado como excusa para llevar a cabo este atropello económico, y presuntamente jurídico, contra pequeños ahorradores que ahora ven como su dinero es utilizado para ayudar a recapitalizar a este conjunto de entidades, que en muchos casos estafaron en su comercialización.

La amputación de balances, la extracción y confiscación de parte del ahorro privado para traspasarlo a entidades públicas, es parte del negocio iniciado por el gigante alemán, curiosamente el principal comprador de activos tóxicos, casi 800.000 millones de euros en titulaciones, que ahora pretenden cobrar a toda costa, devaluando interesadamente los activos potencialmente comprables, infundiendo la teoría del caos, generando pánicos financieros, retiradas de capital y elevando el riesgo país, hasta que puedan llevar a cabo su OPA particular. No es baladí, además, la imposición de una reforma laboral que imponga un saneamiento de las empresas financieras y no financieras a un coste irrisorio, llevando al mercado laboral a un nivel de estrés que difícilmente pueda soportar la sociedad española. El ajuste laboral impuesto, que parte de la propuesta realizada por el Gobierno español y simplemente avalada por la Comisión, agravará aún más el drama del desempleo y redundará en menor consumo e inversión y en una prolongación de la recesión actual.

Las obligaciones de la Comisión, sin embargo, sí permiten quitas de activos a los ahorradores minoristas, pero no contemplan quitas de pasivos para miles de hogares hipotecados, cuyas deudas serán prácticamente imposibles de repagar, ni tampoco modificaciones de la ley hipotecaria para que la dación en pago sea un hecho, lo que permitiría un proceso de desapalancamiento más rápido, al estilo norteamericano. Con todo, el sistema financiero, lejos de mejorar, seguirá sufriendo el progresivo deterioro de sus balances, pues la recesión seguirá obligando a provisionar la elevada morosidad que podría superar, en cifras reales y no maquilladas, los máximos de la anterior crisis de los 90.

En resumen, una vez más, los lobbys bancarios y financieros han ganado la batalla a los gobiernos, independientemente de su color político. Se expropia al ahorrador por elegir mal la entidad, y se riega de dinero público a los gestores, cuidando que el acreedor alemán no incurra en pérdidas y eliminando todo atisbo de equidad en el reparto de la carga de la restructuración bancaria. Nada se habla ya de transparencia, imposición eficiente sobre transacciones, poner coto a los mercados OTC, o introducir regulación que evite abusos y prácticas estrictamente especulativas. Una vez más, la UE es un modelo político fracasado cuyas secuelas solo pagamos los ciudadanos.

 (*) Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.

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