La cabeza de boj de los juristas y el caso del Juzgado de Violencia de El Escorial

Julián Sauquillo

Cartel difundido por la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) contra la violencia de genero. / anar.org

Que los juristas tenemos la cabeza tan dura como la madera más resistente parece verdad. A Juan Ramón Capella se debe tal afirmación que la realidad parece confirmar: los abogados tenemos la cabeza de boj. ¿Qué pensaría usted si un juzgado de violencia de género otorgara la guarda y custodia de los hijos a un padre con indicios de haber cometido maltrato contra sus hijos y los apartara de su madre? No se debe a que los menores quieran estar con el padre, ya que le temen, sino a que se impone el criterio de la juez, así de absurdo. Tampoco se justifica en que la madre rehúse la compañía de sus hijos, sino a un dichoso Síndrome de Alienación Parental (S.A.P) que le complace a una jueza de El Escorial. Este síndrome de marras supone que la madre indispone a sus hijos contra su salvífico padre. Pero quedó acreditado en el procedimiento, a través de la psiquiatra de la Seguridad Social, que la madre colaboró para facilitar las visitas y los encuentros de los menores con el padre. Dos informes psicosociales señalaban lo contrario, es verdad, pero fueron realizados con absoluta falta de rigor y con la reducida información suministrable en una sola entrevista a los miembros de la unidad familiar y la lectura de documentos. Mientras que la psiquiatra de la Seguridad Social trató a los menores y a la madre cada quince días durante dos años.

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En El círculo de tiza caucasiano de Bertolt Brecht aparecía –cuando se reestrenó en los estertores del franquismo- un juez que aplicaba el sentido común y se negaba a separar a unos ancianos que deseaban distanciarse tras media vida conviviendo y una corta posibilidad de vida futura. Con un buen olfato veía los enredos que atenazan a la vida y trataba de desenredarlos. Con pocos conocimientos técnicos y sentido común reparaba los desastres cotidianos. El problema más agudo es que el sentido común no abunda. A H. Greele se le atribuye decir que “el sentido común es el menos común de los sentidos”. Ahora disponemos de todos los medios periciales pero nos falta sensibilidad social y estamos revenidos contra la discriminación de género. “A ver si la madre se ha pasado un poco….”.

Mientras se pone orden en este urgente problema, el tiempo pasa con gran sufrimiento de los menores y de su madre. El hijo pequeño ha escrito con letra titubeante y redondilla en los siguientes términos a  su profesora: “(…) Tu que versión crees, ¿la de mi madre o la de mi padre? Voy al grano vale, tengo miedo de mi padre mucho y me da miedo y yo no sé qué. Cada vez que me grita me da miedo y me pongo a llorar. Me quiero ir con mi madre, mi madre es mi vida y me da mucho miedo vivir sin ella, creo que ella no puede avanzar. Quiero pedir que tengas paciencia conmigo vale, me pongo muy nervioso y no sé qué hacer. La verdad el otro día casi me suicido. ¡Ayúdame!”.

En España, hasta que no truena, nadie se acuerda de Santa Bárbara. Así lo puso de manifiesto el comienzo de repetidos suicidios con los bárbaros desahucios. Por el momento, la prensa escrita se ha hecho eco a través de El País (Rosa Montero y Manuel Altozano ) de este gravísimo problema. No es de recibo que la Sección 26 de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid señale que hay indicios suficientes de que el padre ha cometido maltrato contra su excompañera y sus hijos y la sección 24 de lo Civil conceda la guarda y custodia de los menores aterrorizados a ese mismo padre. La madre lleva ocho meses sin poder ver a sus hijos.

En esta situación, se preguntarán quien puede poner orden en este desaguisado trágico. La madre, Belén de Colsa Linares, asesorada por su letrada María Jesús Díaz Veiga, ha planteado una queja ante el órgano de gobierno de los jueces en mayo de 2012 (CGPJ). La queja señala que el archivo de las diligencias, acordado por el Juzgado número 3 de El Escorial, carecía de motivación por parte de la jueza. Las declaraciones de los menores, las evaluaciones de diferentes centros médicos, el informe del equipo docente y de la pediatra de la Seguridad Social y de los servicios psicológicos del Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Genero de la Mancomunidad Sierra Oeste fundamentan que hubo indicios fehacientes de los malos tratos sufridos por Belén y sus hijos. También las pruebas médicas practicadas en las urgencias constatan diversas lesiones de los hijos en muñecas, antebrazos y tobillos causadas por el padre. A pesar de todo este material incriminatorio y las declaraciones testificales recogidas de los hechos, la jueza titular del Juzgado nº 3 de El Escorial archiva el caso (que fue reabierto posteriormente por la Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid). Pudo ser porque ya planeaba conceder la guardia y custodia al padre y todo este material probatorio era un gran estorbo para su decisión prejuzgada.

Lo más preocupante es que la Sección 24 de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a ratificar esta descalabrada decisión de guarda y custodia paterna con una sentencia con escasa  motivación. Es el fruto de una  Sección sobrecargada de trabajo, lo que puede afectar a la fundamentación de las sentencias. Pienso en cómo se decidía en el Antiguo Régimen  español, por  puro imperativo judicial, dando lugar a posibles decisiones arbitrarias. Tanto la sentencia del Juzgado nº 3 de El Escorial como la sentencia de la Sección 24 de la Audiencia Provincial de Madrid se apoyan en un S.A.P.  como arma arrojadiza, desacreditado por la comunidad científica, sin ninguna base experimental, para economizar esfuerzos y evitar profundizar en una resolución de los casos en que los más frágiles, los menores, no salgan dañados. Mientras se aclaran sus señorías, Belén y sus hijos siguen padeciendo un calvario que nadie sabe hasta donde puede llegar.