CUARTOPODER | Publicado: - Actualizado: 16/5/2017 22:53

Julián Sauquillo

Imagen de archivo de María Dolores de Cospedal. / Efe

En las épocas de bonanza económica, las sociedades europeas se han desenvuelto políticamente dentro de la libertad de los modernos. Los ciudadanos nos empleábamos a fondo en nuestra prosperidad económica individual, sin apenas influencia en las decisiones públicas. La responsabilidad política era atribuida, elección tras elección, a unos representantes elegidos por un periodo de tiempo notablemente largo. La influencia pública no era muy echada en falta por la mayoría de los ciudadanos. El espacio público era apelado como un lugar de elaboración de la política por los ciudadanos de forma más o menos retórica. La desafección de los ciudadanos hacia las cuestiones públicas era vista como un peligro benigno. Aunque un partidario tan notable como Rousseau de la libertad de los antiguos, entendida como participación ciudadana en las cuestiones públicas, veía en este desentendimiento político el comienzo de la hecatombe del Estado.

Parecía apropiado hacer de la necesidad virtud y, en el futuro desarrollado, el actuar políticamente mediante representación iba a ser una necesidad en el mundo capitalista. Carlos Marx entendió críticamente que cuanto más concentrado tendía a estar el capital en pocas manos más monopolizada estaría la acción política en los parlamentos burgueses. Hasta que el capitalismo entrara en su propio colapso centralizador de la economía y de la política. Y algo así está ocurriendo porque en cuanto se han declarado los peores efectos sociales de la crisis –desahucios, despidos, inasistencia médica y educativa, protección pública de la economía bancaria,…- se ha ahondado el descrédito del parlamento en muchos sectores de la sociedad. Y a este efecto centrífugo de la crisis económica en el declive del parlamentarismo no le está ayudando otro factor bien visible: el gobierno que goza de mayoría electoral –obviamente, es el caso del Partido Popular- no se siente en obligación alguna de acudir al escaño para explicar por qué decide así o de otra forma. Además, cuanto más fuerte es el gobierno por su mayoría parlamentaria menos acuerdos formula ni con alguna iniciativa legislativa popular (ILP) posible ni con la oposición parlamentaria. Basta consagrar un santoral de genuflexión ciudadana -los Viernes de Dolores- para comunicar las decisiones gubernamentales. La autosuficiencia de los representantes, cuando no el desaire, no obra precisamente como fuerza centrípeta a favor de las instituciones. Así las cosas, se pierde toda base consensual en la política moderna –la que habíamos aprendido de Hanna Arendt o Jürgen Habermas– y se gobierna a través de la Directiva gubernamental (el decreto ley). La crisis económica está sirviendo para que las contradicciones de la representación política se agolpen sin orden o justificación, mientras los ciudadanos cada vez mostramos más interés en el análisis de la política y la administración de las cuestiones públicas. Las manifestaciones ciudadanas no son un capricho narcisista en tiempos de recortes sociales y tragedias familiares provocadas por la crisis económica.

El ciudadano se está quedando sin aire a base de tanta disposición limitadora de sus derechos civiles, políticos y sociales. Cada vez se está ahondando más el divorcio entre la lengua de los ciudadanos y la palabra de los políticos y ya no basta con que hayan sido elegidos democráticamente. ¿Nos representan? Sí nos representan en cuanto todas las decisiones que adoptan los políticos elegidos pasan a tener efectos obligatorios para los electores. Nos gusten, o no, estas decisiones. Pero se está perdiendo la justificación habitual de la representación política: la confianza. Cuatro años de mandato de los políticos ganadores en la liza electoral es tiempo más que suficiente para que cunda el descrédito. En un año, la imagen de los elegidos pasa de ser rampante a turbia. La falta de cualquier explicación pública –no digo ya acuerdo- en sus decisiones agrieta la conexión pública de los electores con los elegidos.

La democracia de los antiguos comienza a tener su turno: los ciudadanos deseamos, tanto más que antes, debatir y criticar las medidas del gobierno. Los ciudadanos queremos participar. Y aquí no cabe convertir el auge de las demandas sociales en “escraches” ni en argüir, desde las alturas políticas, a una razón pacífica del gobierno rota por los manifestantes. María Dolores de Cospedal alude a que la violencia (callejera) genera lógicamente violencia (policial). “Quien avisa no es traidor”.  Pero ha de saber que en los años setenta se apeló, con razón, a la “espiral de violencia” por Helder Cámara como la violencia de los desposeídos provocada por el ejercicio de la pura autoridad por los poderosos.

Cuanto menos calado consensual tienen las medidas de nuestros gobiernos menos confianza existe en la política representativa. ¿Y qué queda entonces bajo la representación política? Una actuación basada en la autoridad, en el poder (representativo). Si el poder representativo es ejercido con capacidad de dirección, liderazgo –carisma, en términos clásicos-, cabe que la representación funcione. Puede existir acatamiento social a las decisiones adoptadas en la política normal. Pero la autoridad se resquebraja si el ciudadano corrobora, día a día, la inconveniencia de muchas medidas políticas, la falta de salida plausible a la crisis. Entonces, ya no se puede “echar la culpa al empedrado”: un derecho sucesorio del gobierno torcido por una herencia dilapidada por los anteriores.  Entonces, el reconocimiento de la autoridad de ciertos políticos sobresalientes para dirigir se desvanece y aparece cada vez más el Poder como sustancia de la política.

Pero que no cunda el pánico: lo mejor de la crisis es que está provocando un “retorno de la política” entre los ciudadanos, cada vez más capaces de exigir, presionar a los representantes con sus demandas en la calle. La “agenda política” de los representantes se está abriendo necesariamente en la oposición y en el gobierno debido a estas reivindicaciones ciudadanas. El PSOE pide excusas por culpas anteriores. Ahora, la vía cívica de debate y crítica parece el camino más expedito para regenerar (no sustituir) al Parlamento. Así es al margen de salidas apocalípticas o demasiado imaginativas. Opciones catastróficas por fantasiosas. Alternativas no convenientes salvo para los más ultramontanos.

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