Y no pasa nada

Antonio García Santesmases *

Siempre recuerdo una reflexión de la novelista norteamericana Barbara Probst Salomón cuando recordaba el consejo de un amigo. Había quedado viuda muy joven y todos se compadecían de su situación. El amigo le hizo ver que debía sacar algún rédito inmediato ante  la solidaridad que despertaba porque en un mundo conformado por  tantas injusticias su desgracia sería sustituida por otra y ya no sería objeto de ninguna conmiseración. Siempre aparece un mal que supera el mal del día anterior.

He recordado una y otra vez las palabras de esta escritora norteamericana para intentar entender cosas que ocurren, para intentar comprender por qué cosas que a mí me causan, cuando menos sorpresa, pasan completamente desapercibidas. No canso más al lector con el preámbulo. Voy a lo ocurrido en la Asamblea de Madrid.

El pasado nueve de mayo, el presidente de la Asamblea de Madrid, señor Echeverría, decide expulsar del pleno y suspender de empleo y sueldo durante un mes a la diputada Maru Menéndez por llamar corrupto al presidente del gobierno autonómico Ignacio González. La polémica se produjo en el acaloramiento del debate por todos los escándalos sobre la trama Gürtel que un día sí y otro también aparecen en los distintos medios de comunicación. Cuando la oposición ha intentado debatir el tema en  la Asamblea de Madrid, el grupo popular lo ha impedido haciendo uso de su mayoría absoluta.

Comprendo que vivimos en una comunidad donde son tantos los males que padecemos que la expulsión de una diputada parece asunto de poca monta. Los estudiantes no pueden pagar las tasas de matricula; los investigadores tienen que emigrar; los médicos son jubilados en 24 horas; los desahucios están a la orden del día; la gestión de Bankia ha sido un escándalo y  los ahorradores han sido esquilmados. Es verdad que se ha tocado todo y a todos. Nunca fue más cierta aquella proclama de los sindicatos en marzo del 2012: “Van a por todo”.

Es cierto también que, amén de las consecuencias de este ataque brutal a los derechos económico-sociales, se ha ido incrementando  una desconfianza en la política y las instituciones  donde es más sencillo presentar mediáticamente como una bronca de la clase política lo ocurrido en la Asamblea de Madrid. Es más sencillo explicar lo ocurrido como  una muestra más de una casta política impresentable que sólo sabe insultarse mientras los ciudadanos viven las consecuencias pavorosas de la crisis.

No cabe duda que al ciudadano que vive como sus derechos son expoliados, como su futuro es incierto,  le puede resultar difícil dar relevancia a lo ocurrido. Máxime si nadie hace nada por dar la voz de alarma. Y nadie parece darla por varias razones. Ahí van algunas de ellas.

Nunca ha sido fácil hacer política  de oposición en Madrid. Una comunidad gobernada desde 1995 por el Partido Popular donde sobre todo cuenta  la política nacional  y donde  es difícil poner el foco en lo que ocurre en la asamblea autonómica. De hecho, curiosamente, tanto  Esperanza Aguirre como Tomás Gómez siempre suscitan más atención cuando se refieren a temas de política nacional que por su trabajo directamente autonómico.

La frustración de los ciudadanos es un hecho y la dificultad de penetrar en la agenda mediática es una realidad, pero ello no nos puede cegar tanto como para no ver que lo ocurrido no tiene precedentes. Personalmente no recuerdo que en los peores años del final del felipismo cuando se decían cosas de grueso calibre en la carrera de San Jerónimo  hablando de Filesa, de los Gal o del CESID, se le ocurriese a Félix Pons expulsar a un diputado del pleno y suspenderle de empleo y sueldo durante un mes: ¿se imaginan ustedes a Álvarez Cascos, a Rosa Aguilar o  Pilar Rahola expulsados durante un mes?

Se hubiera organizado un escándalo mayúsculo y todos los que hablaban del felipismo como una forma de totalitarismo hubieran encontrado la prueba que necesitaban: cuando la oposición quiere pedir cuentas al ejecutivo es expulsada del pleno y suspendida de sus funciones durante un mes.

No ocurrió entonces pero tampoco ha ocurrido recientemente en Galicia. Hemos visto cómo un diputado se acerca al escaño del presidente de la Xunta en un pleno donde se trata de las amistades del señor Feijoo. Es evidente que el tema del narcotráfico conmocionó a la sociedad gallega; es cierto también que Beiras tiene una capacidad de dramatización sin igual y un carisma indiscutible. El hecho es que a la presidencia del parlamento gallego no se le  pasó por la cabeza sancionar a Beiras. Quizás temió que se podía organizar una movilización ciudadana incontrolable.

En Madrid, sin embargo, todo es posible. Desde la expulsión hemos celebrado San Isidro; hemos asistido a  la final de copa; los  analistas electorales nos hablan de los posibles candidatos para las próximas elecciones y nadie se escandaliza por  lo ocurrido en la Asamblea.  Ni siquiera cuando una semana después cinco parlamentarios socialistas son expulsados del pleno por decir los mismo que la diputada sancionada la opinión pública se conmueve ni es conmovida por los medios alertando de que estamos ante un escándalo.

Y, sin embargo, lo estamos. Tan grave como la decisión del señor Echeverría, presidente de la Asamblea de Madrid, es la indiferencia de la opinión pública porque refleja que estamos ante un hecho que va más allá de la anécdota, estamos ante una institución que está cavando su propia tumba.

Hoy los parlamentos  están en el punto de mira porque no son capaces de controlar las acciones del ejecutivo, porque convalidan decisiones que toman otros poderes que van drenando día a día su soberanía. Pero, siendo esto cierto, al menos, hasta ahora, un bien parecía intocable: la autonomía del parlamentario, la independencia de su palabra para enjuiciar, para criticar, para controlar. Una palabra que en ocasiones era de un único parlamentario que no podía aspirar a gobernar pero era escuchado con sumo respeto (pensemos en el papel de Bandrés en el parlamento español); en otras era la palabra de una minoría significativa, que tampoco aspiraba en aquella época a gobernar, como era el caso de Izquierda Unida en el Parlamento español. El Parlamento lograba confirmar liderazgos como hizo con Felipe González o los debilitaba irremisiblemente como le ocurrió a Adolfo Suarez. Todas estas posibilidades han ocurrido en la historia de nuestro parlamentarismo y están en la mente de los más viejos del lugar.

Lo que no ha ocurrido nunca es que el  presidente de una asamblea parlamentaria decida, sin consultar a la mesa, sancionar a una diputada y una semana después no sólo no pida perdón por el error que ha cometido sino que se mantenga en sus trece, no rectifique y nadie le pida cuentas. Y al decir nadie no me refiero a los que se han solidarizado con la diputada expulsada, siendo ellos mismos expulsados, sino a unos medios que siguen presentando lo ocurrido como una bronca impresentable de la clase política, poniendo en el mismo lugar al  presidente que arbitrariamente expulsa y a la diputada expulsada.

Días después, el asunto ha llegado  al Tribunal Constitucional. Esperemos que pare este desaguisado y haga recapacitar al señor Echevarría. Ojalá sea así, pero dada la lentitud en reaccionar me temo que la resolución llegará tarde y el mal ya estará hecho. Y lo está porque, incluso ante una iniciativa como la de tener que pedir  amparo ante una decisión que cercena los derechos de una parlamentaria, los medios están más interesados en contarnos las relaciones entre Rubalcaba y Tomás Gómez que en denunciar lo ocurrido. Quizás es porque consideran normal expulsar a un parlamentario y que no pase nada.

Volvamos al principio. Son muchas las injusticias que asolan el mundo en que vivimos, pero tan grave como vivir de espaldas a los efectos de la crisis económica es considerar que ésta es la única crisis que padecemos; por ello algunos  afirman que de la crisis económica saldremos, pero que mucho más difícil será salir de la crisis institucional que nos aqueja. Estamos ante una  crisis moral, ante una crisis de valores. Pienso que llevan razón. La crisis ha llegado a todas las instituciones. Entre otras a la institución parlamentaria. Será difícil que ésta recupere el  papel central  que ha tenido en la vida política, pero si se permite que se conculquen los derechos de los parlamentarios, nadie reacciona  y aquí no pasa nada, los peores augurios se cumplirán e iremos cavando poco a poco la propia tumba.

(*) Antonio García Santesmases es catedrático de Filosofía Política de la UNED.