¿Antisistema?

Julián Sauquillo

Me he alarmado al poner la vista en el escaparate de una de las más representativas librerías de la transición política en Madrid –la Librería de Mujeres- y ver un anuncio: “Escrache contra el Sistema”. Algunos de los lugares más cultos que nos quedan, hasta ahora, son las librerías. Me he preguntado, preocupado, donde irán a parar las librerías cuando el mundo ilustrado, que dio lugar a la Enciclopedia y difundió el libro, se venga abajo con los parlamentos y las bibliotecas. Los libreros debieran sentirse tan parte del sistema ilustrado como los parlamentos que ahora muchos ven como traidores. Pero de la inquietud paso a la angustia cuando veo qué definición dan de la representación política los partidarios más visibles del sistema, nuestros gobernantes. Tampoco en el sistema político propugnado por muchos de nuestros representantes veo motivo de tranquilidad. Para algunos de ellos, la política democrática tiene un Día Grande que se convoca cada cuatro años: las Elecciones. Pasado ese día, se tienen unos representantes en los que sólo cabe confiar. Cualquier protesta en la calle, aunque el comportamiento político del gobierno se aleje mucho de sus programas después de la victoria electoral, es puro vituperio, algarada y provocación.

Aunque el Día de Sant Jordi quede atrás, me gustaría que algunos dirigentes políticos recibieran un libro de regalo y lo leyeran con provecho: Los principios del gobierno representativo de Bernard Manin. Aunque el libro no es una novedad (1995), parece que muchos dedicados a la política ordinaria no han entendido bien que la representación es confianza y elecciones, pero también debate y crítica a la representación. Parece que nadie es más demócrata en España, si observamos a nuestros representantes, que quien ganó las elecciones (el Partido Popular), tras las cuales sólo cabe “punto y chitón”. Y no es así, salvo que padezcamos una concepción de la política vertical, administrativa y tecnocrática. La representación no es sólo confianza en los gobernantes elegidos sino también su rendición de cuentas y la protesta y crítica de sus  representados. Precisamente, en los países con una experiencia más rica –por controvertido que sea, Estados Unidos-, la “revolución de los derechos civiles” ha sido el impulso político fundamental de los cambios constitucionales y avances en el reconocimiento de los derechos.

Así es a uno y otro lado del Atlántico. Un relato político creíble supone que la Constitución es un texto vivo. Un texto muy importante que palpita gracias a los movimientos cívicos que se ocupan de impulsar los debates a favor, por ejemplo, del aborto, del trabajo y la vivienda justos y del matrimonio homosexual. La Constitución escrita expresa buena parte de la identidad política de los ciudadanos españoles pero no agota su significación. Las crisis políticas y económicas justifican grandes acuerdos de todos los ciudadanos en torno a la sociedad y la política que desean dejar a sus generaciones posteriores. No es sólo el ejercicio de la acción de gobierno de los representantes sino los movimientos sociales quienes vivifican a la Constitución. Así, por ejemplo, impulsan la nueva legislación fundamental y la acción de los jueces en el reconocimiento de derechos cada vez más demandados por los ciudadanos (el apreciable movimiento judicial crítico con la actual legislación hipotecaria y sus desahucios no puede ser sino motivo de satisfacción).

La política normal y el texto formal de la Constitución pueden fijar límites demasiado solipsistas y distantes de los ciudadanos. Cabe que los gobernantes se alejen hasta crear un “canon constitucional oficial”, poco útil para entender qué desean aquellos para quienes se gobierna: los ciudadanos. Generación tras generación –señala Bruce Ackerman-, la Constitución se mueve no sólo a base de reformas constitucionales dificultosísimas, sino, también, a través de precedentes judiciales y leyes fundamentales que cambian una definición demasiado rígida de Constitución. Los movimientos civiles, dentro del mismo modelo democrático (el Sistema), hacen señales a los partidos políticos y a los Presidentes de Gobierno, que se van sucediendo, de la existencia de exigencias cívicas que los representantes van a recoger o no. Sus decisiones no serán gratuitas. Ningún gobierno puede dar la espalda a estas demandas, sin recibir un castigo electoral, cuando son masivas y se producen en momentos de crisis que muchos consideran de excepcionalidad política.

Por ello, el “retorno de la política” de los ciudadanos no es, en mi opinión, antisistema. Prefiero defender que soy parte del sistema: que me defiendo de una posible expulsión si no estoy alerta, si no participo. Quiero incluirme como parte del sistema. Cada vez que endoso a otros la responsabilidad de las decisiones que me afectan y no participo –también en la calle- me defenestran o me autoexcluyo. La participación ciudadana de hoy no muestra más que la perplejidad ante una acción de gobierno que se confirma imprevisible, tras los desahogados resultados electorales que favorecieron tanto al Partido Popular.

En momentos de gran crisis, no sólo Estados Unidos fue capaz de un Nuevo  Acuerdo que redefiniera la política normal. Un tiempo caracterizado por el paro masivo, la pérdida de opciones de futuro de la juventud y el recorte de los derechos sociales requiere ponerse de acuerdo acerca de qué país queremos para nuestro futuro. Y aquí conviene arrimar el hombro pues no hay salvación independentista. Todas las Comunidades Autónomas deben ser conscientes de los esfuerzos hechos y los beneficios obtenidos dentro de un proyecto nacional común que no se puede romper de buenas a primeras. No se puede acordar una pertenencia a la Nación en momentos de expansión económica y repudiar el acuerdo cuando más falta hace para evitar el hundimiento, como desean  parte de los catalanes.

Qué no cunda la alarma ni el desanimo. Los movimientos sociales en la calle que se dan ahora en nuestro país no son antisistema. Son un legítimo esfuerzo cívico –muy propio del sistema democrático- por impulsar una política normal que sufría paralización. Es un esfuerzo regenerador. La Constitución es un texto a veces demasiado acaparado por el Tribunal Constitucional y los órganos del Estado. Peter Häberle reconoce que la interpretación de la Constitución también es materia de estudio de los ciudadanos. Y en esa estamos: a vueltas con la defensa de los preceptos que reconocen la vivienda y el trabajo dignos, y el Estado social y democrático de derecho. Después de todo, “promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida” no puede quedar en un desiderátum constitucional. Y en esa estamos también en la calle.