La ausencia de explicaciones del Gobierno español

Julián Sauquillo

Un célebre escritor ginebrino supuso que comienza la muerte del Estado cuando empieza la desafección respecto de las cuestiones públicas. Hasta el comienzo de la crisis, hemos vivido de espaldas a la política que regía nuestros destinos. Durante la expansión económica, los ciudadanos estuvimos obnubilados por el sueño del éxito. Aquí todos parecíamos nuevos ricos. Los pisos, los móviles y los coches eran bien de consumo obsolescente. Entonces éramos auténticamente desafectos a las cuestiones públicas. Como hemos comprobado después, el Estado languidecía sin pulso ya entonces. El augurio de Rousseau se confirmó. Pero si la crisis tuvo algo positivo es haber desperezado a los ciudadanos del sueño del triunfo fácil. Y entonces encaramos la depresión institucional, la corrupción política y económica y la degeneración social. Reconocido el adormecimiento social, también hay que decir que no todos teníamos el mismo número de información y de la misma calidad sobre la pesadilla que íbamos a padecer desde el 2008. Los incautos suscriptores de hipotecas sabían mucho menos que los bancos acerca de cómo estaba el cuarto de atrás. También nuestros representantes de uno y otro signo político, son conscientes de que pincharon la burbuja inmobiliaria demasiado tarde. Mucho tiempo antes que nosotros, los políticos conocían que sufriríamos si España dependía de un modelo económico atrasado, cimentado en el ladrillo; una mala formación de la mano de obra, sin cualificación; y una pésima situación tecnológica. Si el político virtuoso sabe hacer previsiones a largo alcance, el cortoplacismo de nuestros representantes, por abandono de la responsabilidad, es más culpable del sufrimiento social actual que el embelesamiento ciudadano.

Nos encontramos con un nivel de confianza en el Gobierno del Partido Popular sumergido en el 15% de los electores. Sólo los muy fieles les siguen y están preocupados. En parte es porque lo que antes ignorábamos o soslayábamos, mirando a otro lado, es ahora apremiante realidad. La sequía (económica) ha dejado un cauce seco y sin caudal. Sabíamos que su fondo estaba anegado de desperdicios políticos. Pero ahora, con los barrenderos en paro, no hay forma de tapar y evitar que huela la descomposición. La desolación pasma al más ingenuo observador. Habrá desafección hacia el gobierno pero hay ahora un aumento exponencial de la afección hacia la política y las cuestiones públicas. En este sentido, no vamos tan mal. La política retorna como una esfera de acción prioritaria de los ciudadanos.

¿Nos hemos vuelto más susceptibles con los políticos en este crudo momento? Solemos fiar la representación política a la confianza. Así se supone que los electores y los elegidos hacemos un pacto por el que endosamos la dirección y la gestión de los asuntos públicos a quienes vencieron en las elecciones: los “mejores inter pares”. “Haga todo lo que pueda en mi nombre” y “no le molestaré durante su periodo de gobierno” parecen los correlatos de la confianza. Así, los representantes pueden ufanarse de que ganaron y exigir suma tranquilidad durante su ejercicio de poder. Suelen blindarse tras las elecciones. Pero, ahora, hay más desconfianza que nunca hacia la acción de Gobierno entre los electores.

Sin embargo, no debiéramos dar tanta confianza política a los representantes. La confianza es más bien un valor de las relaciones particulares y de los tráficos económicos de derecho privado. Aquí existen contratos vinculantes, revocaciones y desistimientos de las partes por incumplimientos totales o parciales de las obligaciones fijadas. La confianza es una exigencia de los tráficos económicos. Si usted se ve urgido a darse una pomada protectora del sol, no puede leerse las cláusulas generales de contratación que siguió el productor y comercializador del producto antes de su utilización. Se achicharraría. Tanta necesidad de productos vitales requieren agilidad y no hay consumidor que se instruya de todo, antes de aplicarse o ingerir tantos ungüentos y envasados como requiere el día. Saber todo sobre los bienes en venta tendría unos costes de transacción elevadísimos. Importa decir que el consumidor no es negligente al comprar sin leer. Si el fabricante altera las condiciones fijadas del tráfico, el consumidor no pierde la protección de su autonomía por haber suspendido su capacidad de examen. Primero, notarios y registradores tuvieron que hacer un control de legalidad antes de inscribir esas cláusulas. Luego, serán ya ejecutables. Estos operadores son los aduaneros de la legalidad antes de que tengan que intervenir los jueces, los magistrados y los fiscales. Si el productor altera las condiciones generales de contratación frente al débil consumidor, debe hacerlo de acuerdo con la buena fe y el principio de igualdad. Alguna  garantía hay en el derecho privado aunque no sea de gran seguridad. Les deseo también fortuna en el supermercado.

En cambio, en el derecho público pasa la confianza de soslayo con muy pocas garantías para el elector. No hay mandato imperativo del elegido. Es libre respecto de sus electores y de su partido. Nuestro artículo 67. 2 reproduce la situación jurídica de todas las Constituciones modernas. Tampoco hay ni revocación ni desistimiento posible de la obligación suscrita con los elegidos tras la elección. Sólo podemos irnos del país. Y, seguro, que las obligaciones políticas nos perseguirán en el extranjero. Tal reforzamiento omnímodo de la confianza se explica por la necesidad de estabilidad política para nuestros gobernantes. Estabilidad que repercute, normalmente, en beneficio de los representados. Pero ¿qué pasa si se incumplen las condiciones de la elección democrática o se descubre que la imagen del partido ganador escondía aspectos muy sombríos que desconocía el elector? ¿Qué pasa si hay nuevas noticias de irresponsabilidad política flagrante? Que el electorado se tiene que aguantar. Dar justificaciones plausibles sería excelente. Pero no se le dan las más mínimas, como podemos ver en la política ordinaria actual. Tampoco hay comparecencias, ni se rinden cuentas de por qué la política oficial experimentó un cambio de timón respecto de las promesas electorales. Cualquier debate se sacrifica por la estabilidad. Aunque el descontento comprensible acabe desestabilizando lo que sólo cabe apuntalar.

Habría que fijar razonablemente a partir de qué línea roja atravesada, los volantazos en la conducción política ya no son legítimos. Normalmente, se pone como justificaciones de los cambios en la acción de gobierno, respecto de lo estipulado en los programas electorales, las necesarias alianzas partidistas entre grupos legislativos nacionales diversos, la globalización, la política internacional y los descubrimientos fatales de la situación del país, hechos al día después de la toma de posesión del Gobierno. Pero fijémonos sólo en dos de estas excusas. Tenemos un Gobierno con mayoría absoluta y que sabía con mucha precisión que estábamos en bancarrota. Y, sin embargo, ilusionó a un altísimo número de crédulos electores. Y si es así, ¿quién ha incumplido todas las promesas? Saquen ustedes mismos la conclusión. Continuará.