La pobreza ya es Marca España

La situación de la pobreza en España ha alcanzado un punto de no retorno que muestra una sociedad desequilibrada, en la que se han roto todos los puentes de sujeción de las clases sociales, lo que ha provocado la caída en el abismo de multitud de hogares.

Esta ruptura se ha producido en un contexto de crisis económica, pero el alcance y la motivación de las políticas públicas causantes de este destrozo social van más allá de la coyuntura económica y se enmarcan dentro de una revolución conservadora.

En este sentido, conviene resaltar que nuestro modelo económico se caracteriza por el comportamiento “contracíclico” de la desigualdad en la renta, que aumenta en etapas de recesión, pero que no reduce las diferencias cuando se registra expansión económica. En los últimos años se ha producido un descenso de la renta media, lo que supone un proceso de empobrecimiento de nuestra sociedad que afecta especialmente a las personas y familias más vulnerables. Este descenso alcanza el 20% y nos retrotrae a los inicios de los años 90 para ver una situación tan severa en materia de pobreza.

Los datos sobre pobreza severa son concluyentes. Esta (con menos de 307 € al mes) alcanza ya a 3 millones de personas, el doble de los que estaban en esta situación antes de la crisis. El efecto más pernicioso es que estamos ante el drama de la cronicidad, constatado en el incremento de los parados de larga duración, especialmente el grupo de mayores de 50 años, y en el hecho de que una de cada tres personas que demanda ayuda social lleva más de tres años demandándola. Esta situación afecta también a las relaciones sociales y al horizonte vital de las personas.

Estas políticas de corte liberal, según el eufemismo de los creyentes en este tipo de políticas darwinistas de selección de la especie, está causando un significativo aumento de la desigualdad en España, con el valor más elevado de toda Europa: el 20% de la población más rica concentra 7,5 más riqueza que el 20% más pobre.

El mayor riesgo es que está tendencia corre el riesgo de verse incrementada por el elevado nivel de desempleo; la pérdida de capacidad adquisitiva de la población (descenso de la renta media desde 2007 en torno a un 4% y aumento de los precios en torno al 10%); y el debilitamiento de las políticas sociales y el recorte progresivo de derechos. Aunque se niegue sistemáticamente por parte de los ideólogos y responsables políticos, existen necesidades básicas -alimentación, gastos relativos a la vivienda, ropa y calzado- que no están cubiertas desde el mal llamado modelo de bienestar. Esto hacía mucho tiempo que no ocurría y sus efectos sobre la dignidad personal son terribles, lo que sin duda afectará al crecimiento potencial de la economía española y especialmente sobre la posibilidad de una recuperación sostenida en el tiempo.

Dado que el Estado ha decidido no atender a este colectivo expulsado del sistema, es la familia y el consiguiente ahorro atesorado lo que está sosteniendo a gran parte de estos nuevos parias sociales. Pero asistimos al riesgo de desbordamiento de la función protectora de la red familiar, que sigue siendo la primera estrategia de supervivencia para hacer frente al impacto de la crisis. La probabilidad de quiebra familiar ha aumentado de forma notable, afectando ya a más de un 15% del total de hogares más vulnerables. Esta ausencia de protección social, además, está agravada al restringirse las condiciones de acceso a derechos como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia, dejando a muchas de estas familias sin horizonte, lo que está generando un incremento del número de suicidios, conflictos familiares y sociales, elementos que se sitúan en el principal objetivo de las políticas en España. En el límite, lo que se persigue es acortar la esperanza de vida de jubilados, la reducción drástica de la calidad de vida de dependientes y la progresiva reducción de la utilización de la sanidad pública.

Los perfiles de las personas más vulnerables muestran este objetivo político de exclusión social de minorías y grupos más vulnerables. Así, las mujeres siguen siendo el rostro más visible de las situaciones de pobreza y exclusión. Se registra, además, un elevado número de desempleados que han pasado de ser recientes, al inicio de la crisis, a ser de larga duración en este momento de consolidación de la estructura, así como los casos de parejas jóvenes (de entre 20 y 40 años de edad) con hijos, la mujeres solas con familiares a su cargo, las personas donde la intensidad laboral del hogar es muy baja y los ciudadanos extracomunitarios.

En resumen, aunque los primeros efectos de la crisis económica se amortiguaron por las prestaciones por desempleo y el apoyo de las familias, el agotamiento de las ayudas económicas, la prolongación de las situaciones de desempleo, las políticas de ajuste y sus recortes, unido a las dificultades en las familias, han creado un caldo de cultivo para la irrupción de una segunda oleada de empobrecimiento y exclusión social con efectos más intensos. Pero lejos de aminorar el ritmo de darwinismo social por parte del ejecutivo, estos días se ha adherido a los colectivos más vulnerables a los enfermos crónicos que empezarán a pagar parte de la medicina hospitalaria, antesala del establecimiento del mecanismo administrativo para tener que pagar por servicios públicos sanitarios. Si mantenemos estas políticas, podremos llegar a una eutanasia silenciosa de los más débiles, permitida por todos los estamentos, incluida la Iglesia Católica, que se mantiene impasible ante este lento y progresivo genocidio social.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.